En el escrito, rubricado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y Cronistas Deportivos Guatemaltecos, denuncian la inacción del presidente, Jimmy Morales, para la creación del programa, como había prometido en julio de 2016.
“Nos han engañado y están tratando de dilatar el impulso de un mecanismo que es necesario para prevenir las muertes violentas de nuestros colegas, especialmente en el área rural”, abundaron los entes, que aseguran que el año pasado 11 comunicadores fueron asesinados “a ciencia y paciencia del Gobierno” y 36 perdieron la vida en forma violenta desde el año 2000.
Ante esta situación, las entidades de prensa formalizaron su denuncia “nacional e internacionalmente” y pidieron a la Unesco y a la Procuraduría de Derechos Humanos demandar el cumplimiento de los compromisos del Estado.
Es por ello que responsabilizan al presidente y a los miembros de su Gobierno de cualquier acto violento que ocurra al gremio, por la “indiferencia” mostrada ante una “situación de inseguridad”
El último periodista muerto, y el primero de este 2017, Manuel Salvador Villagrán, murió asesinado a balazos el pasado 19 de enero en el departamento de Zacapa cuando iba a bordo de su motocicleta.
Villagrán, colaborador de diversos medios de comunicación y encargado del departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de San Jorge, tenía 39 años y fue atacado por desconocidos cuando se desplazaba hacia una reunión de padres en una escuela.
Varias entidades, nacionales e internacionales, como la Unesco o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pidieron al Gobierno hacer todo lo posible para esclarecer las circunstancias de este ataque y dar con los autores materiales e intelectuales.
Los periodistas en Guatemala, sobre todo en el interior del país, sufren una vorágine de violencia de diversos sectores. Precisamente el 26 de enero, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que un diputado oficialista ordenó el homicidio de un comunicador en 2015.
Supuestamente, Julio Juárez, del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y contra quien hay una petición de desafuero, ordenó el asesinato de Danilo Efraín Zapón López, periodista del diario Prensa Libre, por miedo a las investigaciones que este tenía en su contra, y de las que ya había publicado un anticipo.
En ese ataque a tiros, que ocurrió a plena luz del día en Mazatenango, también murió Federico Benjamín Salazar Jerónimo, periodista que trabajaba para una empresa de televisión por cable, y resultó herido otro comunicador, Marvin Israel Túnchez Ayala.
Por este hecho fueron procesados el mes pasado Marco Tulio Cano Reyna y Marco Antonio Paredes Palacios, acusados de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.
Mientras que Artemio de Jesús Ramírez Torres, acusado de asociación ilícita, al igual que Sergio Valdemar Cardona Reyes y Germán Amílcar Morataya Beltrán, a los que se les suma asesinato, están esperando juicio.
