Por un lado, las fuerzas políticas aliadas al gobierno deberán buscar un liderazgo que les permita en el proceso electoral 2023 prorrogar su proyecto político y conservar el poder que actualmente ostentan en distintas instituciones del Estado.
En el otro espectro se encuentra la oposición, conformada por partidos y sectores que atribuyen al gobierno de turno el desmantelamiento de las instituciones de justicia y la pérdida del Estado de Derecho en Guatemala.
Estos últimos, a contrarreloj, buscan qué partidos y qué actores serán su vehículo electoral para contrarrestar el poderío innegable del oficialismo.
El oficialismo y el continuismo
El partido de gobierno y sus aliados llegan a su segundo año de mandato en una posición relativamente cómoda. Las principales instituciones de justicia, como la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público (MP) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), responden a sus intereses y en ocasiones lo hacen al margen de la legalidad, de acuerdo con la visión de opositores y críticos del Ejecutivo.
“El grupo político dominante ha logrado tener la mayor parte de la institucionalidad del Estado a su favor y eso implica ser juez y parte e, incluso, establecer reglas del juego. Los actores están acuerpados por las instituciones. El ejecutivo, sus operadores, las bancadas del congreso y los operadores a nivel de cortes van definiendo las reglas del juego”, afirma Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
Conforme avanzan los meses, incrementan las denuncias por corrupción en el gobierno, ante la mirada complaciente de jueces y fiscales, afirman analistas.
En ese sentido, uno de los retos del oficialismo durante los próximos meses será preparar una oferta política que supere el desgaste sufrido durante estos últimos años. Para ello, deberá valerse de actores que se perfilen como nuevos liderazgos.
Actualmente, hay 20 partidos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Entre los rostros más visibles de la oferta política se encuentran algunos que ya participaron por la Presidencia de la República en procesos anteriores, como Edmond Mullet, que procura constituir a la organización Cabal como un partido. También Zury Ríos, Sandra Torres y Roberto Arzú, entre otros.
A criterio de Jorge Aguilar Wong, la mayoría de estos personajes implicarían continuar la cooptación de las instituciones para fines particulares, solo que representados en partidos distintos.
“Se trata de más de lo mismo. El problema es que esta gente está tratando de proponer normativas que van en contra de la lucha contra la corrupción. Seguimos la misma línea de Jimmy Morales con el presidente Giammattei de cooptar las instituciones. Si lo que se propone sería en pro del bien común, sería bien aceptado, pero se hacen las cosas de acuerdo con sus intereses particulares”, dijo el experto.
Aníbal Rojas, diputado de Viva, un bloque parte de la alianza oficialista, asegura que es demasiado pronto para definir cuáles son las áreas en las que se debería enfocar un proyecto político. Esta tarea la asumirán a partir del segundo semestre del año, comenta.
No obstante, rebate a quienes afirman que en estos dos años se ha retrocedido en la lucha contra la corrupción. “La legalidad en país se perdió cuatro años atrás a través de las intervenciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP manejado por la señora Thelma Aldana. Se obligó al Congreso a hacer leyes que, en vez de beneficiar el derecho guatemalteco, lo perjudicaron. Ha sido tarea de la nueva legislatura reorientar estas manipulaciones”, argumenta el parlamentario.
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Oposición
Si en los primeros años del gobierno pasado la oposición se sintió representada en las cadenas de mando de las principales instituciones de seguridad y justicia del Estado, hoy la historia es distinta.
Parlamentarios ajenos a la alianza oficial denuncian una pérdida de la legalidad en los asuntos públicos y achacan la responsabilidad al Ejecutivo y a sus operadores que se mueven en distintas esferas de la administración pública.
Desde el Congreso de la República han surgido intentos de aglutinar a distintos partidos y fuerzas para presentar un proyecto político que permita recuperar el terreno perdido en los anteriores dos años de gobierno.
Sin embargo, uno de sus retos será encontrar cuáles serán las organizaciones que servirán de vehículo electoral de cara a las elecciones.
“Nosotros con varias bancadas de diferentes partidos que van desde el espectro de centro derecha hacia la izquierda hemos logrado acuerdos y consenso y hemos trabajado de forma coordinada. Existe la posibilidad de alcanzar y concretar acuerdos. Tenemos ofrecimientos de varios partidos políticos ya conformados de trabajar con ellos. Definitivamente vamos a estar involucrados en el esfuerzo electoral, sea como candidatos o apoyando candidaturas de quienes se postulen, pero de que vamos a participar, vamos a participar”, aseguró el congresista Oscar Argueta, del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO).
El GPO se conforma, en parte, por diputados de la UNE que al inicio de esta legislatura se distanciaron de Sandra Torres, luego de que ella no aceptara dar paso a nuevos liderazgos, cuenta Argueta.
Pero el primer paso que deben agotar las fuerzas opositoras es acordar una agenda programática común sobre cómo resolver las necesidades de país, opina Jahir Dabroy, de Asies.
“Más que acuerdos políticos per se, debe encontrarse una agenda programática en común. Si no, se harán acuerdos de corto plazo que no darán viabilidad a ningún proyecto”, explica.
Luego de ello, podrá pensarse en cuáles serán las plataformas políticas y qué candidatos podrían representar en las urnas el proyecto político que se defina.
Más allá de una reunión que sostuvieron con el expresidente Alfonso Portillo, los opositores no han ventilado quiénes son esos liderazgos que podrían lanzarse por puestos de elección popular.
Argueta asegura que en este momento se encuentran definiendo la agenda programática, ya que ese paso debe ser antes de elegir un candidato. “Estamos tratando de hacer las cosas como deben hacerse y no como siempre se hacen en Guatemala. Estamos definiendo ejes de trabajo y luego definiremos quién es la persona más capaz.
Por su parte, Lindsay Tillit, analista política de la organización Alas de Mariposa, considera que este es el momento para que se presente una oposición real y efectiva y para ello la oposición debe tener un rol trascendente en la fiscalización.
“La oposición tiene que dar a conocer a la ciudadanía cuál ha sido el actuar de sus diputados. Las personas en los departamentos ni enterados están de lo que pasa a nivel central. Y los políticos lo tienen claro, saben que llevando un cartón de huevos pueden asegurarse votos, lamentablemente. Eso se llama lucrar con la pobreza”, asegura Tillit.
A su criterio, un proyecto serio debe enfocarse en trabajar en pro de los derechos colectivos, no solo de los individuales. En ese sentido, se debe fortalecer el Estado y no debilitarlo, apunta.
