Entre los artículos impugnados de la LEPP está el 94 bis, que regula que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones (…)”.
“Creemos que existe subjetividad en la interpretación de la norma y es contra esa subjetividad que aplicamos la inconstitucionalidad. No estamos ni a favor ni en contra de ningún candidato que exista hoy ni que pueda existir. La contienda electoral debería darse de forma clara con más información y con mayor cobertura de medios posible y vamos a accionar de cualquier limitante en contra de esa transparencia”, dijo Hermann Girón, presidente del Cacif.
Además, también se impugnaron partes de los artículos 21, 88, 90, 219, 220, 222 de la LEPP, que se refieren al financiamiento de los partidos políticos y a la facultad del TSE de distribuir en forma igualitaria los espacios y tiempos que gozan los partidos políticos para pautar en los medios en los medios de comunicación.
“Esa limitación de la cobertura y venta a través del TSE de los espacios publicitarios limita la capacidad de políticos de dar a conocer sus proyectos políticos y limita capacidad de cobertura la de prensa y finalmente queremos reaccionar en contra de la burocracia que limita capacidad de ciudadanos de participar financiando proyectos políticos de su intención con fondos lícitos”, dijo Girón.
Girón dijo que, dado que el Congreso no ha hecho reformas, es importante que estas se conozcan.
“En nuestra opinión y en opinión del abogado que nos auxilia, los artículos contra los cuales accionamos son artículos que tienen inconstitucionales evidentes y esperaríamos que la corte así lo vea. Los legisladores tienen sus tareas y muchas cosas en su agenda, pero creemos que el tema de la LEPP es prioritario. Dado que hoy no hay una resolución de los diputados con este tema nos vimos obligados a accionar”, dijo.
Más inconstitucionalidades
La inconstitucionalidad del Cacif se suma a las que ya habían presentado los constitucionalistas Aquiles Faillace y Gabriel Orellana y Acisclo Valladares, quienes también impugnaron ante la CC el artículo 94 bis con el cual el Registro de Ciudadanos del TSE podría excluir a ciertos candidatos a cargos de elección popular.
La primera la presentó Faillace y Orellana el 3 de junio, pero su resolución se ha venido prorrogando porque cada vez que se presenta una nueva inconstitucionalidad con argumentos similares, la CC las acumula y esto hace que el trámite se reinicie, dijo Faillace.
“Si Cacif presentó una nueva inconstitucionalidad, deberían acumularla en un nuevo expediente, pero atrasa todo, la nuestra ya debiera estar resuelta, pero se agarran de las ramas y no le dan tramite a la primera porque a saber cuántas más hay”, dijo Faillace.
Las consecuencias de esto, advierte, es que ya se han hecho varias advertencias a eventuales candidatos que no serán inscritos como candidatos a cargos de elección popular. Los casos más recientes son los del alcalde de Mixco, Neto Bran, Edmond Mulet y Thelma Cabrera.
“Hay otros expedientes que no tardan en notificar. La discrecionalidad del TSE ya la estamos sufriendo”, dijo Faillace.
Prensa Libre consultó con el departamento de comunicación social de la CC el motivo de los retrasos y cuándo podrían resolverse, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta al respecto.
Por su parte, la magistrada Irma Palencia aseguró que no podía emitir opinión sobre los candidatos que han sido advertidos por el Registro de Ciudadanos, ya que próximamente el pleno podría conocer los recursos de reclamo que ellos planteen y no puede adelantar criterio.
Compras cuestionadas
Recientemente, el TSE también ha sido objeto de críticas por varios procesos de compra que tiene en marcha para adquirir bienes, insumos y equipo tecnológico para las elecciones del próximo año. Entre estos, destaca la posible adjudicación de un modelo de biometría y centros de datos, con lo cual, según conocedores del sistema electoral, podría variarse el proceso de captación y registro de votos.
Por su parte, la magistrada que preside el TSE asegura que el modelo biométrico solo servirá para garantizar la identidad del votante, “no tiene que ver con el sistema de votación, ese lo consideramos patrimonio nacional y no lo tocamos desde ningún punto de vista”, afirmó.
Las compras se han hecho por excepción de forma directa, es decir, sin cumplir con los pasos de una cotización o licitación. A la fecha, se han hecho 132 adjudicaciones que suman Q32 millones 896 mil 818. Entre las últimas se encuentran 12 mil 800 tintes para impresoras a un costo total de Q1 millón 030 mil 400.
