Según el amparo, la abogada también cuestiona las licencias laborales que el TSE otorgó a cuatro de sus magistrados titulares para que se ausentaran de sus labores.
Señala el riesgo inminente en la prestación del servicio público esencial de la administración de justicia electoral.
También de que no se cumplan de manera adecuada las funciones que la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos atribuyen al TSE, esto por la desintegración debido a la ausencia de cuatro de los magistrados, como la falta de designación de dos de los magistrados suplentes que tendrían de integrar este Tribunal.
Respecto de las licencias otorgadas a los cuatro magistrados titulares que perdieron la inmunidad, el amparo señala que esto podría impedir que las decisiones que asuma el Pleno no puedan efectuarse por falta del número requerido de magistrados.
Entre los hechos que motivan el amparo está que el 30 de noviembre recién pasado, el Congreso les retiró la inmunidad a los magistrados titules Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco.
Señala que es un hecho notorio que a las pocas horas, los cuatro funcionarios “abandonaron colectivamente sus cargos” con el objetivo de “eludir la persecución penal en su contra” toda vez que salieron de Guatemala.
Afirma que ante lo sucedido, es un hecho notorio que hay dos vacantes de los magistrados suplentes y corresponde al Congreso designar a estos magistrados, “pero en tanto ello no haya ocurrido, la situación actual que presenta el Tribunal Supremo Electoral es que únicamente se encuentran la presidente del Tribunal y tres magistrados suplentes”.
También cuestiona los permisos otorgados a los referidos magistrados “que abandonaron el cargo con los cuales se pretende solapar el hecho”.
Los cuatro magistrados perdieron la inmunidad, luego de que se les señalara de supuestas anomalías en la adquisición del Trep para las elecciones generales 2023.
El miércoles 6 de diciembre, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, confirmó que recibieron el oficio del TSE para la elección de los magistrados suplentes.
La denuncia que abrió un proceso de antejuicio contra los magistrados del TSE, fue ratificada el 24 de noviembre por Karen Fischer y Geovanni Fratti, ante la comisión pesquisidora del Congreso.
