Quienes destacan como el uso continuo de los estados de calamidad termina en una millonaria asignación de recursos, que no responde a las grandes necesidades de las comunidades afectadas.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei las medidas de excepción han ido acompañado los casi tres años de su mandato, buena parte de ellas a causa de la pandemia del covid-19.
Pero a finales de 2020 las tormentas Eta e Iota golpearon al país haciendo que estuviera vigente un estado de calamidad por dos meses, teniendo una asignación de Q350 millones.
Los recursos usados en estos eventos evaden muchos de los controles de transparencia y la ejecución que se hace es mala, según la visión de Marvin Flores de Acción Ciudadana (AC) que también detecta este patrón en otros gobiernos.
“Lo hemos visto en el pasado con Eta, Iota, la erupción del volcán de Fuego, se compró infraestructura sobrevalorada y a veces innecesaria, lo hemos visto en los últimos gobierno; lo hizo la UNE, el PP…y a este gobierno le vino como anillo al dedo la pandemia”, explicó Flores.
La tormenta tropical Julia afectó algunos departamentos de Guatemala y obligó a un nuevo estado de calamidad en un contexto político un tanto complejo según Flores, “me preocupa la nueva Ley de Contrataciones y el estado de calamidad, es como la tormenta perfecta para favorecer la corrupción”.
No son eficientes
Un nuevo estado de calamidad en Guatemala hará poco o nada para resolver la emergencia o dar una solución de fondo a las familias afectadas, según la lectura de Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Evidencia para hablar si los estados de calamidad son capaces para reconstruir si hay, y en los últimos 10 años la evidencia demuestra que estos decretos no son efectivos para reconstruir, son efectivos para adjudicar bienes u obras y nada más”, señaló.
Otro de los problemas que observa en este tipo de medidas es que los decretos abarcan en su totalidad el país, no priorizan las áreas más afectadas, lo que podría repercutir en un uso no adecuado de recursos económicos.
“Se facilitan compras sin control, sin límites de importes de todo tipo de bienes, obras, servicios y suministros, básicamente se está abriendo la puerta al uso discrecional de los fondos para lanzar adjudicaciones a dedo, sin procesos competitivos y eso ya es receta para mala calidad del gasto”, explicó la analista.
Quizá el ejemplo más cercano para hablar de la ineficiencia de los estados de calamidad en procesos de reconstrucción sea viajar en el tiempo dos atrás, cuando Eta e Iota golpearon Guatemala.
En aquella ocasión se le brindó de recursos adicionales a cuatro ministerios pero su ejecución no fue buena, de Q350 millones dejaron de usar Q260 millones y lo que si se ejecutó estuvo acompañado de dudas, como suele ocurrir en los eventos de compras por emergencias.
Para Marvin Flores es necesario que se piensen en mecanismos legales que permitan una compra rápida sin evadir la transparencia, ya que es un hecho que otros fenómenos naturales van a seguir afectando el país.
“Estas son medidas paliativas porque Guatemala pese a ser un país expuesto a tormentas, erupciones volcánicas y terremotos debería de tener una normativa fija para este tipo de compras para un lapso rápido, ahora la tormenta ya casi que salió del país y las compras se harán desde mañana si bien nos va”, concluyó.
Se venden en la tragedia
Permaneciendo siempre en la recta final del 2020, tras Eta e Iota, fue común ver como algunos políticos se aprovecharon del sufrimiento ajeno para perfilarse en medios y redes sociales.
Era común verlos cargando algunas botellas de agua, con fotografías posadas y un elocuente pie de foto para compartir en sus redes sociales, y no sería de extrañarse que con los daños ocasionados por Julia volvamos a ver estas pintorescas imágenes.
Según la lectura de Alejandro Quinteros, politólogo independiente, quien afirma que está táctica política suele ser común tras eventos de esta naturaleza, que aunque no es algo ético es repetitivo.
“Este tipo de situaciones genera realmente necesidad de la población en muchos aspectos, hasta en temas emociones…personas que tuvo que salir de casa y perdió sus pertenencias, ellos necesitan respuesta de alguien y es cuando algunos políticos, tristemente, aprovechan para saludar, llevar falsas esperanzas y tomarse la foto”, explicó Quinteros.
El politólogo no descarta que existan algunos alcaldes y diputados que realmente tengan una preocupación autentica por sus distritos o municipios, pero los antecedentes del país en este tipo de eventos también han sido claros.
“Como estrategia de marca se aprovechan para posicionamiento de un político o de un partido, se aprovechan para posicionarse en la mente de los ciudadanos para llegar a las elecciones, pero acá electorado y sobre todo las comunidades afectadas tienen que tener claro que ahora cualquiera les llega a tocar la puerta y ofrecerles cosas”, puntualizó.
La mejor recomendación que da Quinteros da a todo el electorado es monitorear el seguimiento a las promesas que alcaldes, diputados o cualquier político haga en medio de la tragedia, ya que podría tratarse de elocuentes discursos alejados de las acciones con el único fin de ganar un voto más para las elecciones del 2023.
