El primer eje se refiere a la necesidad de impulsar en el segundo semestre de este año reformas mínimas a la ley electoral y de partidos políticos en tres elementos:
Uno de estos elementos tiene relación con los mecanismos de contratación de medios para la pauta de los partidos políticos y de los candidatos a elección.
Según expresa Girón, haciendo referencia particular a los temas de la contratación de pauta, que en el 2019 la participación de los medios de comunicación en la pauta publicitaria y la cobertura del proceso electoral fue relativamente limitada, por lo que los empresarios consideran que los ciudadanos no tuvieron la oportunidad de conocer muchos de los proyectos políticos y planes de quienes estaban en la contienda.
El presidente del Cacif, señaló que la cobertura se vio limitada por normas muy estrictas entre las que figuran la pauta a un precio alrededor del 20% de su valor real y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fuera quien contratara y distribuyera los espacios de pauta, por lo que, no creen que sea adecuado llegar a otra contienda electoral sin que los proyectos políticos puedan dar a conocer adecuadamente a través de los medios de comunicación sus planes y proyectos.
El segundo elemento es quitar la subjetividad de cómo se interpreta qué es campaña anticipada. Por ello proponen mejoras que permitan de una forma más objetiva determinar cuáles son los elementos que conlleva una campaña anticipada. Mencionó que tal subjetividad, actualmente limita la función política “ya que nadie puede emitir opinión pública por correr el riesgo de ser acusado de estar ejerciendo una campaña anticipada y de no ser inscrito como candidato, con lo que se está vedando a la sociedad guatemalteca el conocimiento sobre los temas relacionados con el futuro del país”.
El tercer elemento propuesto se refiere al financiamiento. En este caso piden eliminar los requisitos excesivos que no permiten financiar de forma lícita los proyectos políticos. Como ejemplo, las obligaciones de habilitar libros en el TSE para todos los financistas, sin importar el valor de su aporte o contribución, ya sea Q5, Q10 mil o Q100 mil.
El presidente del Cacif indicó que tanto el informe de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 2019, como la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), recomendaron revisar e incluso eliminar ese tipo de excesos regulatorios.
Las recomendaciones se enfocan en mantener intacta la transparencia del financiamiento, porque es importante que todos los aportes de las campañas políticas sean registrados en los libros del partido, se generen recibos de esos aportes y se permita crear un vínculo y una línea entre las donaciones a partidos políticos y los contratistas que se benefician de contratos del Estado, agregó Girón.
- El segundo eje tiene relación con lo que mencionaba Cacif respecto de eliminar la subjetividad de cómo se define qué campaña anticipada.
Por lo que consideran necesario garantizar las condiciones de una amplia participación de los distintos proyectos partidarios.
- El tercer eje que piden es que se efectúe una auditoría del padrón electoral.
Y que dicha auditoría permita depurar de forma adecuada el registro de ciudadanos aptos para votar la auditoría. Esta debe ser acordada por el TSE y realizada por una entidad técnica acreditada para esa labor.
- En tanto, el cuarto eje se relaciona con las misiones de observación.
Recomiendan hacer las previsiones necesarias por parte del TSE, para formular con antelación debida las invitaciones a las misiones de observación internacional que contribuyen junto a las misiones nacionales, a la transparencia del proceso.
El presidente del Cacif agregó que la propuesta que presentaron es un llamado para que los legisladores asuman la responsabilidad que la misma Ley Electoral establece, ya que en esta misma se mandata al TSE que concluido el proceso del 2019, esa entidad debe enviar al Congreso una serie de recomendaciones de reformas, y que se modifique antes del evento del 2023.
Hasta ahora los diputados no le han dado prioridad a dictaminar y aprobar las modificaciones, señaló, indicando que son necesarias para que el proceso del 2023 sea mejor de lo que sería si no existe esta reforma.
En apoyo a la preparación del proceso electoral del 2023 el sector empresarial acordó iniciar desde ya un acompañamiento técnico a las instituciones responsables de velar por un proceso electoral adecuado también apoyarán en campañas para que más ciudadanos se empadronen y puedan decidir mejor sobre su futuro por medio de ejercer su voto, explicó la entidad.
Para ello el Programa de Observatorio Electoral (Proe) ya se activó desde hace 15 días.
Además, hay una estrategia para hacer que la propuesta impulsada sea conocida y debatida, añadió.
