“Oficialmente es destitución. No llegó carta de renuncia. La expresión verbal con el secretario –Rabanales– fue de su intención de renunciar al cargo”, dijo el portavoz.
Poco después de la confirmación del despido de Rabanales, Estrada Arreaga fue juramentada esta tarde en la Secretaría General de la Presidencia.
Estrada Arreaga era asesora legal de la Unidad de la Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal del Organismo Judicial y la Secretaría de Bienestar Social (SBS), detalla un comunicado del Ejecutivo.
La profesional del Derecho trabajó como asesora legal del Registro Nacional de las Personas (Renap) y del Ministerio de Gobernación. También fue subcoordinadora de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante la gestión de Rabanales a cargo de la secretaría hubo cuatro motines, en la correccional Etapa 2 y tres en Gaviotas. Los disturbios dejaron siete muertos, cuatro monitores y tres internos.
Rabanales planteaba un modelo de atención residencial familiar de transición para lo cual la SBS alquilaría 16 inmuebles para albergar de 12 a 15 menores quienes estarán al cuidado de familiares y un equipo multidisciplinario. Sin embargo, con ese modelo hubo problemas en una residencia.
A mediano plazo se trazaba el nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario.
Para el nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario planteó que se buscarían terrenos para crear un lugar en el que los niños se queden en residencias pequeñas con los ambientes de un hogar y un área común en la que puedan compartir.
Rabanales, experta en temas de niñez y adolescencia, asumió el cargo en la SBS luego de la destitución y captura de las anteriores autoridades de la secretaría por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó 41 niñas muertas.
Apenas la semana pasada, Rabanales había presentado un anteproyecto de ley en el Congreso con el que se faculta a esa instancia a efectuar compras y contrataciones sin utilizar la Ley.
El documento está compuesto por un solo artículo se resalta que la SBS atraviesa por una crisis, por lo que pretendía ejecutar su presupuesto “sin llevar a cabo los procedimientos de adquisición establecidos en la Ley de Contrataciones”.
Rabanales aseguró que la secretaría tiene Q58 millones para ejecutar y necesitan desde alquilar espacios para trasladar a los menores, hasta contratar transporte y hacer varias remodelaciones y remociones en los centros.
La titular de la SBS aseguró que han tenido problemas de ejecución debido a la burocracia y plazos tan largos plasmados en la Ley.
Pocos avaces
En junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que Bienestar Social no tiene protocolos de actuación para casos de emergencia como los ocurridos en Gaviotas.
“En cada acontecimiento que ocurre la respuesta ha sido distinta, por esa razón nosotros decimos que no tienen un protocolo para casos de emergencia. Ya ha habido rehenes y disturbios, y en ninguna ocasión han hecho nada similar”, explicó Ábner Paredes, defensor de la juventud.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los cuatro centros a cargo de la SBS en junio pasado.
Entre las acciones que ordena ese organismo están “fortalecer la seguridad en los centros y adoptar las medidas necesarias para contar con planes de emergencia ante posibles factores de riesgo identificados”.
