Antes de que saliera a luz el caso, Pérez Maura vendió TBC a la empresa ATM Terminals, la cual se vio afectada por los señalamientos de corrupción y no pagó el total de la venta al empresario español, por lo que abogados de su confianza planearon la forma de obtener el pago completo.
Para evitar una extradición a Guatemala, el empresario español habría contratado al comisario José Manuel Villarejo, quién habría hecho uso de sus influencias para ayudarlo.
La misión
Rafael Redondo es el nombre del abogado que habría negociado con autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), un acuerdo que permitiría que APM Terminals rescindiera el contrato firmado entre Guatemala y TCB.
Redondo es conocido como mano derecha de Villarejo, e incluso fue detenido por la policía española junto al comisario en un caso denominado Tándem.
Al concluir este contrato, APM podría firmar uno nuevo, pero a la vez, Pérez Maura podría cobrar el total acordado por la venta de TCB, según el medio español El Confidencial, que ha hecho una serie de publicaciones sobre el empresario español y cómo logró evadir la extradición a Guatemala.
La publicación señala que Redondo “efectuó numerosos viajes a Guatemala” para lograr un acuerdo que permitiera regularizar la concesión del puerto, pues un grupo de expertos contratados por el empresario determinó que “si las autoridades -de Guatemala- legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura (…) ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el cien por ciento del precio pactado en 2015”.
Según la publicación, Redondo “obtuvo lo que buscaba”.
En septiembre del 2016, la PGN y APM Terminals firmaron un memorándum de entendimiento en el que la empresa se comprometía a pagar US$32.7 millones, el monto del soborno, además de otros US$10.5 millones que servirían para financiar proyectos de desarrollo.
El Gobierno, por su parte, rescindiría la concesión otorgada a TBC y daría en usufructo la terminal a APM Terminals.
Anabella Morfín, era jefa de la PGN cuando se firmó el memorándum y confirmó a Prensa Libre que una vez definidos los términos se firmó el documento, pero que este dejaba claro que esos acuerdos no afectarían la persecución penal, es decir, que el caso presentado por el MP y la Cicig continuaba en marcha.
Morfín asegura que nunca se reunión y no conoció a Redondo. “Tuve varias reuniones que tuvieron lugar en presencia, en algunas ocasiones física y en otras por videoconferencia, de la fiscal general, Thelma Aldana”, explicó la exfuncionaria.
La ex PGN indicó que este acuerdo fue una consecuencia de la intervención que solicitó el MP como una medida cautelar y de reuniones con el interventor, Alexander Aizenstatd.
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Términos cambiaron
El exinterventor de TCQ negó a Prensa Libre haber conocido a Redondo o siquiera haber escuchado su nombre.
Aizenstatd indicó que él hizo sugerencias sobre el acuerdo que se debería firmar entre la empresa y el Estado de Guatemala, que incluía un resarcimiento, pero que nunca redactó un contrato al respecto.
El exinterventor dijo que al final, el acuerdo que se firmó tenía algunas modificaciones a sus sugerencias.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, indicó que Redondo no figura en ninguna investigación.
En el Congreso
El memorándum finalizaba con una propuesta de ley para la concesión directa a APM Terminals y cambios de términos del contrato original con TBC, los que se verían reflejados en el nuevo acuerdo.
Morfín explicó que entre estos cambios estaban: la reparación al Estado por el monto defraudado, se modificó una condición que permitía que la empresa retirara las grúas de la portuaria y ahora estas quedarían a favor del Estado y se establecía la instalación de una máquina de rayos equis para determinar que productos ingresaban; además, se establecía que las acciones penales podían continuar.
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Dicha propuesta de Ley debía ser aprobada en el Congreso, pero esta nunca se concretó y no entró a discusión.
Según El Cofidencial, esto ocurrió en Guatemala porque en España ocurrió la captura de Villarejo y Redondo.
“El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente -Jimmy Morales- llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso”, dice el texto de El Confidencial.
Contrató lobistas
La investigación del medio español indica que Villarejo también creó una estrategia jurídica que se enfocó en Estados Unidos, debido a que el jefe de la Cicig, Iván Velasquez, depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York.
En aquella ciudad, Villarejo contrató al abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, “experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez Maura”, señala la publicación.
Los servicios de este abogado estarían enfocados en tratar de desvanecer las denuncias de la Cicig y el MP en contra del empresario español, pero también encontrar la forma de eliminar la concesión.
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Best también ayudaría a mejorar la estrategia de defensa de Juan José Suárez Meseguer, el único español detenido en el caso y quien era delegado de Pérez Maura en Guatemala.
El comisario, según El Confidencial, también recurrió a Manny Delgado, un lobista de Florida que tendría a su cargo las relaciones con los medios de comunicación e instituciones en Estados Unidos y Guatemala.
“Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de €300 millones—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral”, indica el medio español.
Villarejo habría frenado la extradición de Pérez Maura a Guatemala, gracias a sus contactos con Dolores Delgado, actual ministra de Justicia en España y su amistad con Baltazar Garzón, juez con gran influencia en Latinoamérica.
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