Las modificaciones surgen luego de que fuera suspendida la entrada en vigor del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2021 que había sido aprobado por el Congreso, pero que generó el rechazo de la población y múltiples protestas.
A la fecha, a falta de que el Ministerio de Finanzas envíe una propuesta de readecuación presupuestaria se mantiene vigente el presupuesto del 2020 por un monto de Q107 mil millones, ya que incluye los fondos que el año pasado fueron aprobados para enfrentar la pandemia del coronavirus.
El presupuesto trasladado a la Copadeh ha sido en detrimento del que tenían asignados las secretarías de la Paz (Sepaz), de Asuntos Agrarios (SAA), así como el de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), entidades cuyos presupuestos sumaban Q289.2 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
Estas instituciones fueron eliminadas por el presidente Alejandro Giammattei en julio pasado, mediante los acuerdos gubernativos 97, 98 y 99-2020. La Copadeh ya se encuentra en funcionamiento, aunque en la Corte de Constitucionalidad (CC) todavía hay recursos pendientes de ser resueltos en contra de la desaparición de las tres entidades que ya existían.
No se sabe si la totalidad de los recursos que no usarán las tres instituciones que fueron dadas de baja del Organismo Ejecutivo serán trasladados a la Copadeh. El año pasado, esta comisión recibió poco más de Q1 millón para su funcionamiento.
En enero de este año se hizo el primer traslado de fondos parea la nueva institución de Q23 millones. En marzo se le trasladaron otros Q16.3 millones.
Baja ejecución
A casi un año de anunciada su creación, parece que la Copadeh aún no termina de carburar el engranaje para su funcionamiento. La ejecución de los Q39.3 millones de su presupuesto es del 9.06% al término del primer cuatrimestre del año.
Los rubros que muestran mayor porcentaje de gasto son el pago de personal en cargos fijos y temporales, los servicios técnicos y profesionales, el pago de arrendamientos, así como las dietas y gastos de representación.
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En cuanto a las actividades que desempeña dicha institución, las que muestran más avance en su ejecución son aquellas relacionadas con la dirección y coordinación, 11.07%. La implementación de acciones sobre derechos humanos tiene un avance del gasto del 1.66%.
Mientras que las actividades que tienen que ver con la promoción y formación en cultura de paz, derechos humanos y mecanismos de diálogos, y con prevención y atención de la conflictividad tienen 0% de ejecución.
Remedio peor que solución
Grupos de defensores de los derechos humanos dicen que el cierre de la Sepaz, SAA y Copredeh redunda en un atraso en el trabajo que estas tres instituciones ejecutaban.
Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), ejemplificó que uno de los problemas al derogar la SAA es que la conflictividad agraria sigue su curso y “si bien, su acción no era la mejor, contuvo en muchos casos escaladas de violencia que pudieron haber sido mayor”.
“Tal vez la conflictividad en la actualidad o los desalojos violentos puedan tener parte de explicación en la ausencia de una institucionalidad”, señaló Santos.
Otra de las cuestiones que preocupan a las organizaciones es el tratamiento que se dará a todas las sentencias que ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su cumplimiento, asimismo dicen que no hay claridad de cómo se manejarán los litigios internacionales ante esa corte.
“Hemos visto actuaciones de la Procuraduría General de la Nación —ante la CIDH— en el caso de la masacre de la aldea Los Josefinos —Petén— de vergüenza internacional”, dijo Santos, quien cree que los procesos deben ser encabezados por instancias que conozcan la realidad nacional, el funcionamiento de los procesos y el papel que en el conflicto armado interno jugó el Estado guatemalteco.
Al activista le preocupa que todos los archivos que contienen “información valiosa” y que estaban en poder de la Copredeh, la SAA y el Programa Nacional de Resarcimiento, pasen a poder de la Segeplan (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia) y solo se les dé “un trato archivístico”.
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Santos reconoce que las instituciones que eliminó el presidente Giammattei tenían defectos, pero teme que la solución sea peor que la enfermedad. “Por matarle las pulgas al perro mataron al perro. Ni tenemos la institucionalidad antigua y tampoco una nueva, mientras hay un vacío muy grande”, dijo.
Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha) precisó que “no se ha escuchado nada del funcionamiento” de la Copadeh, por lo cual teme que esta comisión haya sido una forma de “diluir” temas importantes, pero que no son prioridad del gobierno.
“El Gobierno debe generar instituciones sólidas especializadas en estos temas de paz y derechos humanos”, dijo Rodenas. Subrayó que ningún integrante de la Comisión se ha acercado a ellos como sí lo hacían las instituciones que fueron disueltas.
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Por su parte, Héctor Reyes, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), opinó que la agenda a seguir por parte de Copadeh, “no es clara”, ya no ha tenido ningún acercamiento con ellos ni con víctimas de violaciones de derechos humanos.
Reyes dijo que en algunas audiencias en la CIDH ni si quiera ha participado y cuando lo hacen “no indican mayor cosa”. “La Copadeh no ha dado ninguna señal de que vaya a empezar a caminar. Necesitamos que avance y que impulse el cumplimiento de sentencias emitidas por la CIDH”, dijo.
Para el director de Caldh preocupa que pueda ocurrir un limbo legal, producto que aún hay acciones legales pendientes de resolverse en la CC en contra de la derogatoria de la anterior institucionalidad. Este limbo repercutirá en el atraso en la atención de la conflictividad y cumplimiento de las sentencias que ha emitido la CIDH.
Manuel Farfán, representante de la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, criticó que las víctimas del conflicto armado no saben a donde acudir para dar continuidad a sus procesos, y que tanto la Copadeh como la Procuraduría General de la Nación “han mostrado incapacidad en el manejo de casos” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
También mostró preocupación por el manejo que se le dará al resguardo de los expedientes de estos casos, así como a qué ocurrirá con el Programa Nacional de Resarcimiento.
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Recién arrancaron
La Copadeh informó que, si bien es cierto, la institución se creó que junio pasado, fue hasta diciembre, seis meses más tarde, que comenzaron el proceso para contratar al personal. En enero, se suscitaron ciertos problemas con al Oficina Nacional del Servicio Cívico que se resolvieron, y fue hasta este mes que lograron contratar a la mayoría de personal.
Destacó ya se han abierto tres sedes departamentales de las 14 que se piensan abrir para atender la conflictividad. Además, que, aunque la ejecución presupuestaria muestre poco avance sucede que ya ha procesos avanzados que no se ven reflejados en el Sicoin “hasta que se finiquitan”.
“En lo que va de marzo y abril hemos estado activamente en funciones en lo que se refiere a derechos humanos y al Sistema Interamericano e Internacional, y hemos participado en algunas mesas de conflictividad en algunos departamentos”, dijo Eddy Cano, comunicador de la entidad.
