Entre los artículos que ya fueron aprobados por el Legislativo y según el TSE se deberían dictaminar de manera desfavorable por la CC se encuentran las calidades que deben tener quienes integren el ente electoral, ya que en la reforma se establece que para ser magistrado se necesita licenciatura en cualquier especialidad, y no obliga a ser abogado y notario, como hasta ahora.
Otro artículo de discordia es la segunda vuelta electoral para alcaldes. En su análisis, el TSE explica que un balotaje municipal significaría mucho gasto.
El Tribunal tampoco está de acuerdo con elevar de US$2 a US$3 la deuda política a los partidos por voto válido, ya que representa un pago insostenible para el Estado.
Sobre el voto preferente, los magistrados tampoco están de acuerdo con la fórmula aprobada por el Congreso, la que consideran que beneficia a la planilla propuesta por el partido y no al candidato.
Las propuestas de reformas
El Congreso envió a la CC un paquete de reformas a la Ley Electoral; dejó fuera los criterios que solicita el TSE, máxima autoridad de la materia.
Proyecto del Congreso |
Iniciativa del TSE |
| Deuda política El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente a US$3 por voto válido. |
Paridad de sexos Las listas de postulación a elección popular deberán estar integradas paritariamente por hombres y mujeres, e inclusión de pueblos indígenas. |
| Sin participación Los familiares del secretario general, dentro de los grados de ley, no podrán integrar ninguno de los órganos de dirección y puestos de elección. |
No habrá reelección Los diputados al Congreso podrán optar por segunda vez al cargo siempre, pero no en períodos consecutivos, lo cual cierra puertas al transfuguismo. |
| Subdistrito electoral Ocho departamentos se dividirán en subdistritos, con el objetivo de que el candidato tenga una mejor conexión con sus votantes. |
Revocatoria de mandato Los cargos de elección popular son revocables, incluido el mandato presidencial a mitad del período por el que la persona fue electa. |
| Balotaje para alcaldes Se establece la segunda vuelta electoral para alcaldes, para evitar violencia electoral por inconformidades con los resultados. |
Reducción de diputados Se reduce de 160 a 150 el número de diputados. Se establecen 120 por distritos y 30 por Listado Nacional, debido a que es el 25% de los distritales. |
| Integración del TSE Se propone que puedan participar profesionales de cualquier tipo. En la actualidad está integrado solo por abogados. |
Amplían presupuesto Elevar el plan de gasto no menos del 1.5% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. |
| Inscripción obligatoria Si la autoridad competente no emite la resolución sobre la inscripción de candidatos en los plazos establecidos, se dará por afirmativa la inscripción. |
Sin optar a la presidencia El secretario general tiene la representación legal del partido. Desempeñará su cargo por dos años. Es incompatible con la candidatura presidencial. |
Diferente propuesta
La propuesta presentada por el TSE cohesiona varias sugerencias de organizaciones civiles, institutos de análisis y círculos empresariales, que plantearon varias reformas divergentes a la discutida y aprobada por el Congreso.
La iniciativa del Congreso fue discutida durante 10 meses por la Comisión de Asuntos Electorales, que hizo dos propuestas: la de los diputados Roberto Villate, Gustavo Medrano y Édgar Córdova y la enviada por el Organismo Ejecutivo.
Durante la discusión, la comisión estableció mesas de trabajo para discutir los proyectos. No obstante, algunos cambios sugeridos no fueron incluidos en el dictamen firmado por 12 diputados el 30 de noviembre del año pasado.
En las discusiones, la paridad de sexos fue rechazada por los diputados de la mencionada sala de trabajo, al considerar que demeritaba a hombres y mujeres, ya que ellas también tienen la capacidad para buscar una curul en el Congreso u otro puesto de elección popular sin ningún beneficio establecido en ley.
Luego de la toma de posesión de Álvaro Arzú Escobar como presidente del Congreso, ese organismo programó las tres sesiones para su aprobación, y por medio del acuerdo 4-2018 fue remitido el articulado a la Corte de Constitucionalidad, que tendrá que dictaminar la propuesta y remitirla de nuevo al Legislativo.
