Las sanciones debiesen actuar como un disuasivo para que los aspirantes a cargos públicos respeten las normas electorales. Eso no ocurre, ya que no existen consecuencias inmediatas para los candidatos que se nieguen a cancelarlas.
Durante la campaña 2019, el Registro de Ciudadanos (RC) impuso 53 infracciones de entre US$50 mil 001 y US$125 mil a candidatos y demás personas individuales por violar la ley electoral, pero ninguno ha solventado su deuda, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una solicitud de información pública.
Las faltas son por hacer campaña anticipada, por contratar pauta con medios de comunicación sin autorización, por actos de clientelismo, entre otras.
Ente los candidatos que fueron multados se encuentra el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien concursó por el partido Todos. Tres veces el RC le impuso sanciones pecuniarias de $50 mil 01 por “ofrecimientos indebidos” que en total suman $150 mil 003.
En reiteradas ocasiones, el jefe edil publicó fotografías de él en Facebook posando con varios billetes de Q100, anunciando a los vecinos que haría obra pública con su dinero. El RC determinó que Bran incurrió en clientelismo.
El alcalde aún no paga sus multas. Al contrario, en agosto 2019, luego de que culminara el proceso electoral, volvió a realizar publicaciones idénticas por las que fue multado.
Mynor Espinoza, vocero de la municipalidad de Mixco, justificó que las sanciones no están firmes, ya que se interpusieron amparos.
Otra agrupación que acumula sanciones es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al menos seis de sus candidatos a alcalde fueron multados. Oscar Argueta, secretario general del partido, dijo que un error en el que incurrió el RC fue que multaba al candidato y también a la organización política por los mismos hechos.
Argueta dijo que recientemente se cancelaron cinco multas que se le impusieron al partido, no así la de los candidatos, ya que serán ellos quienes tienen que solventar su situación con el TSE.
Reformas necesarias
Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, dijo que el proceso para que una multa quede firme es bastante engorroso. Cuando sancionan a alguien, la persona puede presentar nulidad ante el pleno del TSE. Si no obtiene respuesta favorable puede presentar amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por último acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Si la multa tiene pendientes impugnaciones, no está firme. Es fácil entrampar las sanciones con recursos”, explica Ortiz.
La solución para evitar impugnaciones espurias, afirma el entrevistado, es establecer con claridad qué acciones pueden conllevar una sanción por parte de la autoridad electoral.
“La solución pasa por darle más claridad al TSE. Algo que pasaba mucho las elecciones pasadas, era que el Tribunal no tenía parámetros. Entonces, si usted no tiene parámetros claros da lugar a que impugnen, la forma de evitarlo es tener criterios establecidos de antemano”, afirma Ortiz.
Otra forma de comprometer a los candidatos a que paguen sus multas podría ser prohibirles ocupar cargos dentro de los partidos políticos mientras estén insolventes, considera el abogado.
María Eugenia Mijangos, exmagistrada del TSE durante el proceso electoral 2019, considera que uno de los problemas es que las decisiones del TSE aún las puede revertir la CSJ o CC. Esto le resta autoridad al tribunal y da lugar a que se interpongan acciones espurias, afirma.
Lo ideal, dice Mijangos, sería que las decisiones del TSE sean inapelables, pero para esto habría que reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, explica.
“Ese es un problema grande que tiene la estructura jurídica del TSE, el nombre le queda grande. En muchos otros países que resuelve el TSE ahí queda (no se puede reveritr)”, dice Mijangos.
Por su parte, Pedro Cruz, de Primero Guatemala, opina que los candidatos no pagan las sanciones porque saben que no hay mayores repercusiones si se niegan a hacerlo. El artículo 90 de la LEPP, donde se regulan las infracciones pecuniarias, se establecen consecuencias para las organizaciones políticas si no pagan, no así para las personas individuales.
“Muchos (de los que infringieron la LEPP durante campaña) ya no serán candidatos las próximas elecciones, otros ya son funcionarios. Es importante que dentro de las propuestas de reforma a la LEPP se le dé más fuerza a las sanciones y no se queden como algo que no tenga mayor repercusión”, afirma Cruz.
TSE no rinde cuentas
Prensa Libre solicitó por medio de información pública el 29 de septiembre que se informara quiénes eran los candidatos que fueron sancionados durante le proceso electoral 2019.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que las instituciones tienen diez días para dar respuesta. Sin embargo, en este caso, la unidad de información pública (UIP) del TSE respondió dos días fuera del plazo y además lo hizo de manera incompleta, ya que solo notificó que se habían interpuesto 53 sanciones, pero no detalló los nombres de los infractores.
Ante esto, se promovió un recurso de revisión y el mismo fue declarado con lugar por parte del pleno del TSE. El Tribunal ordenó que en diez días posteriores a que venciera el plazo ordinario de la respuesta se informara a Prensa Libre el nombre de los candidatos multados. Este período venció el lunes y al cierre de esta nota la UIP aún no completaba la información.
En la resolución, los cinco magistrados del TSE ordenaron a la Inspectoría General que investigara y dedujera responsabilidades por los atrasos.
Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que es preocupante el incumplimiento de los plazos por parte del TSE. Esto podría considerarse una retención de información pública, apuntó.
Sierra comentó que en el presente año han tenido más quejas de ciudadanos a quienes se les obstaculiza el derecho a acceder a información y ya se les ha hecho varias llamadas de atención.
