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Dicha iniciativa busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional, con cambios dirigidos a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.
Dicha propuesta busca absolver a condenados por estos hechos, aplicando retroactividad de ley. También modificaría el artículo 5 para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en el enfrentamiento armado interno.
A criterio de la Comisión Permanente, el amparo constitucional “erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar; inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes”.
Por esa razón, el pasado 24 de junio el presidente del Congreso, comisionado por la Comisión Permanente pidió el retiro de antejuicio de los magistrados contra los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela, por los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
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Sin embargo, la decisión de la Comisión Permanente no fue bien recibida por todas las bancadas, aunque otras, la oficialista y sus aliadas, sí están en favor de que se les retire el fuero a los magistrados y se les investigue por los delitos señalados.
Posturas encontradas
Estuardo Galdámez, del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), afirmó que “los magistrados de la CC abusaron de su autoridad y en vez de resguardar el contenido de la Constitución lo que hicieron fue violarla”.
“Qué tiene que venir a decirle la CC al Congreso qué tiene que hacer. Actuaron con total irrespeto, el Congreso es un poder del Estado y sus miembros fueron electos soberanamente, ellos no, por lo tanto no están arriba”, afirmó el congresista.
Galdámez espera que la Corte Suprema de Justicia envié pronto la solicitud de antejuicio de los diputados al Congreso y que se forme la Comisión Pesquisidora para que el pleno decida si retira el antejuicio a los magistrados. A su criterio los magistrados deberían ir a la cárcel.
Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), considera que la denuncia “es una acción política por parte de quienes integran la Comisión Permanente” y que la acción “está fuera de lugar, pues las decisiones de la CC deben acatarse”.
“Esta es una acción política, igual a la que ya han hecho este tipo de diputados como presentar iniciativas que generan polarización y confrontación. No han entendido que fueron castigados con el voto de la población y no tienen solvencia para señalar a la CC”, afirmó el congresista.
Añadió que como bancada no avalan, ni respaldan esta acción y que analizarán accionar legalmente en contra de los Comisión Permanente porque “las resoluciones de los órganos competentes deben de acatarse”.
Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), señaló que sí están de acuerdo con la decisión que tomó la Comisión Permanente y que el tema de fondo es que la CC no puede evitar que el Congreso haga su trabajo legislativo.
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“Independientemente del tema que se esté tocando, la función legislativa es constitucional y le corresponde al Congreso, y cuando algo no ha nacido a la vida jurídica por qué van a amparar a alguien que no le parece una iniciativa y obstaculizar el procedimiento que está en la constitución”, afirmó el parlamentario.
Castañeda consideró que el procedimiento correcto hubiera sido que, en el caso que la iniciativa hubiera sido aprobada, cuando esta hubiera sido publicada inmediatamente alguien hubiera podido poner un amparo y no había ningún problema.
Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), calificó como “desacertada” la decisión de la Comisión Permanente de denunciar a los magistrados de la CC y como “lamentable que se pronuncien en nombre del Congreso”.
“Esta decisión al menos a mí no me representa, la CC actuó basada precisamente para preservar el orden constitucional. La Ley de Reconciliación tiene un apartado muy claro en el cual nunca se dará amnistía a delitos de lesa humanidad y no se puede cambiar debido a convenciones internacionales ratificadas por Guatemala”, apuntó la legisladora.
Montenegro añadió que lo que la CC hizo fue evitar que el país “cayera en aprietos ante el concierto internacional” y ratificó que la decisión de la Comisión Permanente no representa el sentir de todos los integrantes del Congreso.
Manuel Conde, jefe del bloque Partido de Avanzada Nacional (PAN), afirmó que la resolución de la CC es “excesiva y contraria a la Constitución Política con respecto a funciones establecidas al Congreso de la República”.
Sin embargo, el congresista consideró que la denuncia en contra de los magistrados es una “acción precipitada de la Comisión Permanente”, la cual debió analizar con más detenimiento.
“Se hubiera privilegiado el diálogo interinstitucional. Debe hablarse entre el Congreso y la CC para acordar alcances de resolución que injiere el ámbito de acción del Congreso y establecer parámetros de respeto en ámbitos de competencias”, declaró Conde.
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Enrique Álvarez, jefe de Convergencia, indicó que la bancada “desconoce y rechaza la acción legal emprendida por la Comisión Permanente, en contra de los magistrados de la CC, por lo resuelto sobre la iniciativa de ley 5377”.
“La bancada se ha pronunciado en contra de la iniciativa 5377 porque vulnera el derecho de las víctimas de buscar justicia por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno, por ser inconstitucional y ser un retroceso en materia de los derechos humanos”, afirmó el diputado.
Álvarez recordó que el artículo 167 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad “regula claramente que los magistrados de la CC no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.
Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores, indicó que apoya la gestión que se hace porque los magistrados se extralimitaron en sus funciones en esta ocasión.
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“El Congreso tiene que cumplir con su papel que está claramente establecido en la Constitución, una de ellas es legislar y no se nos puede vedar desde ningún punto de vista esta posibilidad”, afirmó el parlamentario.
Rojas también argumentó que después de que una iniciativa se convierte en ley es el momento de que cualquier persona lo impugne y argumente su posición, pero antes no es posible que esto suceda.
Walter Félix, jefe de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), indicó que la decisión de la Comisión Permanente que compromete a todo el Congreso cuando hay muchos diputados que no están de acuerdo.
“Desde antes de que esta iniciativa llegara al pleno se le hizo una serie de observaciones al ponente en el sentido de que no era prudente que se hicieran reformas a la Ley de Reconciliación Nacional porque lo que establece está en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Guatemala”, añadió el diputado.
Félix consideró que la decisión de la Comisión Permanente, tiene una intencionalidad clara para favorecer a quienes violaron los Derechos Humanos de la población guatemalteca en el marco del conflicto armado interno.
Destaca que por la forma que opinan los distintos integrantes de los bloques legislativos, y en el caso de que la solicitud de antejuicio prospere, ninguna de las dos posturas —a favor o en contra— tendría los 105 votos necesarios ya sea para retirar el fuero o para archivar el expediente.
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