Al diputado, parece, no le afectó su designación en la lista de presuntos corruptos. Días después dijo que habría que conocer los argumentos y procedimientos del señalamiento para desvanecer lo que consideró una “sanción moral”.
Otros personajes de la vida nacional, que EE. UU. incluyó en la llamada lista Engel el 1 de julio pasado se jactaban de que figurar en el listado era algo positivo y presumían de ello en las redes sociales. Tampoco les afectó.
Más allá de la vergüenza pública que pueda significar figurar en una de estas listas y de la revocatoria de la visa para ingresar a EE. UU., el Departamento de Estado de este país no habló de ninguna otra acción que pudiera ser considerada más severa o que pudiera llegar a preocupar a los señalados de corrupción.
La Ley de Compromiso Mejorada de EE. UU. con El Triángulo Norte de Centroamérica que dio origen a la lista Engel no habla de ninguna otra acción; sin embargo, analistas consultados señalan que debe incluirse otras si lo que se desea es disuadir a quienes cometan actos de corrupción o estén tentados de hacerlo.
Muchos actores que han sido señalados por EE. UU. siguen inmersos en la vida política nacional.
En el 2009, cables de WikiLeaks revelaban que ese país consideraba al partido político Unidad del Cambio Nacional (UCN) como una agrupación de ideología narco; sin embargo, hoy continúa con una bancada de 12 diputados en el Congreso de la República e incluso con representación en la junta directiva.
Clase política degradada
Analistas refieren que solo la publicación en sí de la lista no es un disuasivo para que actores políticos o judiciales se abstengan de cometer actos de corrupción, y señalan que esta debe ir acompañada de sanciones en contra de los señalados porque se le perdido el miedo y la vergüenza a figurar en ellas.
Christians Castillo, analista político
El director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, dijo que, aunque el objetivo de la lista es presionar a los países para cambien de actitud, lo cierto es que a la clase política pareciera que no les causa ningún efecto porque da la impresión de que en los últimos años “el miedo a EE. UU. se ha perdido un poco”.
En Nicaragua y Venezuela, donde el Departamento de Estado ha retirado la visa a muchos funcionarios y sus familias, EE. UU. solo han conseguido “carcajadas de la clase política”, subrayó Ortiz.
Como en esos países, en Guatemala “la degradación de la clase política ha sido grande y cada vez contamos con personajes más inescrupulosos, más cercanos al crimen organizado y al narcotráfico”, dijo.
EE. UU. impone este tipo de sanciones porque son las que tiene a su alcance por los límites que supone la soberanía y porque, quizás en el pasado les ha dado resultado, pero ahora los políticos son más “ruines” y de más “bajo nivel humano y moral”, añadió Ortiz.
Precisó que los listados deben ir acompañados de medidas más drásticas, como la Ley Magnitsky, y en coordinación con otros países aliados de EE. UU. porque aplicarla implica congelar los bienes y activos de los políticos corruptos y “al final, si no se tocan sus bolsillos no se va a sentir la presión”.
Otras acciones
“Las sanciones harán efectiva la lista, porque si se queda solo en hacer públicos los nombres, pero no hay una acción real en contra de sus intereses será una declaración de buenas intenciones”, afirma el analista político Christians Castillo.
En ese sentido, considera que las acciones de EE. UU. están fundamentadas sobre indicios muy evidentes y que lo debiera seguir son acciones concretas en contra de los intereses de estas personas identificadas como operadores de la corrupción, para las cuales, coincide, podría basarse en la Ley Magnitsky o en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
“Cada listado tiene diferentes acciones desde retirar la visa hasta ocasionar la muerte financiera o inmovilización de cuentas en EE. UU.”, añade el analista.
Castillo dice que la lista Engel tiene el objetivo de individualizar la corrupción, de ponerla con nombre y apellido para vincularla a la estrategia para reducir la migración irregular —considerada un problema de seguridad interna—, en el sentido de que la apropiación de recursos por parte de ciertos funcionarios ocasiona que el Estado no tenga presencia en las áreas del país que se han convertido en expulsoras de migrantes.
Es poco probable que los protagonistas de la lista se vean persuadidos a dejar de cometer actos de corrupción; no obstante, la lista tiene la particularidad de que debe ser actualizada cada año lo que significa que puede ser utilizada como una herramienta de presión o condicionamiento de EE. UU. para los gobiernos de la región.
En tal sentido, Castillo dice que podría haber acercamientos con actores que pueden ser los próximo en figurar en la lista, para tratar de corregir su accionar. “EE. UU. no quema todos sus cartuchos en un solo tiro”, recuerda.
Deben ser investigados por Guatemala
Ortiz considera que, aunque algunos de los nombres que figuran en la lista ya tienen procesos judiciales comenzados hay otros en los que el Ministerio Público (MP) bien puede auxiliarse de las agencias de inteligencia de la Embajada de EE. UU. para recabar indicios y comenzar investigaciones.
Por su parte, el licenciado en Relaciones Internacionales y catedrático universitario, Williams Álvarez, afirma que el listado está fundamentado con indicios serios de corrupción, por lo cual tendría que convertirse en un llamado para que el MP o todo el Estado de Guatemala tomen acciones.
Añade que la lista Engel tiene la intención de aislar a las personas que aparecen en ella del sistema político y económico de Guatemala ya que es una advertencia para que toda persona que pretenda tener algún nexo con EE. UU. se abstenga de algún acercamiento con ellos.
No obstante, reconoce que en los listados de esta naturaleza pueden figurar personajes que ya están abiertamente confrontados con EE. UU. o que no les interesa tener una buena relación con ellos. En estos casos la publicación no les afectará de inmediato.
