El pasado 24 de octubre, la Comisión de Finanzas del Congreso dictaminó de manera favorable el proyecto de presupuesto que llegará a Q128 mil 880 millones. Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, de lo contrario quedará vigente el de este año.
La Comisión no quiso aprobar un aumento de Q1 mil 800 millones que solicitaba el equipo de transición del gobierno electo.
En el presupuesto, de ser aprobado, son los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quiché, Petén, Sololá y Chimaltenango en donde se concentraría la mayor cantidad de proyectos. En total, dos mil 164 equivalente al 40% del total. En recursos, estos seis departamentos acapararían Q3 mil 129 millones de los recursos destinados a inversión de obra física.
El monto propuesto este año refleja un incremento de Q1 mil 838 millones en relación con el 2023, aunque la cantidad de obras refleja una ligera disminución —10 en total—. Esto se explica con que hay obras multi regionales que abarcan varios departamentos.
Entre estas, se asignan casi Q1 mil millones para la ampliación a cuatro carriles de tres tramos del anillo regional. Uno en Villa Canales; el segundo en El Progreso, y otro más en Escuintla.
Asimismo, se incluye una buena cantidad de construcción de puentes, hospitales, distribuidores viales y carreteras. También se contempla la continuación de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, que construirá el Ministerio de Gobernación para lo cual se asignan el próximo año Q374 millones.
Consejos de Desarrollo
El presupuesto también incluye un aumento de Q531 millones para los Codede, instancias departamentales que proponen proyectos desde los consejos comunitarios de desarrollo. Según la propuesta, se priorizarían proyectos relacionados a asuntos económicos, urbanización y servicios comunitarios, educación, protección ambiental y salud.
Los departamentos que concentrarán mayor cantidad de recursos asignados a los Codede —el 43% del total— son, en este orden: Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Quetzaltenango, con Q1 mil 683 millones del total.
El incremento a los Codede ocurre, pese a las constantes críticas por la mala ejecución de estos recursos. Este año, hasta mediados de septiembre, el promedio de gasto llegaba al 35%, con varios departamentos que apenas rebasaban el 10%. Analistas atribuyen el atraso, año con año, a los trámites burocráticos, pero también a la escasa capacidad de las municipalidades.
Análisis
Carlos Gossmann, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que el aumento de la inversión no es algo malo; sin embargo, es importante establecer si los proyectos han sido planificados de buena forma, es decir, si se han costeado de manera justa, si no se sobrevalorarán o si se utilizará adecuadamente la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
Añadió que habría que determinar si el listado de obras está enfocado a atender las grandes necesidades del país, y que a su parecer se centran en salud y educación, sobre todo en cuanto a puestos y centros de salud y edificios educativos de nivel medio y de preprimaria.
A juicio de Grossmann, la corrupción es el principal problema que tiene el país al hablar de la ejecución de obras de infraestructura, tanto del gobierno como de los proveedores del Estado, así como la falta de capacidad de aplicar la LCE y la sobrevaloración de proyectos dadas las condiciones del mercado.
“Lo que se destina para inversión termina siendo poco. Si esta va orientada prestar servicios, se debe incrementar también el funcionamiento porque de nada sirve un hospital o una escuela si no hay plata para que funcione”, subrayó.