La sección 1287 de la NDAA indica que el reporte que se debe enviar al Congreso de EE. UU. incluirá los nombres de los altos funcionarios de gobierno de los tres países que hayan cometido o facilitado actos de corrupción o narcotráfico.
También el de los funcionarios electos cuya campaña haya sido financiada con dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años, y el de los particulares que las hayan financiado.
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Mensaje contundente
La página del Congreso divulgó unas declaraciones de Torres en las cuales afirma que, con la sanción de la ley por parte del presidente Trump, “nuestra legislación envía un mensaje claro de que los Estados Unidos habla en serio sobre la lucha contra la corrupción en América Central”.
Torres añadió que “debemos estar dispuestos a dar nombres”. El secretario de Estado ahora, tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de dichos nombres.
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Por su parte el senador Ben Cardin expuso que los abusos contra los derechos humanos y la corrupción se ha arraigado en Centroamérica y que eso impacta en la seguridad nacional de EE. UU., por lo cual la ley es una herramienta “para nombrar y avergonzar” a funcionarios corruptos, así como negarles su ingreso al país norteamericano.
Orgullosa de anunciar que la provisión bicameral que presenté con @SenatorCardin para responsabilizar a los funcionarios corruptos en Centroamérica ha sido firmada en ley por el Presidente. ¡Es hora de ponernos a trabajar contra la corrupción!
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) August 14, 2018
“Me complace que esta disposición sea ahora ley y le agradezco a la congresista Torres y a nuestros colegas por sus esfuerzos”, añadió Cardin.
Las personas nombradas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos.
Norma Torres integra el subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
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En mayo último, denunció que enemigos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han pagado hasta US$80 mil al mes por intentar socavar el apoyo de los EE. UU., a la Comisión.
“Sería un grave error ceder a esfuerzos de políticos corruptos y criminales en el país”, expuso Torres en aquella ocasión en un comunicado.
Cardin integra el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es el demócrata de más alto rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, es coautor de la Ley Magnitsky.
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