Guatemala
Came busca blindar procesos electorales con la reforma electoral
Las mesas de diálogo para la reforma electoral analizaron 84 propuestas relacionadas a la justicia electoral.
La CAME concluirá esta semana con sus mesas de diálogos. Fotografía: TSE.
El proceso electoral del 2023 dejó al menos 22 procesos penales abiertos, según notificaciones que han llegado al departamento jurídico del Tribunal Supremo Electoral (TSE), razón por la cual distintos sectores consideran primordial reforzar las bases de la justicia en la materia.
Durante la cuarta mesa de diálogo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), la justicia electoral fue el punto central y se presentaron 84 propuestas de cambios a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).
En total, durante todo el evento del 2023 hubo 711 recursos administrativos, 280 por la inscripción de candidatos, 424 en contra de nulidades por los resultados electorales y siete contra la imposición de multas.
También se reportaron 255 acciones constitucionales; de estas, 220 finalizaron el proceso, pero aún existen 35 que siguen en trámite, según cifras del departamento jurídico del TSE.
Además de las acciones legales, también hubo requerimientos de información de algunas fiscalías. Resalta la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la de Delitos Administrativos y la de Delitos Electorales.
Existen alrededor de 22 procesos penales abiertos por el evento electoral, pero al menos, por ahora, destacan algunos, como el caso contra Movimiento Semilla y la compra del sistema informático usado en las votaciones.
Las propuestas
Entre las propuestas de reformas a la justicia electoral hay algunas impulsadas por partidos y organizaciones sociales. Por ejemplo, alguna agrupaciones políticas sugieren rebajar las sanciones económicas que ahora son de US$50 mil.
En el otro extremo, las organizaciones sociales consideran que el monto actual de las sanciones es el adecuado, ya que evita que los partidos irrespeten la ley.
Otras de las propuestas recurrentes es que se incluyan como delitos electorales campañas que violenten a las mujeres, así como mensajes políticos que puedan caer en racismo y discriminación.
También se busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conozca impugnaciones electorales, por lo que quedaría como único filtro la Corte de Constitucionalidad (CC).
Otras sugerencias consideran relevante la creación de juzgados especializados para que haya judicaturas solo en materia electoral.
En la actualidad, uno de estos procesos es la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), por el cual cuatro de los cinco magistrados titulares quedaron ligados al mismo.
Desgastante
En torno a los planteamientos de cambios a la Lepp, Irma Palencia, quien presidió el TSE en el año electoral, dijo que el evento se vio empañado por muchas acciones legales que perjudicaron el proceso, por lo que estima positivo discutir el tema.
“Fue desgastante. Nos impedía dedicarnos totalmente a lo prioritario e importante, no porque esto no lo fuera, pero es lamentable tener tanta judicialización del ejercicio de los derechos civiles y políticos”, puntualizó.
Palencia considera que se necesita evolucionar en el ámbito electoral para que la autoridad —TSE— en realidad sea suprema.
“En otros países existe la figura de la Comisión Nacional Electoral, que ve solo la parte gestora, y el TSE, arriba de esto, viendo todo lo relacionado con la justicia electoral”, añadió Palencia.
A su criterio, la creación de juzgados especializados en materia electoral, como se propone, no es lo ideal, ya que podría dar pie a la presentación de recursos.
“—Con ello— les abrimos una puerta muy grande para que esto se judicialice, porque ya está como parte del sistema. Creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el TSE y separar algunas áreas”, remarcó Palencia.
Retardo malicioso
Organizaciones que fiscalizaron el evento electoral consideran que hubo una judicialización sobre el proceso, lo cual quedó marcado con las decisiones que dictaron las cortes.
“Buscaban retrasar procesos, quitarse candidatos que no les gustaban, contrincantes. Era una manera bastante deshonesta de hacer un proceso político”, expresó Marielos Fuentes, de Guatemala Visible.
Para María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, hubo decisiones al parecer discrecionales en el proceso electoral del año pasado.
“Nosotros vemos muchas acciones subjetivas. Algunos candidatos no fueron inscritos por proselitismo anticipado, mientras el aspirante oficial siempre hizo proselitismo de la mano del presidente”, cuestionó Aceña.
Ambas analistas consideran que es más que oportuno fortalecer la justicia electoral para que no se vuelvan a generar dudas en el proceso de inscripción de candidatos o en temas legales que ya están lo bastante claros en la propia Lepp y sus reglamentos.
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