Desde la tarde de este miércoles 10 de enero en las redes sociales comenzó a circular información acerca de una posible orden de captura contra Herrera, que sería relacionada con el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
A criterio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, Herrera habría tenido participación en la toma del campus central, que habría dejado como consecuencias daños en la sede de la máxima casa de estudios.
Por esa razón, la fiscalía presentó en su oportunidad una solicitud de antejuicio contra Herrera, que al momento se desconoce si ya fue conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La petición de fondo de la acción de amparo que presentó la vicemandataria electa es que “la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural se abstenga de formular peticiones que atenten contra el derecho de antejuicio de la postulante y del presidente electo”.
Así mismo, buscan que se le ordene al Juez Décimo Penal, que conoce el caso Toma de la Usac, que se “abstenga de violentar el derecho de antejuicio de la postulante y del presidente electo a través de órdenes de aprehensión”; el amparo buscaría evitar que este y cualquier otro juzgado emita órdenes de detención contra la vicepresidenta electa.
Los argumentos
En la acción de amparo promovida por la vicepresidenta electa se detallan cuatro posibles violaciones a derechos constitucionales en caso de que se llegue a confirmar la emisión de alguna orden de captura en su contra.
- El primero de ellos sería el derecho a ser electo, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, así como velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral.
- El segundo es por la posible vulneración al derecho de antejuicio del que goza el presidente, vicepresidente y diputados electos, citando para el efecto los artículos 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Leep).
- El tercero sería una alteración al sistema de gobierno guatemalteco.
- Por último, el riesgo de vulnerar la soberanía del pueblo, indica el escrito que está pendiente de análisis en la CC.
La acción de amparo presentada por la vicepresidenta electa fue aceptado reconociendo que tiene inmunidad y en consecuencia, cualquier proceso legal en su contra debe de llevar la tramitación de una solicitud de antejuicio, según la decisión que fue tomada por el Pleno de magistrados de la CC quien dio el amparo provisional a favor de Herrera.
“Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar, en calidad de Vicepresidente de la República de Guatemala, electa, sin haberse agotado el procedimiento establecido en la Ley en Materia en Antejuicio”, señala el amparo.
La resolución definitiva del amparo será conocida por la Sala Cuarta Penal, ya que por razones de competencia es responsabilidad de dicho órgano judicial.
Sin información
La tarde de este miércoles 10 de enero el juzgado a cargo del caso de la Toma de la Usac celebró una audiencia unilateral con la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, que tiene el caso contra Herrera.
En este tipo de diligencias, que son a puerta cerrada por la reserva de la información, el MP suele hacer requerimientos de investigación para casos penales que pueden ir desde interceptaciones telefónicas, autorización de allanamientos e incluso órdenes de captura.
Al ser consultado el departamento de Comunicación Social del MP ante las especulaciones sobre una orden de captura contra la vicepresidenta electa, guardaron silencio.
También este miércoles la CSJ celebró una sesión plenaria y, según el sistema electrónico del Organismo Judicial (OJ), el antejuicio contra Herrera subió a la CSJ el pasado 30 de noviembre, teniendo el número de antejuicio 319, pero Comunicación Social del OJ hasta este jueves 11 de enero no ha informado qué decisiones tomó el pleno de magistrados en su última sesión.
Anteriormente, el departamento de Comunicación Social del OJ comunicaba el mismo día de las reuniones plenarias las decisiones relacionadas con antejuicios o amparos, pero la nueva CSJ ha considerado prudente que se informe hasta que todas las partes involucradas sean notificadas, medida que demora la publicidad de la información, incluso varios días.
