Entre los principales señalamientos está la entrega de 640 mil 95 bolsas seguras a personas que no tenían en sus expedientes ficha técnica que las acreditara como vulnerables o en situación de pobreza.
Las investigaciones determinaron que para las entregas de enero a diciembre del 2014 no se tomó en cuenta ese requisito.
Juan Carlos Guzmán, director de Prevención Social del Mides, argumentó que el programa está dirigido a residentes de asentamientos urbanos, colonias y barrios, pero “en ninguno de los artículos e incisos menciona como instrumento fundamental para medir la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad la ficha socioeconómica”.
Derivado de ello, la CGC sancionó al funcionario y otras dos personas, por Q112 mil en total.
La Bolsa
Otro caso relacionado con el mismo programa fue la entrega de 186 mil 895 bolsas de alimentos, compradas por el estado de Calamidad decretado en 16 departamentos, pero 44 mil 391 fueron distribuidas en Escuintla, Quetzaltenango y Sacatepéquez, departamentos que no están incluidos en la medida.
La CGC dictaminó que se incumplió totalmente el acuerdo gubernativo que especifica las funciones del estado de Calamidad. Aquí las sanciones sumaron Q51 mil.
El ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, explicó: “El programa nos faculta como ministerio para distribuir bolsas donde hay necesidad, y con esa intención se ha hecho, o porque haya problemas naturales”.
La CGC encontró que el Mides compró alimentos por Q3 millones 527 mil 208 sin que hubiera certeza de la cantidad adquirida o la fecha de vencimiento.
La mismo ocurrió con la adquisición de galletas y bebidas, por Q1 millón 422 mil 529, sin que se tuviera certeza del producto.
El programa de becas para jóvenes tuvo asignados Q8 millones 73 mil 600, para seis mil 697 beneficiados, pero fueron entregadas sin que se supiera la situación económica del recipiendario. Por la omisión en ese requisito, la CGC resolvió imponer cinco sanciones pecuniarias, por Q184 mil, a directores del plan.
En otra situación, el Mides no entregó a la Contraloría el contrato de compra de azúcar para la bolsa segura, por Q4 millones 644 mil 982, lo que evidenció un riesgo para la transparencia, según auditores.
“Respeto el criterio utilizado, pero los programas sociales cubren todo el país”, afirmó Rodríguez.
Riesgo alimentario
La CGC detectó que en los comedores seguros de Chiquimula, Quetzaltenango y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica los alimentos fueron servidos por una empresa que no cuenta con licencia sanitaria.
Los argumentos de las autoridades fueron que el tiempo para tramitar una licencia es muy prolongado y las compras son para no más de 14 días.
En Jutiapa, la CGC determinó que se hizo un pago que no estaba en el contrato a la empresa que distribuía alimentos en el comedor seguro.
En este caso, lo pactado era por Q814 mil 720, pero el Mides pagó Q1 millón 35 mil 563 a la empresa Alana, Sociedad Anónima.
Los auditores también tuvieron dudas en un arrendamiento de Q226 mil, sin contrato, además de incorrecto registro de material de cómputo y utilización de papeletas no autorizadas.
De acuerdo con Rodríguez, los hallazgos son individuales y la responsabilidad es del delegado de cada programa.
