Los alcaldes electos enfrentan antejuicios, órdenes de captura e irregularidades en adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo, Jorge Rizzo, de Puerto San José, Escuintla, y William Duarte, de Santa Catarina Mita, Jutiapa, son vinculados con narcotráfico y lavado de dinero por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Otros jefes ediles regresaron luego de haber dejado el cargo durante uno o dos periodos, mientras otros, al no obtener finiquito de la Contraloría General de Cuentas, postularon a un hijo o yerno, y así ganaron.
Independencia
Magistrados del TSE manifestaron que ellos respetaron la autonomía de las juntas electorales departamentales, por ser estas órganos temporales de ese tribunal, para el proceso electoral.
Las adjudicaciones fueron aprobadas por las Juntas; sin embargo, si las personas presentan alegatos, y dependiendo de cada caso —si este se sustenta—, podrían conocer los magistrados.
Estos funcionarios ignoraban que entre los jefes ediles electos hubiera casos como los de los legisladores.
“Nosotros respetamos la autonomía y lo que podrían hacer, no estábamos supervisando lo que ellos hacían. Los integrantes de las Juntas hacen un acta de todos los resultados de ese departamento y otorgan los cargos. Por aparte, no sabemos si notifican al Tribunal sobre las diligencias. A partir de todo lo que sucedió, se deben mejorar los sistemas, para excluir a las personas al finalizar la elección”, expuso un magistrado.
Mejorar controles
Pedro Cruz, integrante de la asociación Primero Guatemala, afirmó que se deben mejorar los controles, tanto de las Juntas como del Registro de Ciudadanos, que depuran las listas de candidatos antes de que se celebren las elecciones.
“Estamos en un proceso de crecimiento de la ciudadanía, donde estamos comprendiendo cómo se debe depurar el sistema. Sin embargo, falta mucho y debemos comprender que las Juntas y el mismo Registro de Ciudadanos tienen mucha culpa de que varios candidatos hayan tenido su credencial para participar en las elecciones teniendo procesos abiertos”, explicó Cruz.
El activista agregó que en la depuración se debe incluir a los alcaldes, que representan el poder local.
“Las protestas históricas de la Plaza deben pasar a acciones concretas en contra de la corrupción, y es ahí donde debemos voltear a ver a las municipalidades”, dijo.
El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que en alguna medida ve problemático este punto, debido a que las Juntas no utilizaron mecanismos adecuados de depuración y adjudicaron los cargos.
“Las Juntas no consideraron criterios para aplicar el 113 constitucional y otros criterios para medir la idoneidad, capacidad y honradez de los electos. Nos pone en un escenario legal ambiguo y lo que nos plantea es generar reformas al sistema para que no se repita”, dijo Sanabria.
Excluyen a diputados
Los magistrados del TSE excluyeron a 16 diputados electos: 12 por antejuicios, tres por ser contratistas del Estado y a uno por parentesco.
La Corte de Constitucionalidad, por medio de apelación, amparó a los parlamentarios Armando Escribá y Delia Bac. Por ahora el TSE dejó en suspenso los nombramientos de quienes los sustituirían.
