Política
Amnistía Internacional se reconoce preocupada por falta de garantías en el actual proceso de Comisiones de Postulación
La oenegé presentó un informe sobre la criminalización en contra de operadores de justicia, mismo que fue presentado al presidente Bernardo Arévalo.
Amnistía Internacional (AI), urge que el proceso de comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones debe ser transparente, independiente y basado en criterios técnicos. Lo consideran necesario para garantizar un sistema que permita realizar la labor de los jueces sin intimidaciones.
Una comitiva de la oenegé estuvo de visita en el país para la presentación del informe Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala, en el que señalan que la intimidación contra los defensores de los derechos humanos es sistemática en el Organismo Judicial, y ha sido permitida, incluso, durante audiencias o juicios.
El trabajo recoge cuatro casos de mujeres que han sido criminalizadas por el ejercicio de su deber y que se encuentran en el exilio. El informe fue presentado al presidente Bernardo Arévalo y a grupos de la sociedad civil.
En entrevista con Prensa Libre, Ana María Piquer, directora regional de la organización, refiere que el proceso de elección de jueces será determinante para el futuro de los derechos humanos y el ejercicio del Derecho en el país. Están conscientes de que se requiere de voluntad política para lograrlo, pero dudan si los actores involucrados la tienen.
¿Qué temas se abordarán con el presidente Arévalo?
En el informe que estamos lanzando, creemos que el presidente tiene un rol que cumplir en términos de reconocer la labor que han desarrollado las personas operadoras de justicia que han sido criminalizadas.
Nos interesa conversar un poco más en general de la situación de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, también de la posición de Guatemala en la región y en la subregión de Centroamérica, de cara a lo que está pasando en otros países vecinos.
En el informe se menciona una reparación digna para quienes han sido criminalizados. También desde la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos se había mencionado la posibilidad de crear garantías para el retorno de algunos exiliados ¿se discutirá esa posibilidad con el presidente?
Sí, nos gustaría, como parte de la conversación del informe, y un elemento fundamental de las recomendaciones, la necesidad de garantizar la reparación a las personas que han sido afectadas por la criminalización. Y esa reparación pasa, por supuesto, porque las personas que ya no viven en el país puedan regresar con las debidas garantías, que las personas que tuvieron que salir forzadamente de sus trabajos en el poder judicial o en la fiscalía tengan la posibilidad de recuperar su trabajo, si así lo desean. Eso es parte de reparar el daño que se ha cometido con este patrón de criminalización.
Conversando más sobre el Organismo Judicial, considerando que identifica que la criminalización es de manera sistemática, ¿Qué esperan del del proceso de selección de jueces?
Esperamos que sea un proceso, primero transparente y que se base efectivamente en un análisis de la idoneidad y de la calidad técnica de las personas postulantes para ocupar esos roles y que no esté influido por otro tipo de consideraciones de carácter político o de otro tipo que no corresponde para asegurar la independencia de esas las personas que sean elegidos.
El hacer un proceso transparente es parte también de garantizar la independencia judicial futura, y que esa independencia judicial es parte de la preocupación estructural de este informe, de que finalmente no se ha garantizado esa independencia.
¿Ven voluntad política en este momento para lograr un proceso transparente y abierto?
Tenemos dudas al respecto. Es parte también de lo que queremos conversar con el presidente, que sí ha tenido interés en el asunto. Pero claro, hay muchos diferentes elementos del Estado que están involucrados en la designación y que vamos a tener que ir monitoreando, si esa voluntad está presente o no.
La Organización de los Estados Americanos será observador del proceso a solicitud del mandatario, ¿consideran que será suficiente esta veeduría para la transparencia de la elección?
No sé si es suficiente, -pero- es positivo.
¿Cómo garantizar que esta observación no sea considerada como injerencia, como fue la narrativa durante el proceso electoral recién pasado?
La idea no es que sea injerencia en el sentido de que intervenga en a quién se elige o a quién no, sino más bien que garantice que el proceso sea transparente y se pase en criterio técnico.
El informe menciona también que las intimidaciones, en algunos casos, se originan desde fiscales del Ministerio Público, ¿consideran ustedes que se necesita un cambio en las autoridades del ente?
Como mínimo debiera revisarse. Las situaciones que documentamos en el informe están ocurrieron prácticamente bajo el mandato de la actual fiscal general. Hay una responsabilidad institucional, y ella, como representante de la institución, tiene una responsabilidad por lo que está ocurriendo.
Entonces, sí nos parece que sería pertinente revisar el rol que han cumplido en este proceso de criminalización y la posible necesidad de cambiar la cúpula de la institución, si eso es necesario.
Nos parece que sí, que la inamovilidad de un rol como el fiscal general tiene una relevancia en el sentido de garantizar su independencia, pero no puede ser absoluta, porque tiene que tener la posibilidad en casos excepcionales como los que documentamos en nuestra informe.
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