Guatemala
Amnistía Internacional revela que en “Guatemala se adoptaron tácticas dictatoriales”
La medición clasificó ocho derechos y libertades que a criterio de los investigadores se acercan a escenarios como los que se viven en Nicaragua y El Salvador
El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del este año. Fotografía: EFE.
El informe mundial de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos sitúa a Guatemala en un escenario complejo. Los investigadores estiman que, sobre el país, en el 2023, hubo prácticas semejantes a países con regímenes dictatoriales.
Durante la investigación destacó el evento electoral que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia. Proceso que estuvo acompañado de denuncias y persecución penal contra actores clave de las elecciones, según el documento.
En total fueron ocho los derechos que midió el informe de Amnistía Internacional, en donde cada uno muestra vulneración para los guatemaltecos. Las principales víctimas fueron defensores de Derechos Humanos, operadores de justicia y periodistas.
“Lo que pasó en Guatemala se hace eco por unas dinámicas que hemos notado a nivel de Centroamérica con prácticas todavía más autoritarias. Tenemos a Nicaragua, pero también en El Salvador se consolida un modelo autoritario”, explicó Adeline Nau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
Otros de los puntos medidos por el informe son: la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, situación de los defensores de los Derechos Humanos, la impunidad, niñas y mujeres, derechos de la comunidad LGTBI, pueblos indígenas y medio ambiente.
Mayores restricciones
El año pasado Guatemala celebró sus elecciones generales, pero el evento “estuvo plagado de irregularidades”, puntualiza el informe. Señala la persecución penal contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y procesos judiciales contra el partido político que ganó las votaciones para la presidencia.
Como consecuencia, el Ministerio Público (MP) inició una investigación penal contra cuatro de cinco magistrados del TSE, quienes perdieron la inmunidad en noviembre pasado.
A los funcionarios se les señala de la adquisición anómala del sistema de trasmisión de resultados electorales preliminares, conocido como el Caso Trep. A ello se le suma, que también a los magistrados se les quiere investigar por otro caso, proceso que ya llegó al Congreso de la República para que se conozca de nuevo un proceso de antejuicio.
“En el 2023 vimos con mucha preocupación cómo se restringió todavía más el espacio cívico con personas defensoras de Derechos Humanos, periodísticas, y operadores de justicia, enfrentando procesos penales o siendo obligados a escapar por procesos montados”, añadió la investigadora.
El oficializar los resultados en un evento electoral tan convulso, según la investigación, hizo que las autoridades electas tomarán posesión. Escenario que podría ser beneficioso para revertir las prácticas dictatoriales.
“Con el cambio de autoridades esperamos que se revierta y se consolide el mensaje de que las autoridades, lejos de perseguir a quienes defienden los Derechos Humanos, los deben de proteger, porque son esenciales”, señaló la entrevistada.
Modelo de criminalización
El informe de Amnistía Internacional señala que uno de los actores clave para los procesos de criminalización es el Ministerio Público (MP). Institución que es liderada por María Consuelo Porras, fiscal general y jefa de dicha entidad investigadora.
Durante la recta final del 2023, los pueblos indígenas y grupos ciudadanos manifestaron para buscar la renuncia de Porras, pero no fue posible conseguir su remoción.
La investigadora reiteró que esta institución es clave para los procesos de persecución contra defensores de Derechos Humanos, operadores de justicia y periodistas.
“El MP es el nudo de la maquinaria de este modelo de criminalización porque inicia procedimientos penales contra las personas que señalan violaciones, o bien da trámite a denuncias que son improcedentes, que dan cuenta que es una venganza”, explicó Nau.
Aunque la administración de Arévalo para Amnistía Internacional podría ayudar a revertir las prácticas dictatoriales desde el gobierno, las acciones del MP podrían aumentar las acciones de persecución judicial. “Sabemos que el MP sigue con esa administración por dos años más, y nosotros vamos a seguir apoyando las demandas para que se dé una justicia funcional”.
Desmiente señalamientos
Al ser consultado el MP sobre las valoraciones que hacen los investigadores de Amnistía Internacional, la institución afirma que son hechos que no tienen fundamentos.
“El MP tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, el no hacerlo representaría corrupción. En ese sentido, todas las investigaciones se realizan con estricto apego al principio de legalidad, de forma objetiva, imparcial y garantizando el respeto al debido proceso”, respondió el departamento de Comunicación Social del MP.
El ente investigador considera que las apreciaciones son equivocas, ya que ellos se encargan de realizar un proceso de investigación, que luego es analizada por los jueces.
“Realizar una investigación y cumplir con la función del MP jamás puede catalogarse como "medidas arbitrarias" pues ninguna persona es superior a la ley y es únicamente a través de la investigación que se pueden esclarecer los hechos, y posteriormente, tal y como lo establece la ley corresponde al juez emitir la resolución correspondiente. Por tal razón dicho señalamiento no solo es errado sino carece de fundamento legal”, concluyó.
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