Oliverio García Rodas, diputado independiente, expuso ante la comisión, jueces y magistrados que según los resuelto por la CC el 21 de junio último “hay apreciaciones dirigidas prácticamente al Congreso sobre la forma de legislar y como debe hacerse análisis relacionado con el artículo 19 constitucional y las consideraciones sobre la pena y beneficios penitenciarios”.
“Al hacer una exclusión en una ley sobre un beneficio penitenciario obviamente estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad porque la Corte así lo determinó en su sentencia. Aún no hay jurisprudencia porque no existe el número de sentencias, pero es un criterio expresado por la CC y no entiendo el trabajar para que llegue a la Corte y lo declaren inconstitucional”, señaló el diputado.
García Rodas aseguró que “es menester —por parte de la Comisión— tomar en cuenta los criterios que ha expresado la corte para no caer en el juego de recursos de inconstitucionalidad y amparos”.
Criterios
Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, sobre esta situación indicó que “consideran algunas limitantes en atención a la sentencia del 21 de junio último” donde la CC advierte que “no debe de existir ninguna limitante” para la aplicación de redención de penas.
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“Esto viene a cambiar el escenario. La CC deja abierta la posibilidad de que las nuevas disposiciones, y que la ley debe interpretarse de forma beneficiosa para el reo y es obvio que van a buscar adquirir ese beneficio”, señaló el magistrado.
López indicó que esto genera una preocupación de que la iniciativa pueda beneficiar a personas que enfrenten otros procesos como coacción amenaza, extorsiones. “Esto puede ser como se dice coloquialmente más peligrosa la cura que la enfermedad”, señaló.
María Roselia Lima, de la Asociación de Juezas de Guatemala, consideró que la discusión se volvió interesante cuando se reveló lo “la inconstitucionalidad de un párrafo de un artículo de la Ley de Femicidio que impedía que se le diera reducción de pena a un femicida”.
“La CC dice que en base al artículo 19 de la Constitución se le tiene que aplicar la redención de penas a todos. Pero en un artículo de la iniciativa dice que no se aplica a los delitos de lesa humanidad, y algunos quieren que tampoco el femicidio, pero si nos amparamos a lo que dijo el diputado prácticamente tiene que ser para todos”, afirmó Lima.
La magistrada aseguró que bajo ese contexto “el mecanismo de aceptación de cargo puede aplicarse para un secuestrador, violador, femicida o genocida, porque cualquiera es cualquiera”.
“Lo que tememos es que por ese artículo en un momento determinado no pase la ley que tiene muchas cosas buenas. Nunca habrá una ley perfecta, al echarla andar se pueden corregir los problemas”, agregó Lima.
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El presidente de la comisión Manuel Conde, señaló que esta situación será parte del análisis que la comisión deberá hacer cuando termine de recopilar los aportes.
Recomendaciones
Los magistrados que llegaron a la sesión coincidieron en que la iniciativa de aceptación de cargos es beneficiosa pues consideran que si puede liberar en cierta medida la mora judicial.
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados advirtió “que esto pudiera generar una carga para los operadores de justicia, jueces en primera instancia y tribunales de sentencia”.
“Esto implicaría en carga en tema de las audiencias, ya que serían necesarias hasta cinco audiencias para considerar el otorgamiento del beneficio. Vemos con preocupación que esto podría generar una carga adicional al tema de las audiencias”, señaló López.
Como propuesta para solucionar esta situación es que es necesario que se cree un mecanismo para que las personas que estén en alguna etapa sean beneficiadas y una propuesta es que existan jueces especializados en la aplicación de esta legislación.
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Mientras que la magistrada Lima destacó que “en términos generales” comparten el contenido de la porque “vendría a descongestionar el sistema de justicia, darle celeridad procesal y descargar la mora judicial”.
“Sugerimos algunos cambios, entre ellos tenemos la retractación, es decir que cuando alguien acepte los cargos se deben mantener los mismos y seguir, también pensamos en lo que se refiere a la reparación digna”, señaló.
La magistrada indicó que en el tema del resarcimiento se debe tomar en cuenta que no todos podrán pagar por lo que es necesaria que exista una corresponsabilidad del Estado porque al final cuando alguien sufre un delito el primero que falló fue el estado que no logro cumplir con su papel de garantizar la vida y seguridad de las personas.
Conde Orellana afirmó que durante esta semana se hará el trámite para que exista una audiencia con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que son los ponentes y sus apreciaciones servirán para enriquecer la matriz de propuestas.
El diputado indicó que al recibir estos aportes ya se estaría en condiciones de comenzar el análisis de los artículos y proponer reformas a la iniciativa.
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