Entidades que han evaluado el patrón de legislación que el parlamento ha tenido en tres años, donde han observado pocos decretos y otros han tenido que ser archivados por el rechazo social o incluso vetados por el propio Organismo Ejecutivo.
La gestión de Shirley Rivera, actual presidenta de la junta Directa del Congreso, ha continuado con esas sombras al momento de legislar a criterio de la organización Guatemala Visible.
“Archivar los decretos y la falta de emisión de los mismos refleja la falta de priorización de una agenda legislativa que responda a los intereses de los sectores del país, tanto en cuestiones económicas, políticas y sociales”, señala la entidad.
Uno de los elementos clave y que son necesarios, según Guatemala Visible, es mejorar el compromiso al momento de legislar, “hay poca aceptación por parte de la ciudadanía en el trabajo del Congreso, también incide en el nivel de confianza y credibilidad que se tiene en el legislativo”.
La falta de compromiso se respalda con la ausencia de un trabajo técnico necesario para cada ley que el congreso analice, discuta y apruebe, según el criterio de Alejandro Quinteros, politólogo independiente.
“Se refleja una falta de planificación, de desarrollo interno de las comisiones de trabajo, de un seguimiento claro a los problemas de país, así como la falta de análisis técnicos, financieros, jurídicos y sociales de las iniciativas de ley”, argumentó.
El tener que retractarse de ciertas leyes o impulsar los proyectos menos acertados trae costos incalculables, refirió Quinteros, “todo esto hace que el país no avance e incluso que retroceda, se pierden oportunidades para actualizar legislación importante como la ley electoral, de hacer procesos importantes como la elección de Cortes que es un tema que casi que se quedó perdido”.
En los casi tres años de trabajo de la novena legislatura existen, al menos, seis proyectos de los que el oficialismo y sus aliados se han visto obligados a retroceder por el rechazo social que han despertado en la ciudadanía.
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Presupuesto 2021
Con 115 votos a favor el Pleno del Congreso había aprobado el presupuesto del 2021 por un monto de Q99 mil 700 millones. Su aprobación fue de urgencia nacional y durante la madrugada de aquel 18 de noviembre.
Lo anterior despertó dudas entre varios sectores de la población que advertían negociaciones poco transparentes, lo que ocasionó una serie de manifestaciones en el centro de la ciudad contra el Congreso.
El momento más álgido se dio el sábado 21 de noviembre cuando decenas acudieron a manifestar contra la aprobación del presupuesto y los diputados que lo aprobaron, generando un movimiento ciudadano de días.
La acciones de las fuerzas de seguridad para frenar las protestas dejó a manifestantes lesionados, uno incluso perdió uno de sus ojos tras ser golpeado por un arma policial.
El Congreso que estaba presidido por el oficialista Allan Rodríguez no tuvo más que dar marcha atrás con el presupuesto, el mismo fue archivado en una sesión plenaria el 25 de noviembre con el voto a favor de 121 congresistas.
Reforma Ley de Contrataciones
El 28 de abril de 2021 el Pleno del Congreso aprobó cambios a la Ley de Contrataciones con el respaldo de 82 diputados, propuesta de ley que fue respaldada por la mayoría de diputados de la alianza oficialista.
El mayor promotor de la ley fue el diputado Jorge García Silva, exintegrante de Junta Directiva y miembro del bloque Prosperidad Ciudadana; diputado que actualmente enfrenta un proceso de antejuicio por aparente corrupción.
La nueva ley buscaba mejorar la forma en que las instituciones públicas realizaban sus compras ampliando los montos para sus distintas modalidades, pero la norma no generó confianza.
El artículo de mayor revuelo fue el que pasaba las compras de baja cuantía de Q90 mil a Q200 mil, lo que generó que sociedad civil, tanques de pensamiento y el propio sector empresarial se pronunciará en contra de la ley.
Esta forma de compra a criterio de los opositores ampliaba escenarios de corrupción inimaginables, por lo que tras una serie de peticiones públicas para su veto el Presidente terminó cediendo a la petición ciudadana.
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Ley de Vacunación
Durante los primeros días de la presidencia de la diputada Shirley Rivera al frente de la Junta Directiva del Congreso se aprobó la Ley de Vacunación, normativa que recibió el apoyo de 105 votos el pasado 1 de febrero.
Entre las atribuciones de la ley a favor de la salud se encontraba la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de vacunas, lo que significaba adquirir estos insumos de manera más barata.
Así mismo daba vida al Programa de Inmunizaciones, entidad que tendría a su cargo coordinar, planificar y ejecutar cualquier proceso de vacunación, lo que habría ayudado en el combate al covid-19 y cualquier otra enfermedad.
También quedaba claro que los procesos de vacunación no eran obligatorios, dejando la decisión en el ciudadano, pero el análisis jurídico del Ejecutivo apuntó que la norma presentaba una serie de inconsistencias.
A criterio del mandatario la ley era inconstitucional, excluía en los procesos al Seguro Social y a las municipalidades, además que el Programa de Inmunizaciones no tenía fuente de financiamiento, por lo que fue vetada.
Protección de la Vida y la Familia
En el día internacional de la mujer el Congreso liderado por la diputada Shirley Rivera aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, propuesta que recibió el voto a favor de 102 diputados.
La propuesta fue presentada como una herramienta jurídica que se encargue de velar por la familia guatemalteca, pero la normativa era excluyente a cualquier modelo que no se ajustara a la familia tradicional integrada por madre, padre e hijos.
Las organizaciones sociales detectaron artículos que calificaron de violatorios a los Derechos Humanos, entre ellas la ambigüedad que calificaba como un delito y castigaba con cárcel un legrado (aborto accidental y no planeado).
Otro de los peligros vigentes con esta ley, a criterio de expertos, era generar un ambiente de discriminación hacía personas de la diversidad sexual, mismos que podrían haber ocasionado un aumento en los crímenes de odio.
Grupos de jóvenes y de la sociedad civil manifestaron contra la ley y en una cadena nacional el presidente pidió a los diputados que la ley fuera archivada o de lo contrario iba a vetarla. Finalmente el Congreso optó por archivarla.
Fortalecer Fuerzas de Seguridad
La aplanadora oficialista estaba lista para aprobar la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, propuesta que buscaba mejorar la respuesta policial ante protestas según sus ponentes.
En su mayoría diputados de la Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que fue cancelado y que sobrevive por recursos legales pendientes de ser resueltos, cuyo excandidato presidencial guarda prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La iniciativa se presentó el 10 de mayo de este año y tres meses después ya contaba con un dictamen favorable y lista para su aprobación; obtuvo su primera lectura el pasado 9 de agosto según los registros del Congreso, pero aún pasó en segundo debate lo que la colocaba más cerca de su aprobación, según informó la presidenta del Legislativo en la sesión de este 24 de agosto.
Pese a que el proyecto fue vendido como una herramienta para mejorar las estrategias y respuestas de seguridad en las manifestaciones, la oposición y analistas coinciden que tan solo se busca reprimir futuras protestas.
Los 48 Cantones de Totonicapán acudieron al Congreso de la República y no se retiraron hasta que la Junta Directiva del parlamento se comprometió en un documento a no agendar el proyecto, según Los 48 Cantones la norma era inconstitucional y atentaba contra garantías fundamentales.
Delitos de Ciberdelincuencia
El pasado 4 de agosto el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Prevención y Protección Contra la Ciberdelincuencia, normativa que recibió el voto a favor de 100 congresistas.
La nueva ley buscaba castigar cualquier actividad criminal que tuviera como escenario las plataformas digitales, pero a criterio de expertos en Derecho tan solo era una fachada para ocultar restricciones a derechos fundamentales.
Uno de los que peligraba era la libertad de expresión ya que la normativa por tener alcances tan amplios podía frenar o castigar a quienes publicasen notas periodísticas contra funcionarios, ya que estos podían argumentar que se trataba de algún tipo de acoso.
Esta ley recibió pronunciamientos en contra y objeciones de parte de diputados de oposición, ya que la nueva ley podía ser utilizada incluso como un arma política, advertían.
En la sesión de este miércoles 24 de agosto el Pleno conoció las objeciones, pero la primera en ser leída fue una de diputados afines al oficialismo y que apoyaron la aprobación de la ley.
Esa objeción, tras las críticas sociales de los últimos días, recibió 112 votos y la ley quedó archivada. Ya no se votaron las objeciones presentadas por la oposición y tampoco se escucharon muchos argumentos, diputados oficialistas solicitaron una revisión de quórum que dio con la sesión por falta de diputados.
