Guatemala

Arraigo a familiares de Morales es un tema de “particulares”

El portavoz presidencial, Heinz Heimann, aseguró que el Gobierno no "debe" pronunciarse sobre la supuesta implicación en un caso de corrupción de uno de los hijos del presidente, Jimmy Morales, y uno de sus hermanos, por tratarse de "personas particulares".

Heinz Heimann, vocero presidencial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Heinz Heimann, vocero presidencial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En todo caso, señaló Heimann en declaraciones a la agencia Acan-Efe, son ellos los que podrían dar una explicación sobre el asunto, pero no el mandatario, quien en un discurso a la nación el pasado martes ya advirtió de que no hablaría sobre el tema.

En su intervención, Morales, quien ha basado su Gobierno en una lucha frontal contra la corrupción desde la campaña electoral de 2015, mostró su confianza en su hijo y en su hermano: “En este momento, mi esposa y yo respaldamos plenamente a nuestro hijo y confiamos en la honorabilidad de mi hermano”, sostuvo.

El vástago de Morales, José Manuel Morales Marroquín, que estudia en el extranjero, volvió a Guatemala a prestar declaración el día 7, mientras que el hermano del mandatario, Samuel Everardo Morales, también acudió de forma voluntaria en los últimos días.

Tras los testimonios, un juzgado de Guatemala decretó prohibición de salir del país para ambos hasta que se aclare su supuesta participación en un caso en el que están involucradas otras 27 personas, 22 ya detenidas, por un fraude al Estado de más de Q3 millones en el Registro General de la Propiedad.

El portavoz presidencial reiteró que no existe hasta el momento ninguna acusación formal contra los dos familiares del presidente y que la medida de arraigo contra ambos fue una decisión “precautoria”.

Ambos podrían haber tenido un nexo con el caso de corrupción por cotizaciones de alimentos a la empresa Fulanos & Menganos S.A., implicada en la trama.

Fulanos & Menganos S.A. es una entidad que salió a la luz el pasado 1 de septiembre, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desarticularon la red de corrupción en el Registro.

Los involucrados están acusados de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

La investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales como remuneración por un trabajo no realizado, aunque no asistieron físicamente a su puesto de trabajo.

En este marco, la empresa Fulanos & Menganos fue presuntamente contratada para dar servicio de desayuno a unas 524 personas por un importe de Q90 mil, pero finalmente el evento no se realizó.

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