Jiménez reaccionó en las redes sociales del Ministerio de Gobernación y aseguró que el caso no quedaría impune. Un día después se llevó a cabo una requisa en la cárcel de Pavón como reacción a este hecho.
El objetivo, dijeron las autoridades, combatir a los extorsionistas que operan dentro de este y otros penales del país. El pasado 30 de enero realizaron otra requisa, pero esta vez la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, cinco días después en la Granja Penal de Canadá, ambas en Escuintla.
El último centro carcelario registrado fue El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa. En todos hallaron celulares, dispositivos que permiten interconectar redes, tarjetas sim y cargadores para equipos tecnológicos.
Nuevo grupo
En medio de una ola de asaltos y extorsiones, ayer Jiménez junto con los altos mandos de la PNC mostró al presidente Bernardo Arévalo, el nuevo Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE). El comando lo conformarán 440 agentes de la PNC que tendrán a su disposición 400 motocicletas, las mismas que en un acto público también entregó Alejandro Giammattei.
Según se explicó esta nueva unidad realizará patrullajes antiextorsiones y el plan se realizará por fases. La primera los llevará a las zonas 6 y 12 de la ciudad capital y Villa Nueva, Guatemala.
Paralelamente también continuarán con las requisas en los centros carcelarios del país. Creen que ambas tareas son necesarias para combatir a los extorsionistas.
El presidente Arévalo, durante el acto de presentación, declaró a los extorsionistas como enemigos de su gobierno. “Desde hace varios años, y quizás décadas, las extorsiones han mantenido en angustia a miles de familias guatemaltecas”, expresó Arévalo en la Plaza de la Constitución en dónde se realizó la actividad.
Agregó que “los extorsionistas acaban con la paz de hombres y mujeres, trabajadores, sobre la base de amenazas, de insultos, de atropellos, con los que aterrorizan a comerciantes pequeños y medianos empresarios y a ciudadanos comunes para arrancarles la riqueza que generan con su trabajo honesto de cada día”.
La medida recurrente
Este delito afecta no solo a las familias guatemaltecas, sino a pequeñas, medianas y grandes empresas, que son obligadas a pagar desde Q100 hasta Q500 mil.
Durante el gobierno del Partido Patriota surgió el Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL). Este comando de élite, que usaba pasamontañas y ostentosas armas, se desplazaba en motocicletas por las principales arterias de ciudades como Guatemala y Quezaltenango.
El objetivo era contrarrestar hechos delincuenciales, como asaltos, y capturar en forma rápida a los delincuentes. Los extorsionistas comenzaban a ser uno de los objetivos.
Durante el primer año de gobierno de Jimmy Morales, la cantidad de denuncias de extorsiones sobrepasaban las seis mil. Para el último año, en 2019, estas llegaron más allá de las 16 mil, según datos del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien) y Diálogos.
Morales instauró los patrullajes combinados con el Ejército y declaró estados de excepción para combatir pandillas, y por ende, a extorsionistas.
En la administración de Alejandro Giammattei, las denuncias rondaban en 15 mil, pero al final de su período esta superó las 19 mil. La mayoría de los casos se concentró en Guatemala -ciudad- Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y Quetzaltenango.
Ocho días después que Giammattei asumiera la presidencia entregó al Congreso una iniciativa de ley de reforma a dos artículos del Código Penal. En el proyecto pedía declarar terroristas a aquellos “que trasgredieran la paz social o el orden público del Estado”.
El proyecto llegó a la Comisión de Defensa, en donde Arévalo era el vicepresidente de la sala de trabajo. El menos de dos meses fue dictaminado con modificaciones, pero Arévalo razonó su voto.
El entonces diputado dijo que no estaba de acuerdo con el mecanismo que utilizaría Gobernación para equiparse. La iniciativa contemplaba que Gobernación debía de utilizar hasta Q200 millones para implementar equipos de investigación, armamento y municiones, vehículos y equipo de comunicación.
Arévalo expuso que no era un buen precedente para la transparencia de la gestión pública que Gobernación solo informe quincenalmente a las comisiones de Finanzas, Defensa y Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso acerca de los procesos de adquisición.
Es coherente
Para el especialista del Cien, Walter Menchú, muchas de las acciones implementadas en los primeros días de este gobierno “van enfocadas en mejorar la percepción de seguridad de la población”.
Según Menchú probablemente se logre algo al respecto “porque la población necesita ver que las autoridades hagan algo para contrarrestar este delito”. Opinó que una unidad motorizada siempre es un esfuerzo enfocado principalmente a la prevención policial.
“Viéndolo así, se parece mucho a los Lobos del periodo de Otto Pérez y Mauricio López Bonilla, pero estos estaban enfocados en los patrullajes para contrarrestar la delincuencia común”, recordó Menchú.
En ese entonces “el esfuerzo para reducir las extorsiones se enfocó en la fuerza de tarea diseñada especialmente en ese tema que incluía inteligencia, investigación, análisis y operatividad”, indicó el analista.
Para el criminólogo Federico Reyes, el “acercamiento de las nuevas autoridades tiene sus fortalezas en la celeridad de abordaje”, agregó que, en poco tiempo, la creación e implementación de esas acciones denota buenas intenciones.
Según el especialista, el Ministerio de Gobernación, tiene bajo su mandato el abordaje frontal y coordinado de todos los delitos, en especial, las extorsiones a nivel nacional. “El apoyo abierto y transparente hacia la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, es vital para el círculo de la justicia en el país”, manifestó Reyes.
Reyes manifiesta que “los intentos anteriores en diferentes administraciones no tuvieron el éxito esperado por varios factores, entre ellos, la poca seriedad, una estructura débil al momento de implementarlo y sobre todo, fuga de información que ha hecho que fracasen a gran escala”.
Para el criminólogo la comparación con otros esfuerzos se medirá al evaluar los resultados al corto y mediano plazo. “Eso es una grave falencia en todos las anteriores experiencias, no solo en este tema, sino en todas las dependencias gubernamentales, en especial cuando la población es la mayormente afectada a todo nivel”.
“No hay mejor forma de evaluar el éxito o no de una acción como esta, que el seguimiento, monitoreo, evaluación y aprendizaje de lo alcanzado o no” puntualiza.
Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (Foos), expresa que hay que entender que el delito de extorsión es de impacto social, afecta a muchas personas y es correcto priorizar y establecer mecanismos para reducir las tasas.
“Es claro que es una prioridad”, argumenta. Además, añade, es necesario entender el fenómeno como algo criminal y complejo que involucra a muchas partes.
“De alguna manera las extorsiones se cometen desde adentro de las cárceles y acompañar esta nueva estrategia con requisas es importante para quitarles las opciones de comunicación”, relata Asturias.
Evidentemente, opina el especialista, también se debe atacar a los imitadores, que en gran medida también cometen este delito. “Se debe entender que el fenómeno es complejo y de un abordaje multisistémico”, asegura.
Asturias ve con buenos ojos que antes se vio “militarización en los planes antiextorsión, que quitaban derechos, que imponían estados de excepción.
“Eso no sirve para la extorsión. Las formas represivas no funcionan para combatir a estos grupos. Venimos del fracaso de Morales y Giammattei y se espera que funcionen los nuevos planes”, manifiesta.
Algo en lo que deben enfocarse, dice Asturias, es en capturar a los líderes de estas organizaciones, porque por ahora únicamente se han enfocado en el eslabón más débil: las mujeres que cobran o depositan en sus cuentas bancarias las extorsiones.
“Deben perseguir a los jefes y los organizadores de las estructuras”, argumenta.
Para el representante del Foss, los últimos dos gobiernos destruyeron las jerarquías de la PNC. Buscaron que kaibiles entrenaran a los agentes, pero eso se evidencia que no funciona, indica.
“Debe ser una nueva PNC, más cercana, que genere mayor confianza en la población para combatir este y otros delitos.
