El Cacif también hace referencia a una carta enviada desde la ONU, en respuesta a una denuncia que presentó la familia de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, en la cual se indica que la Cicig no responde a ese alto organismo.
“Que la respuesta de Naciones Unidas al señalar que la Cicig no es parte de su sistema para justificar de esa manera que no les corresponde dar respuesta sobre los casos que la Cicig tiene a su cargo, genera un vacío legal en términos de fiscalización y cuentadancia que sienta un precedente muy complejo para el Estado guatemalteco en materia de Relaciones Internacionales y Derecho Interno”, plantea el comunicado.
Asimismo, que esos hechos fomentaron la polarización y la división en la opinión pública en cuanto a la lucha contra la corrupción.
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El sector privado organizado concluye que la decisión del Gobierno está en el marco de sus competencias, pero que la terminación debe ser acompañada de “medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
“Que todos los casos iniciados ya ante los tribunales de la República deben continuar diligenciándose siguiendo el debido proceso y se debe buscar que pronto se haga justicia en todo ellos”, concluye el mensaje del Cacif.
De igual manera, la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) anunció su apoyo a la medida del Ejecutivo, por considerar que en la Constitución Política de la República está normado lo referente a las Relaciones Internacionales y de política exterior.
“En respeto y cumplimiento a la Carta Magna y soberanía del Estado de Guatemala creemos acertada la decisión del Gobierno de Guatemala al dar por finalizado el acuerdo de creación de la Cicig”, indica el pronunciamiento de Grepalma, que concluye con una exhortación al Ejecutivo para continuar con la lucha para fortalecer la justicia.
Piden respetar facultades
La Cámara de Industria Guatemalteca (CIG) respaldó este martes en un comunicado la decisión del presidente Morales de terminar con el mandato de la Cicig, “basados en la Constitución Política de República respecto de las relaciones internacionales del Estado y a las facultades dadas al presidente de la república”.
“Exhortamos a las Cortes del país para que en sus resoluciones se respeten las facultades y obligaciones establecidas en la Constitución”, expresó la CIG, que también hizo un llamado a la población en general para evitar “las provocaciones de extremistas y oportunistas que únicamente buscan continuar confrontando y dividiendo el país”.
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