Hasta ahora, el principal atraso que exponen los diputados es una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obliga a que los congresistas elijan a viva voz a los futuros magistrados y que excluyan a personas de las que se presume hubo negociaciones ilícitas para ser incluidas en las listas, según cita una investigación del Ministerio Público (MP).
La institución a cargo de administrar todo el sistema de justicia, además de no ser renovada, se encuentra incompleta. Los magistrados Rafael Rojas y Néster Vásquez renunciaron para ocupar otras magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral y en la CC, respectivamente.
Desde el 2017, Blanca Stalling no cumple su función judicial, por mantener un proceso penal abierto, y como en ningún momento se declaró la vacante de su plaza, nunca llegó un sustituto. Tan solo hay 10 de 13 magistrados.
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MP, en la mira
El retraso para que el Congreso no agilice la elección de la CSJ no obedece exclusivamente a una duda legal, existen intereses políticos de fondo para que los diputados deseen mantener una CSJ cómoda y afín a sus intereses, según comentó David Gaytán, consultor en temas de transparencia y fiscalización.
Gaytán ya denunció a la Junta Directiva del Congreso por el supuesto retraso malicioso en la elección de la nueva Corte; sin embargo, el MP desestimó la denuncia, porque no vio el posible delito, ya que el tema estaba incluido en el orden del día, así fuera en el último punto de las sesiones.
“Quieren quedarse con esta CSJ, porque viene un momento muy importante, que es la elección de fiscal general; para ello necesitan tener sentada en la mesa de la comisión de postulación a la actual CSJ. Esto les va a garantizar que la persona que se elija fiscal general pueda seguir siendo una persona que sea controlada por ellos y que pueda ser afín a sus intereses. Es algo que ya ellos tenían planificado y que han seguido postergando día con día”, señaló Gaytán.
Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible, también aseguró que el Congreso no tendrá prisa por renovar la Corte para incidir en el cambio del jefe del MP.
“Es algo grave, sin precedentes, y lamentablemente no se ve una salida porque no hay ni un poco de voluntad política en los liderazgos del Congreso, todo mundo ya lo dio por hecho y se ve que así vamos a seguir indefinidamente (…) Es una CSJ que ya se amplió a nombrar magistrados en la CC, y ahora se está ampliando también para la elección de fiscal general”, indicó Morales.
Para Adeline Nau, investigadora para Centroamérica y México de Amnistía Internacional, el atraso en la renovación de cortes es una violación a los derechos humanos y los ataques de desprestigio contra fiscales, jueces y magistrados “solo demuestran cómo grupos a favor de la impunidad recuperaron el terreno perdido en el 2015”.
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¿Culpa de la CC?
El diputado Aníbal Rojas, jefe de bloque de Visión con Valores (Viva), afín al oficialismo, negó que se busque retrasar la renovación de la CSJ.
Rojas aseguró que, por el contrario, es necesario agilizar esos nombramientos que se retrasaron por una sentencia de la anterior CC, que les impuso una forma de elección contraria a la que ya establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso.
“Desde ningún punto de vista creo que el Congreso, y se lo puedo decir en lo personal y como bancada, no nos podemos sentir cómodos con la situación como está. Hay que elegir, por eso está establecido en la Constitución la forma y el procedimiento. El problema es que tenemos una resolución mal hecha de la CC, con alguna intención previa, que bloqueó la forma en que normalmente se tiene que hacer”, dijo Rojas.
El parlamentario añadió que es casi seguro que al inicio del segundo período de sesiones se discuta entre los jefes de bloques y la junta directiva la posibilidad de enviar una consulta a la CC para saber si existe alguna forma legal de agilizar el proceso.
“Ahora que hay una nueva CC, más plural, creemos que hay una oportunidad de enmendar ese error que cometió la anterior corte, y ahora sí ir a una elección como debe de ser, como ya está establecida en las leyes normales”, manifestó Rojas.
La postura de Rojas es compartida por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que hace algunos meses indicó que analizaban hacer una consulta a la CC para agilizar el nombramiento de magistrados; sin embargo, a la fecha no ha ingresado ningún expediente en esa vía, de acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de la CC.
El diputado Armando Castillo, integrante de la comisión permanente, comentó que, si el Congreso opta por esa opción y aguarda una nueva opinión de la CC, será en el segundo período de sesiones –que comienza el 1 de agosto– que discutan esa posibilidad, ya que la gravedad de la pandemia los obligó hasta a suspender las funciones del Parlamento.
Según el análisis de Édgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, una nueva consulta tan solo buscará retrasar más la elección, permitiendo llevar a las actuales autoridades judiciales a ocupar una silla en la comisión de postulación para fiscal general.
“Es legalmente inviable que la CC pueda modificar una sentencia que la misma CC ya dictó. Yo creo que eso es una artimaña que el Congreso va a utilizar para ganar tiempo. Probablemente pida una opinión consultiva y sirva como pretexto. Cualquier abogado sabe que la CC no puede modificar una sentencia que está firme. Creo que será solo un pretexto para alargar, pero no veo que pueda prosperar”, puntualizó.
