Sergio Cabañas, secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), manifestó que está preocupado porque el decreto fue derogado.
Conred reclama oportunidad perdida pero sin dar detalles.
La Conred precisó que 47 mil 911 kilómetros cuadrados están en alto riesgo de inundaciones durante la segunda etapa de la época lluviosa.
El estudio, emitido en abril pasado, precisa que 53 mil 356 kilómetros tienen probabilidad media y alta de deslizamientos.
El análisis muestra que en esa área viven aproximadamente nueve millones 242 mil 196 guatemaltecos.
No precisaron, sin embargo, cuáles serían las estrategias, el monto calculgado a gastar, las zonas prioritarias o las acciones concretas a emprender en los 15 días que marcaba el Estado de Prevención.
“Primera vez que actuamos de buena fe, no reactivamente. En toda mi carrera de 33 años de estar en esta institución yo he reaccionado. Hoy quería verlo de una forma diferente, no ir a sacar cuerpos, no ir a sacar heridos, sino que evitar esta situación antes de que ocurra”, aseveró Cabañas, quien no se refirió a las implicaciones de las restricciones a las garantías.
El secretario de la Conred justificó que el principal objetivo del fallido estado de Prevención era “identificar los puntos más vulnerables del país para tener un panorama específico” e implementar medidas de reacción ante un desastre.
“Ojalá no sea un mal presagio mío de que alguno de estos puntos se convierta en lo que fue El Cambray. Queríamos tener un panorama más exacto”, aseguró.
Añadió que hay unos ocho mil 200 puntos de riesgo en todo el territorio nacional.
Cabañas destacó que la institución, que recibió Q10 millones, “ya no podrá agilizar las compras que servirían para llenar las bodegas y comprar vehículos para atender urgencias”, sin presentar concretamente lo que se pretendía hacer.
El presidente en funciones, Jafeth Cabrera, informó que sostendrán reuniones para buscar “estrategias” a fin de atender a la población que vive en zonas vulnerables.
Cabrera pidió el acompañamiento de instituciones para encontrar soluciones, en particular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El presidente en funciones no precisó las estrategias, y al ser consultado sobre si era el momento para respaldar una iniciativa de ley que los ayude a evacuar a las personas de zonas en riesgo y que dicte la manera como deberán ser atendidas una vez estén fuera de peligro, respondió que no.
“Meter un proceso de estos nos llevará mucho tiempo. No tenemos ninguna iniciativa, porque con lo que contamos tenemos que trabajar”, dijo.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología aseveró que hasta el 31 de octubre próximo se esperan entre seis y ocho ondas tropicales en el país.
