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Autopista Palín-Escuintla sigue sin mecanismo de mantenimiento y empresarios abogan por rápida reparación
La concesión con Marhnos finalizó en el 2023, sin embargo, no se ha finalizado la recepción por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Los trabajos iniciaron hace una semana en los tres puntos que el CIV contrató. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los 30 kilómetros de la autopista Palín-Escuintla han dejado de recibir un mantenimiento preventivo en los últimos meses debido a que no se ha establecido cuál será el mecanismo por medio del cual se administrará. En mayo del 2023 finalizó la concesión de la ruta con Marhnos, pero no se ha realizado la entrega formal de la vía. Las autoridades sostienen que se lleva a cabo la fase preliminar de la entrega.
En diversas ocasiones actores del sector privado han señalado la importancia del mantenimiento de la infraestructura vial, y dicha autopista ha sido un asunto recurrente desde el fin de la concesión, mientras los trabajos continúan en tres puntos de la carretera. Algunos indican que sería "prudente" analizar la posibilidad de volverla a ceder a una empresa privada.
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, argumentó que en el sector hay "una preocupación real" no solo por las reparaciones que hace el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por el hundimiento ocurrido hace cuatro meses en el kilómetro 44, sino porque no hay claridad en el mecanismo para brindarle mantenimiento.
"Si se sigue el mismo modelo -que la administre el CIV-, los resultados serán los mismos, de que ya nunca tendremos una autopista como la que se tuvo con el peaje. Por eso, con las condiciones actuales, lo mejor es volver a concesionarla", expresó Zapata.
Añadió que otra opción viable es que se apruebe la ley de Infraestructura Vial Prioritaria en el Congreso, en la que la autopista de Palín está incluida, y que se maneje bajo ese mecanismo que brindaría herramientas para contratos de pagos por disponibilidad de servicios.
"De momento las opciones de seguir bajo un modelo de obra pública tradicional no se ve que vayan a dar los resultados esperados, y francamente si no se aprueba la ley de Infraestructura Vial Prioritaria, el Gobierno debería pensar sinceramente en volver a concesionar la ruta, ya que vimos que fue un mecanismo eficiente en su momento", recalcó.
Por su parte, la presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen Torrebiarte, resaltó la importancia del mantenimiento de carreteras en general, y apunta que los meses en los que las rutas han dejado de recibir cuidado repercutirá en que se requiera más presupuesto.
"Va a ser más costosa la recuperación -de las carreteras por falta de mantenimiento-, pero se puede recuperar. Lo que pasa es que va a haber que meterle más recursos en los próximos años para volverlas a tener de nuevo con su mantenimiento necesario", hizo ver.
Además, urgió a las autoridades del CIV a reparar la autopista Palín-Escuintla, y que se espera que debido al fondo que se les asignó en la ampliación presupuestaria, se entregue una ruta con condiciones mejoradas.
"Lo que tenemos que ver es que realmente ejecuten y que nos dejen esa autopista igual o mejor de como la recibieron", puntualizó Torrebiarte.
El ministro del Comunicaciones, Félix Alvarado, ha explicado que los trabajos en la autopista se podrían finalizar incluso antes de los tres meses que establecen los contratos para los que se utilizaron Q99 millones otorgados en la ampliación presupuestaria y para los que no se requeriría un proceso de cotización o licitación.
Tres modelos
Volverla a concesionar, ser administrada por un banco estatal o quedar a cargo del CIV son tres de las alternativas a las que la cartera se puede inclinar, según explicó la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. Detalló que esas tres alternativas se analizaban cuando ocupó el despacho de la institución.
"Habría que ir al Congreso nuevamente -para volverla a dar en concesión-, peor ya está el modelo de la asociación público-privada que va -de- Escuintla a Puerto Quetzal y este mismo", explicó.
Añadió que el segundo esquema al que se podría recurrir es que la ruta pase a ser administrada por un banco del Estado, que podría ser el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) o algún otro. Y la tercera opción es que siga a cargo del CIV, pero recurrentemente se tendrían que adjudicar mantenimientos para los puntos de la autopista.
"En este momento nada -sobre la capacidad que tiene el CIV para administrar la autopista-, pero tendrían que haberlo considerado en el proyecto de presupuesto porque son varios kilómetros, como 28, y se terminan una buena parte de los fondos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para darle mantenimiento a esta ruta", agregó.
Advirtió además que no se ha realizado un recibimiento formal a Marhnos de la autopista, lo que causa que incluso se corra el riesgo de recibir una demanda por no finalizar el procedimiento de revertimiento de la concesión.
"Debería haber una consecuencia legal porque todo el proyecto hay que liquidarlo porque hay un tiempo para hacerlo. La Contraloría General de Cuentas (CGC) ya había identificado que ya habían pasado casi 18 meses y se quedó parada. En el contrato creo que decía que debía hacerse el proceso de revertimiento en cinco o seis meses", precisó la exfuncionaria.
Asimismo, el viceministro de Infraestructura Max Alejandro García amplió que se espera que en las próximas semanas se finalice el proceso de revertimiento que se ejecuta por medio de una comisión específica nombrada, que ahora hace la revisión respectiva.
"Luego de ello el proceso necesariamente implica una fase de liquidación, en la cual tanto la concesionaria como el Ministerio de Comunicaciones revisan los saldos derivados del contrato de concesión y se elabora una liquidación final", comentó el funcionario.
Iniciativa 5431
La iniciativa de ley de Infraestructura Vial Prioritaria, número 5431, está incluida en la agenda de la plenaria del Congreso de este 22 de octubre como último punto para aprobación por artículos y redacción final. Contempla incluir en un plan de conservación, operación y mejora las rutas centroamericanas por medio de contratos de más de 20 a 30 años que pagará el Ejecutivo a la empresa que contrate solo si se tienen las condiciones óptimas en las carreteras.
Este nuevo modelo lo manejará una nueva institución que se creará, llamada Dirección de Proyectos Viales Prioritarios. La iniciativa fue presentada en el 2018 por varios diputados, y este año ha entrado nuevamente a discusión, por lo que se le realizaron algunos cambios respecto a la propuesta original.