Los magistrados también revocaron un amparo provisional otorgado el 2 de marzo último a favor de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
La resolución dice: “Deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el Presidente de la República de Guatemala. Como consecuencia de la decisión asumida y por las razones externadas en este fallo, revoca el amparo provisional otorgado en auto de dos de marzo de dos mil veinte, ampliado en pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veinte”.
Agrega: “Esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”.
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En tanto, un comunicado de la CC señala que, “por unanimidad, declaró sin lugar los amparos en suspenso en contra del Congreso y el Presidente de la República de Guatemala, por la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 4-2020” y que en consecuencia “se revoca el amparo provisional otorgado en auto emitido el dos de marzo de 2020”.
Con esa resolución, el presidente Giammattei podrá sancionar y enviar a publicar el decreto aprobado por el Congreso para que las reformas entren en vigor.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) lamentó la resolución de la CC porque la considera una amenaza para quienes defienden la libertada de asociación.
“Repudiamos la resolución de la CC que niega de forma definitiva los amparos contra la Ley de ONGs, esto representa un grave retroceso en DDHH, es clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual corte #CCdeLaImpunidad”, escribió Caldh en Twitter.
La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala también criticó en esa misma red social el actuar de la CC, pues con las reformas “buscan silenciar a las organizaciones sociales que han liderado la lucha anticorrupción y antimpunidad en Guatemala”.
“Desde Guatemala la sociedad civil hace un llamado a toda la comunidad internacional y a defensores de derechos humanos a ayudar a las organizaciones de la sociedad civil que están siendo perseguidas en su derecho a la libertad de asociación”, añadieron en su cuenta de dicha red social.
Agrega que los Magistrado José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, quienes no forman parte de la nueva CC y que cubres a los designados que no han tomado posesión, emitieron votos concurrentes.
Los amparos contra la Ley de Oenegés era un pendiente que tenía a su llegada la nueva CC y desde un principio se pensó que los magistrados llegarían a anular los proceso que frenaron la entrada en vigor de las reformas.
Las principales críticas de políticos contra estas organizaciones se fundamentan en una aparente evasión a la fiscalización y aparentes compañas de desprestigio contra autoridades de gobierno.
“Lo que estas mentes diabólicas quieren provocar en Guatemala es una crisis de Estado y la satanización de las instituciones para tener argumentos que les permitan engañar y vociferar en el extranjero que son necesarios más y más recursos para las oenegés, que dicho sea de paso, no se permiten ser fiscalizadas, que no permiten fiscalizar las fortunas acumuladas por sus dirigentes”, señaló en un discurso reciente el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.
Pero esta serie de mensajes no son nuevos ni novedosos, según explicó recientemente Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), quien logró frenar la entrada en vigor de la ley en cuestión a través del amparo provisional de la CC.
“Yo creo que hay una estrategia específica detrás de los discursos para generar cuestionamientos a la sociedad civil, viniendo del presidente del Congreso… bueno, son ellos los que no quieren ser fiscalizados, no quieren rendirle cuentas a la población. Lo que ellos quisieran es tener todo el camino libre para poder plantear reformas políticas que faciliten la corrupción. Yo creo que estamos ante una situación crítica en cuestión de derechos fundamentales que podría ahondar mucho más la crisis social”, refirió.
