“Sabiendo que lo que deseamos es vivir en paz y tranquilidad sepan que los delincuentes van a estar en la cárcel. Por eso aquellos asesinos, secuestradores, violadores… ¡Pena de muerte!”, exclamó Molina Barreto lo cual arrancó los aplausos de los asistentes.
Al finalizar la actividad, no obstante, el mismo vicepresidenciable reconoció que esta medida no contrarrestaría la delincuencia.
“No es disuasivo, es en cumplimiento de la ley. Lo que tenemos que hacer es un ajuste legislativo porque gobiernos pasados han hecho lo posible por no aplicarla, y si bien hubo algún problema en la legislación, la Corte (de Constitucionalidad) explicó en qué casos no se puede aplicar, pero no ha sido abolida por el Congreso así que su aplicación está en la ley”, aseveró Molina Barreto.
Aunque ese castigo como tal no ha sido borrado de la legislación guatemalteca, desde el 2017 ya no existe delito en el Código Penal guatemalteco que sea susceptible de la pena de muerte, por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Las últimas ejecuciones tuvieron lugar el 29 de junio del 2000 cuando la pena de muerte fue aplicada los reos Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.
Luego de estas ejecuciones, el presidente Alfonso Portillo eliminó en el 2001 la facultad del Ejecutivo de aplicar el indulto. El tema se retomó en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando el Congreso intentó por medio de un decreto la reactivación de la pena de muerte y el indulto presidencial. Sin embargo, Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.
Mejorarán programas sociales
La presidenciable del partido Valor, quien durante la visita vistió de blanco chalina celeste y sandalias, también se dirigió a las mujeres y garantizó que los programas sociales “que muchas veces se han politizado” no desaparecerán, por el contrario “serán mejorados”.
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“Los programas sociales se quedan cortos con lo que el partido Valor va a hacer a través de la revolución educativa. Nuestros niños tendrán desayuno, almuerzo, un baño, una cocina digna en todas escuelas, artes, oficios, músicas y tendrán valores”, enfatizó la exdiputada quien ya buscó la Presidencia en las elecciones pasadas por el partido Viva.
Sin embargo, Ríos garantizó que, para sus planes de gobierno, incluidos los programas sociales, no se aprobarán más impuestos, sino que se optimizarán los que ya existen, para que el dinero se dirija a donde más se necesita.
Agregó que los programas sociales no deben ser una “dádiva”, sino acciones para mejorar la inversión en salud y educación, así como hacer un mejor trabajo presupuestario de servicio público.
En ese sentido enfatizó en su plan de obras en vez de impuestos, del cual ya había hablado un día antes en San Mateo, otro municipio de Quetzaltenango. Al final de la actividad Ríos aseguró que este ya es un proyecto que está definido y que incluso ya saben que artículos del Código Tributario se van a reformar.
La presidenciable garantizó que ese mecanismo facilitaría el pago de impuestos a los grandes contribuyentes y que ya se aplica en otros países como Perú.
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“Lo mejor de esto es que quien contribuye ve su obra reflejada y el ciudadano ve de regreso su impuesto, eso gestiona la transparencia y la lucha contra esa opacidad y corrupción”, indicó Ríos, quien aseveró que dichas obras serían fiscalizadas no solo por la Superintendencia de Administración Tributaria, sino también por los colegios profesionales, entre otras instituciones.
Finalmente, como lo ha hecho en mítines anteriores y con credencial de inscripción en mano, garantizó que “nos vamos a ver en las urnas” ya que su participación está asegurada y aparecerá en las papeletas de votación el próximo 16 de junio.
Ríos fue enfática en que correrá por la Presidencia a pesar de que la CC debe resolver aún si lo hará, por un supuesto impedimento constitucional que tiene por ser hija del fallecido general José Efraín Ríos Montt, quien encabezó el golpe de Estado de 1982.
Populismo
El analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Christians Castillo, indicó que ofrecer la pena de muerte cuando aún hay convenios internacionales como el Pacto de San José que impide hacerlo, no puede ser considerado de otra forma más que populismo electoral.
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“Es una falsedad -el ofrecimiento- o un manejo populista si se plantea la pena de muerte como la panacea a la problemática de seguridad en el país”, precisó Castillo, quien indicó que para aplicar el castigo Guatemala tendría que denunciar el Pacto porque en materia de derechos humanos, los tratados internacionales tienen la misma preeminencia que la Constitución.
Para el analista, ese castigo es un “añejo” planteamiento de Zury Ríos, pero los votantes debieran tomar en cuenta que este no se puede aplicar a todos los delitos, y que, de concretarse una sentencia firme por un tribunal, transcurrirían unos 10 años entre recursos legales y dilatorios en las cortes para que terminara aplicándose.
Castillo consideró que el planteamiento de la pena de muerte goza de la aceptación de un segmento pequeño de la población, sobre todo jóvenes y personas que han sido víctimas de crímenes de alto impacto.
#DecisiónLibre2019 Simpatizantes de candidata presidencial Zury Ríos descienden de un autobús que los trasladó hasta el predio donde será la actividad. @prensa_libre pic.twitter.com/vwJmHlPPtT
— Sergio Morales (@smorales_pl) May 5, 2019
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