Hasta 16 gobernadores departamentales tendrían que ser sustituidos, de acuerdo con la última sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Varios de los amparos, incluyendo el último resuelto por el alto órgano constitucional, fueron presentados por la mencionada bancada.
“Creo que obedece a una muy bien elaborada estrategia que persigue minar el campo de acción del Ejecutivo”, opina Edy Cifuentes, especialista en administración gubernamental y gobiernos locales.
“Si bien he sostenido que en los últimos 25 años los diputados han tenido una maliciosa injerencia en el nombramiento de las gobernaciones, lo que ha significado que se prostituya el Sistema de Consejos de Desarrollo en una plataforma al servicio de los intereses espurios de los legisladores, el Ejecutivo también ha fallado en no hacer la mejor escogencia de sus funcionarios sobre la base del mérito y capacidad”, agregó.
De acuerdo con Cifuentes, la UNE actúa porque teme ser cancelada por el Tribunal Supremo Electoral —por las dudas ante su financiamiento electoral—. Entonces necesitan, “estratégicamente”, inhabilitar el brazo ejecutor del Gobierno, lo que retrasa o paraliza la obra pública de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Tortuguismo
Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, afirmó que el impacto de no que no haya estabilidad entre los gobernadores afecta la capacidad de ejecución del Estado porque los Codedes son la pieza clave en términos administrativos, ya que en el ámbito político han perdido liderazgo.
El politólogo explicó que se agrava la inestabilidad de la ejecución porque, de por sí, en los Consejos, especialmente a nivel municipal, ya existe “tortuguismo” en las gestiones.
Asimismo, Castillo afirmó que la resolución de la CC llama a respetar los consensos políticos territoriales.
“Esa posición autoritaria del presidente, de acogerse a lo que establece la letra muerta de la Constitución y no tener capacidad de adaptarse a lo que dice la sociedad civil, refleja falta de compromiso del partido Frente de Convergencia Nacional y del mandatario, de querer construir consensos y gobernabilidad”, expresó Castillo.
La sentencia
El fallo definitivo de la CC se da en el caso del nombramiento del gobernador de Sacatepéquez, Carlos Rafael Moreira Salazar, y enumera otros seis amparos contra las designaciones en Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez, Totonicapán, Santa Rosa y Quiché.
El argumento es que no se aplicó el artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo, el cual establece que los gobernadores serán nombrados por el presidente, tomando en cuenta las propuestas por la sociedad civil de los Codedes.
La sentencia traslada su incidencia a otros casos. “Para los efectos estructurales acordados en este fallo, la autoridad denunciada —el presidente— deberá dejar sin efecto también cualquier otro nombramiento de gobernadores departamentales titulares y suplentes que se haya realizado sin la observancia de lo previsto en el artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo”, indica, lo que podría alcanzar a hasta 16 gobernadores, los cuales deberán ser sustituidos en los siguientes días.
Gobierno
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Reacción tardía
Al parecer, el Ejecutivo flexibilizará su postura en cuanto a la designación de nuevos gobernadores, ya que, después de varios reveses, revisará las ternas que la sociedad civil de los Codedes propuso.
“Seremos obedientes, aunque la resolución esté entre política y constitucional. Habrá que revisar las ternas propuestas en su momento, si las personas todavía viven y están en el territorio, si tienen sus garantías legales vigentes, y que tengan plena disposición de optar al cargo”, explicó el vocero presidencial, Heinz Hiemann.
