Política
Así se aprobó el decreto que derivó en siete denuncias contra exfuncionarios de Giammattei y que ahora desapareció
Un artículo del Decreto 21-2022 fue derogado en la ampliación presupuestaria la semana pasada, y que abría denuncias penales por Q6.9 mil millones en proyectos viales.
En medio de protestas por la aprobación de la ley para la protección de la vida y la familia, se aprobó el incremento de fondos al CIV. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En 2022 se presentó en la Dirección Legislativa una iniciativa de ley que buscaba otorgarle Q3 mil millones más a la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para mejoramiento de la red vial. Fue aprobada de manera exprés y cuestionada fuertemente porque podría ser motivo de corrupción.
El Decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, en menos de 15 días se incluyó en la agenda legislativa para tercera lectura y redacción final, en medio de un contexto de rechazo a la aprobación de la ley para la protección de la vida y la familia, por lo que pasó casi desapercibida.
Fue presentado como iniciativa por Shirley Rivera, entonces presidenta de la Junta Directiva, la secundaban Maynor Mejía Popol, Carlos Roberto Calderón y Cándido Leal, todos integrantes de Vamos. Pero también fueron ponentes Aníbal Rojas, de Viva y Carlos Enrique López, de la Unión Nacional por la Esperanza (UNE). Todos aliados al Ejecutivo de Alejandro Giammattei.
La normativa legal aumentaba el presupuesto del CIV por Q3 mil 191 millones más para proyectos detallados en el mismo decreto, es decir, en el documento se encontraba un cuadro con los proyectos de infraestructura vial como mantenimiento de carreteras, asistencia técnica y adquisición de puentes, para la construcción y mejoramiento de carreteras, también en pasos a desnivel e infraestructura educativa.
La fuente de financiamiento para esta ampliación venía del saldo que no se ejecutó en 2021, que correspondía a unos Q12 mil millones.
El 15 de marzo de 2022 se conoció en el hemiciclo y fue aprobada. Los diputados de la oposición como el Grupo Parlamentario de Oposición, Winaq y Movimiento Semilla se opusieron a la ley porque señalaban que se trataba de un "intento de saquear al Estado", como expuso en ese entonces el diputado Román Castellanos.
También analistas cuestionaron que se otorgaran más fondos porque parecía una estrategia política para los comicios de 2023, y que generaba dudas debido a que el CIV ha sido utilizado en varias ocasiones para beneficiar ciertas empresas.
En la ley se otorgó a la Dirección General de Caminos (DGC) Q1 mil 286 millones 809 mil 853.90; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Q1 mil 748 millones 670 mil 146.10; la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Q120 millones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), Q35 millones 762 mil 500.
La entonces bancada oficialista Vamos y sus aliados, defendieron la ampliación presupuestaria asegurando que la infraestructura vial de Guatemala requiere de una fuerte inversión y que con la asignación de esos recursos se podrán hacer las correcciones necesarias para lograr que las rutas del país sean competitivas, pues en la iniciativa se incluye la construcción y reparación de varios puentes.
Este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias por Q6 mil 960 millones contra siete funcionarios del gobierno anterior, entre los que se encuentran el exministro Javier Maldonado, la exviceministra de Desarrollo Urbano, el exviceministro de Infraestructura, el exdirector general, el excoordinador ejecutivo, el exviceministro de Edificios y el exdirector Interino.
En la ampliación presupuestaria, a solicitud del CIV de Bernardo Arévalo, diputados oficialistas y aliados al Ejecutivo promovieron derogar el artículo que prohibía la modificación de los proyectos de dicha ley. Prensa Libre le dio seguimiento al tema y se evidenció que poco más de un año despúes de la aprobación, se estaban incrementando los montos estipulados en la normativa legal.
"Lo que ha pasado es que el mismo CIV se ha topado con que esta ese artículo y les dificultaba continuar con algunos proyectos de infraestructura que están por finalizarse, pero que toparon ahí. Fue un requerimiento particular del ministerio", sostuvo Román Castellanos, quien en 2022 fue uno de los principales opositores de la ley.
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