De seguro, la movilización en las plazas durante las protestas anticorrupción fue el factor determinante. Había esperanzas de cambio. No obstante, debido al descalabro institucional propiciado por el mandato de Jimmy Morales y el bloqueo legal a varias candidaturas, el entusiasmo por el voto decayó al 62 por ciento en el 2019.
El nivel más bajo de participación en elecciones presidenciales lo tuvimos en 1995 con el 47 por ciento, después de la crisis política por el serranazo.
Los datos de participación en el 2019 desagregados por sexo, edad y alfabetismo del electorado, proporcionados en fecha reciente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), nos dan algunas pistas sobre quiénes son las personas más propensas a votar en las próximas elecciones del 2023.
Las mujeres tienen mayor participación —63 por ciento— que los hombres — 60 por ciento-. Son también ellas quienes más se empadronan —82 por ciento contra 76 por ciento—.
Las personas que leen y escriben votan más —62 por ciento— que las analfabetas —60 por ciento—. Entre las mujeres alfabetas —64 por ciento— y los hombres analfabetos —59 por ciento— hay cinco puntos de diferencia.
Por franjas de edad, se observa mayor interés entre los jóvenes que votan por primera vez —65 por ciento—, en contraste con el rango etario de 26 a 35 años, con menor participación —57 por ciento— que el dato nacional, y solo por arriba de las personas de 71 años o más —47 por ciento—, quienes tienen dificultades para acercarse a los centros de votación por problemas de salud y de movilidad.
Una de las mayores brechas de participación se percibe entre las mujeres más jóvenes que saben leer y escribir —69 por ciento— y los hombres analfabetos entre 26 a 35 años —51 por ciento—. La diferencia entre ambos grupos fue de 18 puntos porcentuales.
¿De qué depende ir a votar el domingo de elecciones?
La teoría sobre el votante racional sugiere que el individuo no tiene incentivos para asistir a las urnas porque sabe que su voto no afectará el resultado y, por lo tanto, los costos en los que incurrirá no serán compensados por beneficios inciertos para la colectividad. A no ser que los partidos absorban parte de los costos de movilización y le ofrezcan beneficios concretos por medio del clientelismo.
Si las elecciones son reñidas y hay mucho en juego para el país, se podría motivar al voto. La participación electoral no es solo el resultado del análisis costo-beneficio, sino que también puede responder a la necesidad de que sea una expresión política.
Hay un votante emocional que, por ejemplo, quiere castigar a un político indeseable o desea sentirse parte de un movimiento social que trasciende.
Esta tensión entre racionalidad y emocionalidad se expresa en el resultado agregado.
Para elecciones exitosas, en términos de participación, es preciso que haya algún factor de coordinación que resulta, a veces, de un liderazgo carismático, que logra cautivar al electorado y genera esperanzas del cambio.
A todo esto, el clima preelectoral no parece motivar la participación ciudadana debido a que la mayoría de los representantes electos se han dedicado a sus negocios personales amparados en la corrupción e impunidad imperantes.
Asimismo, han abusado de la legitimidad que les dieron las elecciones anteriores para destruir la endeble institucionalidad que quedó del ciclo electoral previo.
Se podría decir que han sepultado el estado de Derecho, lo que afecta de forma directa a la democracia, incluso en su definición minimalista: elecciones justas y libres, pues se visualizan obstáculos para los rivales por medio de triquiñuelas legales, así como la criminalización y la persecución penal de operadores de justicia independientes, periodistas y defensores de los Derechos Humanos y los territorios.
Por otro lado, para poder ejercer el derecho al voto se debe tomar una secuencia de decisiones.
Al cumplir 18 años hay que obtener el Documento Personal de Identidad (DPI), lo que requiere tiempo y dinero. Pero llegar a los 18 no es trivial, porque a partir de los 15 años muchos jóvenes, en especial hombres, tienen altas probabilidades de emigrar o morir por violencia homicida o accidentes.
Al contar con el DPI se debe tramitar la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un trámite adicional que muchos jóvenes no llevan a cabo por varios factores; entre otros, la desinformación.
Algunos creen que el empadronamiento es automático al obtener su DPI, pero eso aún no ocurre. Por otro lado, el TSE no hace el esfuerzo suficiente para llegar a ellos.
Si no perdieron el DPI o se lo robaron, y pudieron empadronarse, de todas maneras los ciudadanos deben decidir si van a votar o no. Ese día, hasta las condiciones climáticas podrían jugar un papel importante.
En segunda vuelta siempre desciende la participación electoral en Guatemala. En los últimos comicios del 2019 disminuyó casi 20 puntos —al 42 por ciento—. En cifras concretas, más de 1.55 millones de personas decidieron no acudir a las urnas por segunda vez para elegir al binomio presidencial.
En contraste, en las recientes elecciones colombianas la segunda vuelta convocó a más personas que la primera: 58 contra 55 por ciento, respectivamente.
Esto refleja la importancia histórica que el electorado colombiano le atribuyó el evento, donde triunfó una coalición de izquierda.
