Por un 7 u 8, porque no puedo decir que 10, porque en este proceso de transición los temas son la integración de equipos, nosotros teníamos la ventaja que el gabinete estaba nombrado casi desde la primera vuelta por lo que comenzaron a actuar.
No podemos estar totalmente conformes porque hemos encontrado cosas que no están en nuestras manos, pero que nos imposibilitan hacer nuestro trabajo, por ejemplo, la actitud de algunos ministros que han dicho ‘yo hasta el 20 de noviembre atiendo la transición’ cuando se habló del 1 de octubre y después del 15 de octubre.
Cuando yo hago público y digo que hay gente que dice que, hasta el 20 de noviembre, algunos me llaman y me dicen: ‘sabe que mejor mañana’. Ese es el caso de los ministros, quienes incluso cuando se les pregunta ¿por qué 12 acuerdos ministeriales en una semana, cuando usted en todo el año emitió 5 y ahora en una semana 12? con lo cual está dejando comprometido el accionar del siguiente gobierno y ya no tiene nada que ver, y responden: ‘Porque yo soy ministro hasta el 14 de enero y hasta esa fecha voy a hacer lo que yo crea’. Entonces, estamos haciendo un inventario de las cosas que tenemos que derogar.
¿Cuáles son los temas que le han causado problemas en la transición?
El anuncio de los pasaportes. La Empornac trató de tener el contrato por diez años sobrevalorado de las grúas, que gracias a Dios la CGCN intervino cuando lo denunciamos, y se dio cuenta que estaba fuera de lugar a precios irrisorios. La obra del libramiento de Chimaltenango, de que el gobierno anuncio que no lo va a recepcionar y que lo hagamos nosotros, que veamos que hacemos.
Es la mega obra de este gobierno, quien dijo que desde Jorge Ubico no se había hecho una obra como esta, pero ahora vienen y dice que el que viene atrás lo arregle, ¡que de al pelo!
Hay contrataciones multianuales que en muchos de los casos son ilegales, contrataciones de caminos y carreteras que asigna un pequeño porcentaje para generar 78 obras de arrastre el año entrante para dejar comprometido un presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, que encima de todo, el Congreso de la República le bajó Q1mil 500 millones. Los muchachos se están meneando al son que ellos consideran que les corresponde, pero un son que es equivocado a los intereses suyos, míos y de toda la población, y lo digo con toda propiedad.
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¿Cada gobierno lleva su personal, qué hará usted para que no se convierta en una agencia de empleo?
El que se convirtió en agencia de empleo es este gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente armó un sindicato de los 029 y los 022 el propio ministro -Alfonso Alonzo-, para crear un sindicato y pedir la inamovilidad de la gente, cuando uno revisa los contratos la gente contratada es mucho más grande que la que se necesita en muchas de las dependencias como lo hemo comprobado en este periodo de transición, entonces que posibilidades de contratar gente hay si todo está lleno, violando la norma de la Oficina de Servicio Civil (Onsec), sin dictamen de esta oficina, readecuaciones ilegales de puestos de funciones sin presupuesto. Mi prioridad será poner en orden esto, y el país, y vamos a enfrentarnos a quienes han cometido ilícitos con el propósito de mantener sus prebendas, que al parecer no fueron suficientes durante todo este tiempo, los vamos a tener que enfrentar. Nuestra prioridad será poner orden, porque no es posible, la Ley dice que para que una persona tenga una plaza tiene que tener dictamen de la Onsec, aquí lo han hecho sin nada.
En campaña dijo que eliminaría la SAAS, el Parlacén y la Sesán ¿sigue en esa línea?
El proyecto de ley donde solicitamos al Congreso el cierre de la SAAS el 14 de enero cuando ya me hayan puesto la banda presidencial, ya está listo. Para esto tenemos plan a y b. Si el Congreso se tarda, nosotros sabemos cómo podemos ir haciendo las cosas en ley y cumplirlas.
Fui a visitar al director de la Defensa Publica Penal, que por cierto vamos a hacer cosas novedosas, a firmar un acuerdo de cooperación de la Defensoría y el Gobierno donde vamos a poner en las principales comisarías un abogado defensor para que la gente que caiga ahí, ese abogado vea que se respeten sus derechos, no haya maltrato, si es una falta que lo lleven a juez y le pongan una sanción y que no pase a proceso penales innecesarios. Le pregunté cuántos abogados tiene la Oficina de la Defensa, y me dice abogados somos poco más de 400, pero en total mil 140. La SAAS, que cuida al presidente tiene mil 250 empleados, eso no es justo mil 140 para defender a todo el país y mil 250 para defender a uno o dos. ¿Tengo o no razón de cerrarla?
¿Y quién lo va a proteger?
Ya lo vamos a anunciar, pero no va a ser nada ostentoso, basado en la ley y cosas que ya existen.
¿Podrían ser los militares?
No, no hay necesidad. Ya se van a enterar.
¿Qué pasará con los acuerdos con Estados Unidos en cuanto a la migración?
En primer lugar, hay que ver cuál será el plan de implementación, el cual no tenemos y no lo conocemos y es más hasta donde conocemos no está definido. Aquí en Guatemala dicen ya la siguiente semana vienen y llamamos a Estados Unidos y no, tomamos el teléfono y llamamos a Acnur -la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados-, porque sale el ministro de Gobernación y dice ‘ya viene la semana entrante y arranca esto’ y también llamamos a la OIM -Organización Internacional para las Migraciones- y nos dicen también que no.
¿En dónde está el jueguito? Para mi está en un impasse, porque nos anunciaron hace cuatros meses que el acuerdo de tercer país seguro arrancaba con ciudadanos de donde fuera, esa fue la primera información que recibimos, y nos fuimos Washington, recién electos, donde expusimos que no podíamos ser tercer país seguro porque no llenábamos los requisitos y que nos íbamos a meter en un problema legal con una definición que no corresponde, entonces, se habló de un convenio migratorio para exclusivamente hondureños y salvadoreños, temporalmente, mientras en Estados Unidos le dice sí o no a su solicitud de migración. Si le dicen que sí, se irán a Estados Unidos; si les dicen no, se irán de Guatemala a sus países de origen bajo la protección de Acnur y su traslado lo hace la OIM, hasta allí es lo que sabemos.
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Nos enteramos de que para eso es que hay US$40 millones para Acnur y US$30 millones para la OIM, pero si hacemos cuentas, ese dinero se termina rápido. La pregunta que hicimos es ¿en qué lugar vamos a ubicar a la gente, en el Mateo Flores, en Petén, en Escuintla o Huehuetenango dónde?, Y por eso nos fuimos a Estados Unidos, a pedir copia de lo que se ha avanzado en el plan de implementación, y nos dicen ‘ustedes son el gobierno electo, no el gobierno de Guatemala, eso se los tiene que dar el Gobierno de su país’. El 1 de octubre se lo pedimos a Jimmy Morales, en el Palacio Nacional, pedimos que nos incluyeran como oyentes y nos dicen que sí, y después salen diciendo que no, con unas razones por las cuales no vienen al caso. Todo esto hace pensar es en la poca transparencia. Esa es la realidad.
