Esta situación siguió generando comentarios y posturas entre los diputados guatemaltecos, quienes resaltan que se debe esperar que el convenio sea firmado para emitir algún tipo de comentario sobre el tema.
Leonel Celis Navas, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana, indicó que lo del tercer país seguro es un tema que no se ha trabajado con transparencia y el Congreso que sería el encargado de ratificarlo aún no lo conoce.
“En este momento no tenemos conocimiento, habría que analizarlo muy bien porque tendríamos nosotros poner algunos temas que favorezcan al país y no solamente firmarlo, pero no tenemos información”, dijo el parlamentario.
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Sobre las sanciones que se anunciaron para congresistas, indicó que son intimidaciones y “es un tema que debe ser abordado con mucha seriedad y luego de un análisis profundo se debe dar una postura”.
Raúl Romero, jefe de la bancada Fuerza, señaló que lo que se vive es el resultado de una inadecuada política exterior de Guatemala que aborde de manera seria e integral temas tan importantes.
“El Gobierno debe respetar los procesos legales e institucionales para firmar los convenios o acuerdo internacionales, pues un acuerdo de tal magnitud debió haber sido socializado con otros actores para tener varios puntos de vista”, declaró el parlamentario.
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Napoleón Rojas, subjefe del bloque Unión del Cambio Nacional, consideró: “Hay que ver cómo empezó la negociación. Si el presidente venía hablando de esto hace tiempo tendría que haberlo comunicado”.
“No estamos preparados para ser un tercer país seguro, esto no le conviene en este momento a Guatemala. Eso no quiere decir que más adelante no se pueda, pero en la actualidad no estamos preparados para eso”, afirmó el diputado.
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Rojas afirmó que“no es una buena manera de haber hecho la negociación y esta debería hacerse a largo plazo porque el incumplimiento de un contrato también traería sanciones para el país y es algo que se debe evitar.
Walter Félix, jefe de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), lamentó que un viceministro llegara en representación de la canciller Sandra Jovel al Congreso y negara que había una negociación de tercer país seguro cuando el presidente estadounidense dijo lo contrario.
“Ahora sabemos por boca del propio presidente Trump que sí había negociación y con el cambio de opinión ahora amenaza con sanciones. Me parece que es una política represiva e intervencionista de Estados Unidos”, resaltó el parlamentario.
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Félix añadió que es difícil que se pueda detener el fenómeno de la migración del modo como lo están planteando y que lo mejor sería buscar una solución tomando en cuenta las causas que lo generaron.
Asimismo, Juan José Porras, subjefe de la bancada Visión con Valores, expresó que a nivel de bloque no tienen ninguna postura sobre la declaración del asesor estadounidense, pues es un tema que ni siquiera se ha comenzado a discutir en el Congreso.
Guatemala contra la pared
Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que las declaraciones del presidente estadounidense y su asesor “es un intento de intimidación para las autoridades guatemaltecas”.
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“No es solo el Congreso, es a los tres poderes del Estado e incluso la propia Corte de Constitucionalidad. Hay que entender que las posibilidades de maniobra de Guatemala son bastante limitadas por la dependencia política y económica que tiene de Estados Unidos”, afirmó el experto.
Dabroy añadió: “Lamentablemente, salvo que Guatemala decida establecer relaciones con algún actor que no sea muy cómodo para Estados Unidos, se terminará acatando la petición estadounidense, que ni siquiera tenemos la claridad de lo que es”.
Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), manifestó que “el anuncio intimidatorio del presidente estadounidense responde a la frustración que siente de no haber podido materializar uno de sus compromisos de campaña”.
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“A raíz de esto se vierten estos mensajes intimidatorios y amenazantes contra un país que pasa por momentos críticos por falta de liderazgo, de apego y respeto a las competencia a los órganos institucionales y esto hace que los diputados se sientan presionados”, afirmó el analista.
Hidalgo espera que los diputados no cedan a la presión y cambien su postura de que este convenio no sea aprobado porque es evidente “que ellos se sienten frágiles ante esta amenaza porque lamentablemente la institución legislativa es porosa”.
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