Esta propuesta de ley busca concentrar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) toda la potestad en materia ambiental, lo que significa el cierre de cualquier otra oficina de gobierno en esa rama.
Lo anterior traería consigo que todo el destino de los recursos naturales de Guatemala; áreas protegidas, reservaciones, parques, ríos, lagos y más estén sujetos a decisiones políticas y no técnicas, evalúan los expertos.
El cierre del resto de oficinas de gobierno encargadas en el manejo ambiental, junto a la eventual concentración de poderes en el MARN ha llevado que la iniciativa 6054 sea conocida como la ley del “súper ministerio de Ambiente”.
EN ESTE MOMENTO
La iniciativa fue impulsada por la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso e integrante del bloque oficial, acuerpada por diputados amigos entre ellos Aníbal Rojas, integrante de la Directiva y hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas.
Aunque la iniciativa no fue incluida para su discusión esta semana cualquier diputado podría presentar una moción dentro del Pleno para incluirla a último minuto, como ha ocurrido con otros proyectos de ley que son del interés de la alianza oficialista.
El articulado de la iniciativa 6054 además de colocar en una “bandeja de plata” los recursos naturales limita una serie de derechos, que a criterio de los ambientalistas y su equipo jurídico raya en lo inconstitucional, por lo que se preparan ante cualquier intento para que la misma sea aprobada.
Comunidades en riesgo
La iniciativa 6054 contempla el cierre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.
Lo anterior también dejaría en manos de una entidad política como un ministerio de Estado el destino de los recursos naturales, que ya no contarían con la visión técnica y experta de las instituciones que se busca clausurar.
“Con esto no solamente se elimina al Conap sino todos los convenios internacionales que van adheridos al Conap, su cooperación internacional; sin Ocret pueden dañar incuso a comunidades indígenas, esta ley es peligrosa y yo jamás había visto una le tan ‘leonina’”, explicó Vida Amor de Paz, ambientalista.
El ciudadano Juan Carlos Godoy, experto en temas medio ambientales, explicó a título personal que esta propuesta puede llevar al desplazamiento de comunidades indígenas y a eventuales restricciones a los recursos que por historia han utilizado para su existencia y desarrollo.
“No se piensa en los bienes y servicios que generan las áreas protegidas, en muchas de ellas obtenemos leña, agua y bienes para la economía local, no hablamos de resguardar la naturaleza de una manera romántica sino resguardar el patrimonio esencial para el desarrollo económico y social”, refirió.
Fondo político
Otro peligro que existe en esta iniciativa es que todos los recursos de las dependencias que estarían cerrando llegarían a un MARN en pleno año electoral, lo que permitiría concentra un estimado de Q900 millones.
Marvin Flores, ambientalista, considera que el dejar todas las decisiones ambientales en un ente político significa peligro, ya que podrían existir trasfondos políticos en las decisiones del “súper ministerio”.
“Es una ley ‘entreguista’ porque está planteada para darle con toda libertad los recursos naturales a quien mejor plantee una propuesta de aprovechamiento, creo que con la base de recursos naturales que ayudan al desarrollo y a la nación no se tendría que jugar de esta manera”, indicó.
Amor de Paz es más directa al considerar que otro posible fondo político de la iniciativa sería la campaña electoral del 2023, “están en peligro todos los presupuestos de estas instituciones ¿Para qué les puede servir? Para muchísimas cosas, incluso hasta podrían servir para campaña política del año entrante”.
