“Simple y sencillamente ahí hay abuso de la fuerza y extralimitación por parte de esas autoridades”, dijo el mandatario.
Sin embargo, el Primer ministro beliceño Dean Barrow dijo que patrullas de las Fuerzas de Defensa – de Belice- (BDF, en inglés) habían localizado al menor de forma ilegal en el país y lo “habían enviado de nuevo a Guatemala, después de encontrarlo en el territorio de Belice”, según declaró a medios locales.
Barrow agregó que “el detalle no había sido revelado por respeto a la familia y para evitar simpatía por el adolescente, quien estaba en Belice de ilegal”.
En su página web, el periódico 7 News Belize informa que el primer ministro beliceño dijo que cuando fue encontrado el menor, en una ocasión previa al mortal incidente, “no estaba armado” y todo lo que hicieron las BDF fue escoltarlo de regreso a Guatemala.
En declaraciones de David Jones, comandante de las Fuerzas de Defensa de Belice, quien habló por primera vez sobre el incidente, dice que los soldados “dispararon en la oscuridad y en defensa de sus vidas”.
Con relación a la postura de Dean Barrow, quien dijo que el tema ya había sido superado, el presidente Morales aclaró: “Me imagino que –Barrow– se refirió a que el momento tenso de crisis llega a una solución en la cual los dos países decidimos ir a una investigación”.
Los gobiernos acordaron que una entidad neutral dirija la investigación, y que la OEA integre una comisión especial de tal forma que la investigación criminal concluya con una sentencia para el o los responsables.
El Canciller Carlos Raúl Morales durante una citación con diputados en el Congreso, dijo que “de manera cínica los informes de Belice siempre concluyen en que se actuó en defensa propia”.
Morales aseguró que las comunidades guatemaltecas que viven en la zona de adyacencia no cuentan con servicios de agua y electricidad, por lo que van al bosque a buscar medios de subsistencias.
En la sesión del Congreso, los diputados condenaron la muerte del niño guatemalteco y exigieron a las autoridades investigar el caso y exigir una reparación de daños a la familia. Solicitaron una enmienda para que el Gobierno implemente programas sociales basados en respeto y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores que viven en la zona de adyacencia.
