“Populistas que buscan entronizarse en el poder” amenazan las frágiles democracias, algunas recién consolidadas tras haber salido de sus episodios más oscuros como son las guerras en El Salvador y Nicaragua.
Reflejo de ello es que al menos cuatro de los siete países de Centroamérica, Guatemala, Honduras —dirigido entonces por el expresidente Juan Orlando Hernández—, El Salvador y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia celebrada a finales de 2021 por el gobierno de los Estados Unidos.
El experto Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC, comenta que la situación política de la región muestra señales de desestabilización que, en algunos casos, pueden ser “irreversibles” en el mediano plazo, como es la actual concentración de poderes en El Salvador a manos del presidente Nayib Bukele, que se autodenomina como “el cool” de la región.
Según Orozco, el mandatario está llevando el país a la “impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de censura y criminalización”.
Recientemente el gobierno de Bukele, por medio del Parlamento que controla su partido, decretó un régimen de excepción tras una escalada de asesinatos a finales de marzo; además de esto, el legislativo aprobó una serie de reformas al Código Penal de penas de cárcel para los medios de comunicación o periodistas que reproduzcan información o mensajes de las pandillas.
Para Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, con medidas de este estilo, “Bukele ha logrado en tiempo récord desmantelar las instituciones democráticas del país”.
La decisión de imponer un estado de excepción, aseguró Pappier a la Voz de América, “ha suspendido los derechos fundamentales de los salvadoreños y (…) abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos”.
La figura de Bukele no está aislada, señaló el investigador, sino que forma parte de un “momento muy duro [y] muy preocupante en materia de derechos humanos” por el que está atravesando Centroamérica.
En esto coincide Eric Olson, investigador de la Seattle International Foundation, para quien en los últimos meses ha habido una “reversa en el tema de la democracia y la independencia de los mecanismos de control de los Estados” en la región.
El caso más paradigmático, aseguró Olson a la VOA, es el de Nicaragua, donde la crisis social y política que comenzó en el 2018 se ha prolongado. A este caso se le suman los de El Salvador y Guatemala, donde Olson señala que existe un retroceso democrático.
En estos países, afirmó, “las instituciones democráticas han sido deliberadamente politizadas y debilitadas en estos últimos meses”. La reducción de la independencia en la rama judicial es un común denominador en estos gobiernos, señaló Olson.
“En particular con la falta de la independencia de los ministerios públicos (…) la manera en que han politizado los tribunales y leyes con intención de debilitar la sociedad civil y limitar la libertad de expresión desde Nicaragua hasta Guatemala”, agregó.
En Guatemala varios exfiscales han sido forzados a salir del país debido a la persecución que enfrentan. El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la falta de avances en los esfuerzos anticorrupción y agregó en una lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos a dos funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei: la fiscal Consuelo Porras y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda.
En lo que va del año, al menos 15 impartidores de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
Si bien el gobierno guatemalteco ha negado los señalamientos, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica indicó que tenían “grandes preocupaciones por que la lucha contra la corrupción no haya avanzado como debería y nos gustaría ver pasos concretos”.
En el gobierno de Alejandro Giammattei, existe una alianza “de sectores corruptos, tanto en el Estado como en el sector privado, que se han dedicado a perseguir a los jueces y fiscales honestos que hay en el país para garantizarse la impunidad y con ello se han llevado puesto el Estado de derecho y han debilitado fuertemente la independencia judicial y las instituciones democráticas”, en opinión de Pappier.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evalúa que la situación en Centroamérica pasa por un crecimiento de los líderes populistas autoritarios.
Estas figuras políticas, señaló Guevara, resultan atractivos para una “población que está sometida a la vulneración de sus derechos humanos” donde estos líderes “presentan soluciones simples a complejos problemas, donde no se están atendiendo las raíces ni las causas estructurales”.
Guevara-Rosas pone como ejemplo el caso de Bukele, que como parte de un paquete de reformas aprobadas a finales de marzo, pasó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece prisión para los menores de edad a partir de los 12 años, con condenas de hasta 10 años.
“En El Salvador el tema de la violencia tiene sus causas en las desigualdades, en la pobreza y en la violencia que han ejercido hasta las propias autoridades”, subrayó Guevera-Rosas, “son estas niñas niños, adolescentes quienes han estado sometidos a la reclutamientos forzados a la violencia sexual entre otras sin que el Estado se plantee políticas integrales de respuesta”, agregó.
