Uno de los hallazgos de los datos registrados es que entre el 2015 y el 2016 se produjo un incremento del 178.8 por ciento en el número de adquisiciones reportadas por las municipalidades.
Esto pese a que el aumento en fondos erogados en el mismo período fue del 32.77 por ciento.
¿A qué obedece esta multiplicación en el número de eventos, frente a un crecimiento mucho menor de los recursos ejecutados?
Al contrastar los datos con personal de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas, los técnicos confirmaron los datos y dieron una explicación a este fenómeno.
En diciembre del 2015, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. Entre los cambios se incluyó que todas las compras directas —adquisición de bienes, obras o servicios sin requerir de licitación o cotización— deben registrarse con un número de operación en Guatecompras (NOG) y las compras menores a Q25 mil con un número de publicación en ese portal (NPG).
Como consecuencia de ello, las municipalidades comenzaron a registrar adquisiciones que en el pasado no se reportaban y que solo se podían conocer al solicitarlas a las alcaldías.
Según la Ley de Contrataciones, en el artículo 43, la modalidad de compra directa “se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición”.
Las últimas en sumarse
Durante un plazo de seis meses, que venció el 29 de abril del 2017, aún se registraron las compras atrasadas, confirmó el Ministerio de Finanzas.
El último incentivo para que las municipalidades se sumaran a registrar las adquisiciones se dio en noviembre del año pasado. A partir de esa fecha las municipalidades no podrán pagar las compras que no cuenten con NOG o NPG.
El segundo hallazgo en la información analizada es el incremento en la modalidad de compra directa, la cual pasa de ser del 2 por ciento de las adquisiciones en el 2015 al 58 por ciento en el 2016, y 43 por ciento el año pasado.
Ese cambio, a su vez, incide en los mecanismos de control a los que se ven sometidas las adquisiciones según el tipo de compra.
En el 2015, las compras por cotización representaron el 81 por ciento de los eventos y el 54 por ciento de los fondos gastados, mientras que en el 2016 las compras por cotización fueron el 32 por ciento y el 44 por ciento de los recursos, y el año pasado el 41 por ciento se hizo por cotización, pero representó solo el 38 por ciento de los fondos.
El análisis de datos muestra que el mecanismo de cotización, que posee más controles, sufrió una disminución porcentual en relación con el gasto frente a las compras directas, entre el 2015 y el 2017, al bajar de representar el 54 por ciento del gasto al 38 por ciento.
En las compras por cotización, el contratante, en este caso las municipalidades, tienen que presentar bases para el concurso y tienen prohibido, según el artículo 39 de la ley, “fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o proveedores”, con el fin de evitar que los concursos sean arreglados para favorecer a proveedores específicos.
Por otro lado, en los eventos de licitación que abarcan los montos mayores a los Q900 mil, aunque disminuyó el número de eventos, sí creció moderadamente en los recursos gastados en esa modalidad.
En el 2015 fueron el 15 por ciento de las compras y el 44 por ciento de los recursos, en el 2016 fueron el 6 por ciento de las compras y el 45 por ciento del dinero gastado y el año pasado el 11 por ciento y el 52 por ciento de los fondos.
Más hallazgos de la CGC
Este manejo de recursos ha corrido paralelo a un incremento en las denuncias a las municipalidades por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Según el informe de fiscalización de esa entidad, en el 2014 se presentaron 27 denuncias a municipalidades, mientras que en el 2015 fueron 237 y en el 2016 un total de 277, detalló el subcontralor de gasto público de la CGC, César Elías. El informe del año pasado se encuentra en elaboración.
Entre las razones del aumento se encuentra mayor demanda ciudadana, admite Elías, luego de las jornadas de manifestaciones en contra de la corrupción en el 2015.
“Le exigimos más a nuestros auditores. Hicimos un cambio de los auditores asignados a municipalidades, cambiamos al cien por ciento de ellos y colocamos a gente oxigenada que venía de otras unidades”, explica.
El ejercicio de la auditoría, en todo caso, es muestral. Los auditores asignados a las alcaldías reciben ahora un contenido mínimo de elementos para analizar, con base en indicios elaborados por la Dirección de Monitoreo de la CGC, lo cual les permite ir tras los eventos más sospechosos.
En el 2016 se presentaron denuncias contra 70 municipalidades, el 21 por ciento de la totalidad de corporaciones municipales, y se elaboraron “informes de cargo”; es decir, se pidió a funcionarios de 26 alcaldías que se reintegren recursos por gastos que no corresponden a los objetivos de la municipalidad.
Para la Contraloría, explica Elías, “el 28 por ciento de municipalidades presenta o refleja algunas irregularidades, que por supuesto ya está en investigación en el MP y el sistema judicial a través del Tribunal de Cuentas”.
Si bien es cierto que el mayor número de hallazgos también está relacionado con una mayor cantidad de recursos administrados, el subcontralor de gasto apunta también a otras causas.
Una de esas razones es la renovación de personal sin experiencia cada vez que cambia la administración. “Los concejos municipales colocan, además, a las personas que los apoyaron en la campaña. En el peor de los casos, cuando ya hay un objetivo ilícito, se coloca a aliados para actos corruptos”, comenta Elías.
Incremento en fondos
El alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, reconoce ese incremento en las adjudicaciones. Los cambios legales, dice, “obligan ahora a hacer adjudicaciones de montos más pequeños. Ahora tienen que hacer muchas compras pequeñas para poder llegar a los montos que antes tenían. Antes se hacían compras de hasta Q90 mil por compra directa, ahora tienen 25 mil en baja cuantía”.
Lo que antes compraban en un año ahora lo hacen tres o cuatro veces, explica Escobar, además de que las comunas se ven obligadas a registrar más información pública.
Escobar afirma que las municipalidades registran cada vez más ingresos propios, y que esa tendencia continuará al alza, lo que a su criterio explica el aumento en hallazgos y denuncias.
El alcalde propone, como medida de transparencia, crear una lista negra de empresas tachadas por investigaciones de Ministerio Público y CGC para contratación por las municipalidades.
Rastreando un patrón
Entre las pautas de comportamiento detectadas por la Contraloría, una de las prácticas más repetidas para actos ilícitos es la contratación de familiares de los integrantes de los concejos como proveedores.
“Se le habla a personas cercanas para que participen en eventos. Hay nombramiento de juntas de licitación o cotización que obedecen a algunos intereses de autoridades, y se les da el monto por el que se quiere adjudicar. Con esta información privilegiada, la oferta entra entre la franja aceptable y se adjudica a la empresa”, explica el subcontralor.
Por otro lado, si una empresa ofertante entra en la franja, la junta calificadora comienza a buscar objeciones sin sentido y tecnicismos para descalificarla.
“Buscan cosas como si se equivocó en una letra en un formulario, y cuando el auditor les pregunta después cómo afecta eso el evento, dan cualquier excusa”, detalla Elías.
Esto es compartido por el ingeniero Álvaro Zepeda, representante de la Cámara de la Construcción en la Iniciativa de Transparencia en el Sector de Construcción (Cost), una entidad multipartita y multisectorial a nivel internacional.
“Si alguien quiere ir a cotizar en alguna municipalidad, tiene que tener una muy buena relación con el alcalde, con las autoridades locales. En una oportunidad fui a participar en el interior del país. Hice la visita. Estábamos las tres empresas concursantes. Entregamos la cotización. Luego resultó que aparecieron cinco cotizando, ¿y qué pasó? Pues nos dicen, ellos vinieron y se hizo una visita después; ese es un primer indicio”, comenta Zepeda.
“Luego resulta que había unas empresas con unos precios que casi le pegaban al precio oficial. ¿Para qué seguir gastando en hacer cálculos, presentar una oferta, cuando muchas veces ya están arreglados los proyectos? Lo que uno decide es retirarse”, explica el constructor.
A menudo estas irregularidades parten, en el caso de las cotizaciones y licitaciones, desde las mismas bases del evento, y siguen el proceso de adjudicación y en el acta de recepción de la obra o el bien, la cual no presenta ninguna objeción comenta Elías.
“En ese momento comenzamos a analizar quiénes son los dueños de las empresas, qué parentesco tienen con miembros del Concejo o con algún empleado. En ese momento la auditoría social es muy importante”, detalla el subcontralor.
La información que la ciudadanía brinde a los auditores es clave, explica Elías, ya que muchas veces en un primer momento no son claras las vinculaciones entre contratistas y funcionarios. Uno de los casos citados es el del alcalde de Nebaj, Quiché, Pedro Raymundo Cobo, denunciado penalmente en el 2017 por haber contratado servicios de un yerno y consuegro.
“Muchas veces hay discrecionalidad en las municipalidades, por eso muchas de las empresas formales se han retirado”, comenta Zepeda, quien también apunta que los contratistas empiezan por incidir en una municipalidad y luego amplían sus vínculos a los alrededores.
