El diálogo multisectorial en Guatemala contó con la participación de funcionarios de Usaid, la congresista Norma Torres y el Ministerio de Educación. Las mesas de discusión las coordinó el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, la Comunidad Franciscana en Guatemala, la iniciativa Causas Raíz y la Pastoral de Movilidad Humana.
Se comenzó discutiendo sobre cómo la pobreza, el acceso limitado a la educación y la falta de oportunidades laborales se agravaron con la pandemia y las tormentas Eta e Iota.
También se habló sobre cómo afecta la corrupción gubernamental y la violación de derechos humanos contra la sociedad civil y activistas ambientales. Se reconoció que la niñez, juventud, mujeres y comunidades indígenas son los sectores más vulnerables. Hay una falta de oportunidades laborales, incluso en población que cuenta con títulos universitarios, lo que a su vez promueve la migración.
Además, se trató la masacre de 19 migrantes provenientes de Comitancillo, San Marcos, el 22 de enero de este año, entre otros temas.
Propuestas
Entre las recomendaciones específicas para Guatemala está apoyar a las comunidades rurales agrícolas brindándoles acceso a crédito, derechos sobre la tierra, seguros de cosechas y apoyo técnico.
Se deben proteger los derechos territoriales de las personas y fortalecer las instituciones públicas y el sistema de justicia para abordar casos de desplazamiento forzado. Además, se debe proteger el medio ambiente e invertir los “fondos verdes” en el fortalecimiento de ecosistemas comunitarios y ambientales.
Asimismo, proponen crear una organización regional que luche contra el desvío del erario para fines particulares y cancelar visas o congelar activos a funcionarios corruptos con el fin de restablecer el estado de derecho.
Los participantes también consideraron que se debe invertir en la juventud para prevenir su incursión en crimen organizado. Una forma puede ser con becas escolares en las comunidades vulnerables con más migración.
Además, consideran que es mejor trabajar de la mano con organizaciones de sociedad civil independientes, con sectores indígenas en vez de “instituciones controladas por oligarcas y élites corruptas”.
Las organizaciones consideran que se debe incrementar fondos destinados al desarrollo de las comunidades y servicios públicos, ya que muchas personas se ven porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas en educación, seguridad, educación y salud. En ese sentido, se debe priorizar el altiplano, de donde sale la mayoría de migrantes, específicamente San Marcos, Huehuetenango, Quezaltenango y Petén.
Propuestas regionales
Además de las propuestas para cada país, se hicieron otras a nivel regional. Entre estas está crear y publicitar formas de migrar regularmente. Por ejemplo, se pueden otorgar más visas temporales de trabajo, crear programas de reunificación familiar y brindar estatus de protección temporal.
Además, sugieren que EE. UU. deje de presionar a los gobiernos centroamericanos para que militaricen sus fronteras, ya que esto solo genera más violencia y limita la capacidad de EE.UU. para ayudar a combatir la corrupción.
Iniciativa
Úrsula Roldán, Úrsula Roldán, del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales y coordinadora del diálogo, cuenta que este ejercicio se hizo aprovechando el cambio de administración en EE. UU. y con el fin de apoyar la estrategia del gobierno del presidente Joe Biden de atacar las causas de la migración.
Roldán considera que los países deben promover políticas públicas que apoyen la inversión que apoyen y alienten la inversión extranjera. Además, los gobiernos deben mostrar un compromiso en combatir la corrupción, que es una de las preocupaciones de EE. UU., o de lo contrario podrían quedar excluidos de los programas de apoyo.
“Muchos recursos pasarían por sociedad civil (sin mediar el gobierno). Hay temas prioritarios como la justicia y la seguridad ciudadana y en los próximos días veremos qué implicaciones tendrán”, dice Roldán.
Por su parte, Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, explica que históricamente los alcances de la cooperación de EE. UU. han sido limitados por problemas burocráticos.
“La cooperación internacional se canaliza por agencias que tienen un presupuesto con el cual deben pagar edificios y contratación de personal, por ejemplo. EE. UU. habla de que invertirá 4 millardos de dólares para la región en los próximos cuatro años, pero ¿cuánto irá a costos administrativos y qué porcentaje del sobrante quedará en las familias necesitadas?”, cuestiona Solares.
