Además, señaló que para el segundo período quedaron temas importantes pendientes por discutir y a los cuales se les debe dar importancia como crear normas necesarias y aplicables con análisis técnico, presupuestario, constitucional, legal.
¿Cuál es el análisis del primer período de esta legislatura?
Partamos que la actual legislatura es nueva, de los 160 diputados hay más de 100 que son nuevos, por lo tanto, se observa esa dinámica de un Congreso que hay diputados con nuevas energías, con nuevas ideas, nuevos proyectos. Además, este Congreso está muy atomizado en el sentido que hay muchas bancadas o muchos bloques legislativos a diferencia de otras legislaturas, y dado que ya no se permite ese cambio de bloque en bloque, en todo caso de darse ese cambio porque se pierden algunas posibilidades de puestos dentro del Congreso. Entonces, esto hace que, este año y los próximos tres tengamos un congreso bastante atomizado. Sin embargo, no ha sido obstáculo para que el Congreso haya avanzado en la aprobación de 20 decretos, si no estoy mal, en ese primer período de sesiones. Eso dice que hay necesidad de legislar por los efectos que ha tenido la pandemia aun cuando hay muchas bancadas, se han podido poner de acuerdo para aprobar desde estado de Sitio, luego los estados de Calamidad y las normas relacionadas con el coronavirus. En este primer período de sesiones del año, hemos visto que hubo menos propuestas de iniciativas de ley nuevas y las que entraron se trasladaron a las comisiones de trabajo, pero no conocemos los dictámenes de estas iniciativas. Entonces, seguimos con un problema permanente de no dictaminar en tiempo. Además, se ve que el total de decretos aprobados muchos son relacionados con la covid-19 y la otra parte son decretos que devienen de la mayoría de iniciativas de leyes que se presentaron tiempo atrás.
¿Qué temas quedaron pendiente para discutirse en el segundo período legislativo?
No solo es que quedaron iniciativas que ya habían empezado a aprobarse en primera, segunda y tercera y repasar la lectura final, Aunque no son muchas, hubo iniciativas de ley que se presentaron o distribuyeron este año en las comisiones y no se ha obtenido dictamen. Es más, hay algunas comisiones que aún no tienen presidente. Ojo con esa parte administrativa e interna del Congreso porque tiene que obviamente completarse. Todos estos problemas que estamos viendo ahora a raíz de querer implementar normas o de querer atender este estado de Calamidad, problemas como querer contratar personal por ejemplo los médicos, o que el ministerio de Desarrollo no tiene bases de datos para distribuir la ayuda, o que el Código de Trabajo dice que se pueden suspender contratos laborales individuales y que el Igss debiera de cumplir hasta tres meses de salarios, pero el Igss se niega a hacerlo, todos estos problemas que están aflorando debiera motivar al congresista para recopilarlos y buscar una solución. Cuando se retomen las sesiones, el Congreso debería de entrar con mayor agudeza e impulsar la discusión a temas torales que han surgido con esta crisis como la Ley de Servicio Civil, que acompañamiento debe dar la Contraloría en momentos de crisis, todo el tema económico, pero luego hay que saber hacer análisis técnicos, presupuestarios y legales para las que leyes funciones y no abultar más el número de leyes de entidades que no funcionan, de opacidad, entre otros.
¿Cómo se analiza el papel del oficialismo y su alianza para empujar la agenda del Ejecutivo?
Han logrado apoyo, no solo de la bancada oficial sino de otras bancadas, desde la aprobación de estados de Calamidad como la aprobación de préstamos y también los programas que crean ayuda temporal a las personas afectadas que de una u otra forma por la paralización que generó el covid-19. En en ese sentido ha funcionado el Congreso y también ha generado lo que el Legislativo necesita para operar. Pero claro está que aun cuando existan normas que urgen aprobarse en tiempo récord y a veces en tan sola una lectura, estas deben ser analizadas, leídas y discutidas, porque si no pasa lo que ocurrió con el decreto 15-2020 que generó expectativas y cuando uno lo lee encuentra ambigüedades, hay problemas para aplicarla. ¿Por qué? Porque no hay un análisis técnico previo que hay dicho así va a funcionar y que efectos tendría cada uno de los artículos, también era necesario un análisis constitucional. ¿Qué fue lo que se sucedió? Se veta, el Congreso luego dice que no acepta el veto, pero qué hacemos cuando esa ley tiene dificultades para ser aplicada.
¿Cómo se analiza que el presidente Alejando Giammattei ordene a los funcionarios que no asistan a las citaciones?
Creo que no están actuando como debieran de actuar. El Congreso no tiene solo la labor de legislar, también tiene la labor de ser un freno o un contrapeso de las acciones del Ejecutivo. También hay que decirlo, el Ejecutivo tiene que cumplir porque la Ley así lo dice y prohibirles a sus funcionarios a asistir considero que tampoco es la reacción correcta, pero si pudiera haber una comunicación un poco más efectiva entre el Congreso y el Ejecutivo, en el sentido de decir por qué necesito que llegue tal ministro o porque necesito que llegue alguien del ministerio, para que los cito y que tiempo vamos a invertir.
¿Eran necesarias estas citaciones?
Tal vez alguna, tal vez la primera, pero por qué tener a los ministros sentados toda una semana ahí para hacerles una pregunta o para ser reiterativos en preguntas. Aun cuando hubieran sido necesarias, está bien, para preguntarle al ministro cómo estamos escuchando estas quejas como va actuar el ministerio, cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas y que el ministro y viceministro haya indicado, pero después, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? No hubo ninguna conclusión a la que haya llegado el Congreso. Se puede criticar al Ejecutivo, pero, ¿qué solución presentan a raíz de la citación? Después no es solo una bancada o una comisión, tenemos exactamente al mismo funcionario o funcionarios para escuchar un regaño y después de dar una explicación, si es que se le deja, no tener una clara disposición del Congreso en torno al por qué citó al funcionario, qué fue lo que dijo, qué es lo que interpreta el Congreso y que medidas recomienda, después no hay nada de eso. En la población sentimos que la citación es más bien de índole político.
¿Estas citaciones podrían tomarse como que el Legislativa mantiene una ofensiva contra el Ejecutivo en plena pandemia?
No es una ofensiva, sino es como una tradición porque no solo es este Congreso de la República y tampoco en esta época. Cuantas veces no hemos visto que han tenido permanentemente a ministros de Comunicación y no paso nada al final de cuentas. Y en Congresos anteriores a la ministra de Educación, la tuvieron un año en interpelaciones como Cynthia del Águila, María del Carmen Aceña. Pero parecería como que, esa es la forma de trabajar y no es esa la forma, la propia Ley Orgánica del Congreso establece estas posibilidades de citar para conversar, para que yo Congreso de la República pueda tomar decisión informada para emisión de una Ley, para conocer una iniciativa, hacer recomendaciones al Ejecutivo, para ser garante que el Ejecutivo esté funcionando conforme a las leyes. Pero lo hoy vemos más bien es una cuestión de partido político frente a partido político. No estamos viendo citaciones del partido oficial, pero sí de partidos antagónicos o que tienen un interés todavía electoral y que tradicionalmente funcionan así: cuestionando, cuestionando, citando y citando, pero después no hay ningún resultado ni en citaciones, ni en interpelaciones. Al final se ve como una gran pérdida de tiempo, porque no pasó nada.
¿Qué interés político se percibe en las citaciones?
Las citaciones no se dan a puerta cerrada, ni tampoco es su secreto, se dan públicas y se traslada a la población que ahí no hay ninguna conversación. ¿Qué es lo que sale después al público? El regaño, el cuestionamiento y si no llevan información los funcionarios, es peor, no hay información y no hay rectificación. Entonces, lo que hacen es ir mermando poco a poco en la imagen del político cuestionado o el que asistió a la citación y no solo del político sino también la cartera y también el partido en gobierno y el presidente. Puede restar en la opinión del público y ya cuando se evalúa puede ser muy mala.
¿Hugo Monroy podría ser el primer funcionario en enfrentar un juicio político?
Sí, por supuesto. Lo va enfrentar, si no es ahora, en estos momentos tan críticos en donde creería que el ministro debería estar más bien en su despacho con su equipo trabajando que en una interpelación, será seguramente después porque no solo es de interés del diputado Dávila sino también de otros congresistas para que rinda cuentas, para que explique cómo empezó esta situación, cómo se administró toda la emergencia y obviamente como va a seguir el proceso. Me imagino que eventualmente también llamarán a un ministro de Economía por el tema económico a una citación, bueno aunque ya ha sido objeto el Ministerio de Economía, según las medidas que vaya tomando también podría ser objeto de una interpelación. Ojalá que esas interpelaciones sean para rindan informes, para dirigirle preguntas que de otra forma no se conocería la respuesta, sino es través de estas figuras de interpelaciones. Lo más probable que esto suceda y ojalá que se cuente con toda esa información y la disponibilidad para poder decir al diputado, a todo el Congreso y obviamente a toda la población guatemalteco qué pasó. Pero ojalá que la interpelación se use para eso, que sea oportunidad aprovechada inteligentemente y no para acabar con la figura del ministro.
¿Qué acciones se esperan del Congreso durante la crisis en los próximos meses?
No solo una labor de estar vigilantes, por ejemplo, estar velando que el Ejecutivo cumpla con los programas que se le aprobaron o la ejecución de los recursos aprobados, aunque es una labor importante. Pero a mediano y largo plazo, así como quieren contar hasta el último movimiento que hace un ministro, ojalá que tuvieran ese interés por vigilar hasta el último detalle de normas que su vigencia impide o impidió que se contratara más rápido al personal médico, que impidió que se comprara con mayor eficiencia y eficacia, que impidió que pudieran ejecutarse o trasladarse recursos, que impidió que por un tecnicismo antiguo contenido en Ley antigua no se podía traer expertos internacionales en temas. Ahora si vemos la necesidad en infraestructura. La labor del Congreso debería ser ahora enfocarse en verdaderamente cambiar la Ley del Servicio Civil. ¿Cómo? Llamemos a la Onsec, que es el experto, ahora sí llamemos a los del Ministerio de Finanzas Públicos, a la dirección encargada del Sistema de Adquisiciones para saber cuál es el verdadero problema de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros. ¿Por qué no funcionan las normas? ¿Por qué no funcionan los sistemas? Es la ley, bueno si es la ley hay que revisarla. Eso debería estar viendo el Congreso.
