Política

Caso B410: Gobierno ofrece revisión “exhaustiva” de contratos con empresas denunciadas

El Gobierno de Guatemala se comprometió a revisar de forma periódica los contratos vigentes con las empresas que fueron denunciadas en el caso B410.

El presidente Bernardo Arévalo asegura que supervisarán a las empresas que fueron denunciadas por defraudación fiscal y que aún tienen contratos vigentes con el Estado. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El presidente Bernardo Arévalo calificó el caso B410 como "el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos" y ordenó a la Comisión Nacional Contra la Corrupción que se revisen los contratos que a la fecha continúan vigentes en el Estado. 

Dichos proyectos se iniciaron durante el gobierno anterior, pero continúan en pie para recibir pagos del Ejecutivo si no se detienen.

“He instruido a la Comisión Nacional contra la Corrupción, la revisión exhaustiva de los contratos de las empresas referidas con el Estado, así como el desarrollo de nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales, para que esta historia nunca más se repita.” comentó Arévalo este lunes 19 d3e agosto en conferencia de prensa.

Así mismo, el mandatario agregó que, debido a la gravedad del caso sobre defraudación fiscal, el Gobierno hará un monitoreo periódico de las empresas contratistas.

“Nos comprometemos a generar un monitoreo periódico para mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos sin importar quién caiga”, refirió el mandatario.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se apersonó como agraviado en el caso presentado ante el Ministerio Público (MP).

El procurador general de la Nación, julio Saavedra, informó que se analizará la situación jurídica de cada uno de los contratos previo a decidir si se puede o no ejecutar la fianza de estos.

“A partir del análisis jurídico del Estado en el que se encuentra cada contrato, entonces tomar decisiones. En cuanto a la ejecución de fianzas, esta es una resolución administrativa que toman las autoridades precisamente como consecuencia del análisis jurídico, del análisis legal que se haga en cada uno de esos casos”, explicó Saavedra.

Por este caso, la superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció a 410 empresas que habrían evadido el pago de impuestos y que, en su conjunto, dicha defraudación se estima en unos Q300 millones, aunque esa cifra podría llegar a los Q800 millones.

Según la SAT, de las empresas denunciadas más de 200 identificaron como domicilio fiscal una dirección en la colonia Bamvi de la zona 7, misma que en realidad no existe, pero eso no fue impedimento para obtener contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

ESCRITO POR:

Leslie Sánchez

Periodista de Guatevisión. Trabajó en radio y televisión, cubriendo política, economía y derechos humanos. Tiene 5 años de experiencia.