Artículo 1: Dar por terminado el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aprobado mediante el decreto número 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala.
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Artículo 2: La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que esa organización, en forma inmediata retire al comisionado, al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y proceda con el traslado de las competencias al Ministerio Público.
Artículo 3: En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el Acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos.
Artículo 4: Deberá darse aviso al Congreso de la República de Guatemala sobre la decisión tomada por el Gobierno de Guatemala, para los efectos legales consiguientes.
Artículo 5: Se instruye a la ministra de Relaciones Exteriores, para que dentro del marco diplomático y de legalidad para que verifique el cumplimiento del presente Acuerdo Gubernativo.
Artículo 6: El presente Acuerdo Gubernativo empezará a regir a partir del día de su publicación en el Diario de Centro América.
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En los considerandos, el Gobierno subraya que el Estado guatemalteco es libre, independiente y soberano, y es su deber garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. También evoca que Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democrático e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados, y asimismo, establece las funciones del presidente de la República, entre ellas, la de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales.
El tercer considerando señala que el Gobierno de Guatemala y la ONU firmaron en Nueva York el 12 de diciembre de 2006 el acuerdo de creación de Cicig, en el cual se establecimiento de la Cicig, con la obligación de negociar la solución de las diferencias que surgieran entre las partes, por ello, el Gobierno de la República de Guatemala, desde el 25 de agosto de 2017, promovió ante la Secretaría General de la ONU la negociación respectiva, la cual, a la fecha, esa instancia ha permanecido en silencio y sin interés en buscar soluciones, soslayando así las acciones y propuestas que Guatemala ha realizado, violando gravemente el acuerdo citado.
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Firman el acuerdo el gobernante Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera, y los ministros Enrique Degenhart, de Gobernación; Luis Miguel Ralda, de Defensa; José Luis Benito, de Comunicaciones; Óscar Hugo López, de Educación; Mario Méndez Montenegro, de Agricultura; Acisclo Valladares, de Economía; Carlos Soto; de Salud; Gabriel Aguilera, de Trabajo; Luis Chang, de Energía y Minas; Elder Suchité, de Cultura; Alfonso Alonzo, de Ambiente, y Carlos Velásquez, de Desarrollo Social, así como los viceministros encargados del despacho Carmen Abril Gómez, de Finanzas, y Pablo García, de Relaciones Exteriores.
Viola norma
Jordán Rodas, jefe de la PDH, consideró en un mensaje en Twitter que este acuerdo gubernativo violenta el principio de jerarquía normativa porque un acuerdo gubernativo no puede derogar el decreto 35-2017, que ratifica el acuerdo de creación de Cicig suscrito entre el Ejecutivo y la ONU.
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En un comunicado aparte, Rodas expuso que la decisión presidencial viola el estado de Derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión.
También señala que Morales ya ha desobedecido fallos de la Corte de Constitucionalidad CC), que considera que son acciones flagrantes contra la Constitución, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
La procuraudría observa además que la Convención de Viena, con la cual el Ejecutivo sustenta la anulación del acuerdo, no es aplicable para este caso, por lo que el Ejecutivo está violentando el estado de Derecho.
Ante esos escenarios, Rodas condenó las actuaciones del Ejecutivo y le exige cordura para retrotraer estas acciones ilegales y antidemocráticas. Por último, llama al la comunidad internacional, movimiento indígena y campesino, organizaciones civiles, prensa, empresarios a defender el estado de Derecho, los principios democráticos republicanoss y se recupere el sentido común para rectificar la “desatinada” conducción de la administración pública.
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