Se trata de la iniciativa 5920 presentada por el bloque legislativo Valor, la misma lleva por nombre “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación”. Los ponentes aseguran que en la actualidad no se está aplicando de manera justa la amnistía pactada tras la firma de Los Acuerdos de Paz.
Argumentan que el delito de desaparición forzada fue tipificado hasta 1995 y el de tortura en 1996, sin que estos cargos hayan sido cometidos en la parte álgida de la guerra; así mismo añaden que tampoco aplica la persecución penal por genocidio, debido a que las causas que propiciaron el levantamiento de armas no buscó el exterminio de un grupo étnico.
Estos argumentos no son nuevos, ya habían sido plasmados en las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue archivada. La mayoría de magistrados razonó que la amnistía para delitos políticos que puede otorgar el Legislativo deben de ir de la mano con la protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional en esa materia.
La nueva propuesta de ser aprobada ordena la liberación inmediata de cualquier persona detenida, en situación preventiva o de cumplimiento de condena, por delitos vinculados al Conflicto Armado Interno. Según datos del Ministerio Público (MP) por esos procesos 67 personas guardan prisión y 33 más están con una orden de captura pendiente a ser ejecutada.
Molina Barreto a favor de la Reconciliación Nacional
La CC en febrero pasado resolvió en definitiva una serie de amparos que suspendieron el trámite legislativo de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, las mismas fueron promovidas por el exdiputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
El único voto que respaldó la iniciativa a lo interno del antiguo Pleno constitucional fue el de Roberto Molina Barreto, excandidato vicepresidencial del partido político Valor, cuyos diputados ahora impulsan la nueva ley, y actual presidente de la nueva magistratura constitucional.
En su momento Molina Barreto razonó su voto indicando que no podía evitarse por la vía del amparo que un organismo de Estado, en este caso el Congreso, cumpliera con sus obligaciones establecidas en la Constitución. Señaló además que impedir que los diputados discutieran una iniciativa de ley era una clara e “indebida intromisión”.
Tanto los legisladores que apoyan la iniciativa, como los representantes de las organizaciones sociales a favor de los Derechos Humanos, están de acuerdo que esta propuesta va a ser objeto de múltiples impugnaciones donde va a jugar un papel clave la reciente instalada CC.
Iniciativa valiente
El exdiputado Linares Beltranena lamentó que su iniciativa no recibiera el apoyo necesario, pero confía que los nuevos magistrados de la CC van a analizar de mejor manera la iniciativa 5920.
“Creo que es una iniciativa correcta, que está de acuerdo con la Constitución y sobretodo valiente porque lo políticamente correcto va en contra. Yo creo que esta ley tiene verdaderas oportunidades y probabilidades de ser aprobadas en el Pleno y que no la declaren inconstitucional. La CC ya no está infiltrada por activistas de izquierda como estaba antes”, comentó el excongresista.
Por su parte la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, una de las promotoras de la nueva ley, explicó que esta propuesta nace después que la antigua CC archivó las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, y espera que el nuevo sistema de justicia sea objetivo al momento de conocer la misma.
“Lo que se les está haciendo a los militares es ilegal. Esto es porque no hay un estado de Derecho. Tenemos tanto la ley de amnistía como la firma de Los Acuerdos de Paz, leyes internacionales en cuanto a Derechos Humanos y en Guatemala no se han cumplido, aquí solo la parte de la guerrilla ha tenido todas las prebendas y ayudas del Estado, y al Ejército se le ha marginado (…) en este momento contamos con una CC que no está parcializada, esperemos que sea una Corte que realmente se base en la ley, en la justicia y que no se vea influenciada por la comunidad internacional como sucedió en el pasado con la Corte anterior”, señaló la diputada.
Propuesta absurda
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), una de las organizaciones que impulsó el proceso contra el exjefe de Estado, Efraín Ríos Mont, en el Caso por Genocidio, rechazó esta nueva propuesta de ley.
“Es un absurdo completamente porque los diputados ponentes de la iniciativa, así como los de la anterior iniciativa, no tienen el más mínimo estudio al respecto de qué es el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. Con este tipo de magistrados en la CC la sociedad guatemalteca puede esperar de todo. Con la integración de esta magistratura cualquier resolución relacionada con el Conflicto Armado Interno, relacionada con desalojos, mega proyectos y empresas extractivas, pues definitivamente vamos a tener resoluciones muy cuestionables de esta Corte”, señaló el abogado Héctor Reyes de Caldh.
Mientras Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), una de las organizaciones que accionó contra las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, estima que el futuro de esta nueva iniciativa puede ser similar a su antecesora.
“La CC puede incidir pero lo veo bastante difícil. Primero porque sería una decisión inconstitucional; la Constitución es expresa en cuanto al ámbito de a quién puede dar amnistía un Congreso y en ningún momento incluye delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y genocidio. Lo segundo, hay que recordar que este tipo de jurisprudencia al que debería de sujetarse la CC no solo es la de ella misma, también debe de observar la de la CIDH”, resaltó.
Los diputados del bloque Valor esperan que la próxima sesión del Pleno de diputados sea los primeros días de julio, donde buscarán que la nueva iniciativa para perdonar los crímenes de guerra se traslade para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Álvaro Arzú Escobar.
