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Los representantes afirman que los Estados Unidos ha tendido una “fuerte acción” ante los hechos en Venezuela y Nicaragua, por lo que piden que se haga lo mismo para Guatemala y se aplique las sanciones de la Ley Magnitsky y se suspenda la asistencia al gobierno central del país.
En el texto, los congresistas señalan que, durante los últimos meses, el Gobierno guatemalteco ha tomado varias acciones que “han socavado el estado de derecho en ese país”. Se refieren a la decisión de finalizar el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que consideran “un cuerpo altamente exitoso que combate la corrupción y las redes criminales organizadas”.
La preocupación de Torres y el resto de los firmantes de la misiva es porque dichas acciones arriesgan el trabajo de la “Estrategia de Participación de los Estados Unidos en América Central, una inversión de varios años para mejorar la gobernabilidad, la seguridad y la prosperidad, financiada con un fuerte apoyo bipartidista”.
“Estamos profundamente preocupados de que, en ausencia de una fuerte respuesta de los EE. UU., el patrón de comportamiento antidemocrático del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala descenderá a la anarquía”, escribieron.
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En su comunicación, los congresistas recuerdan el uso, de parte del Gobierno guatemalteco, de los Jeep J8 que fueron donados por EE. UU. y que patrullaron frente a la sede de la embajada de ese país y de la Cicig cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión.
“Después de este descarado intento de intimidar a los Estados Unidos y la comunidad internacional, y aunque nuestro propio equipo se volvió contra nuestros diplomáticos, la única respuesta de la administración -de Donald Trump- fue un tweet del secretario -Mike- Pompeo que decía: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en materia de antinarcóticos y seguridad”, fue parte del reproche.
“La débil respuesta del gobierno -de EE. UU., a esta provocación ha envalentonado al Gobierno -guatemalteco- y sus aliados, quienes enfrentan múltiples investigaciones de corrupción tanto de la Cicig como de los fiscales guatemaltecos”, señalan.
En la carta, también se hace referencia a los sucesos ocurridos desde el anuncio de Morales sobre no renovar a la Cicig y cómo el Gobierno “desobedeció flagrantemente un fallo judicial”, en referencia a la retención que se hizo el 5 de enero al investigador Yilen Osorio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permitiera el trabajo de los integrantes de la Comisión.
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En concreto, las peticiones de los 45 congresistas al presidente de EE. UU. son:
- Condenar públicamente el “descarado desprecio” del gobierno guatemalteco por el estado de Derecho e instar al gobierno a cambiar de rumbo.
- Suspender la asistencia y las transferencias de equipo al gobierno central de Guatemala. La asistencia suspendida debe ser redirigida a programas no gubernamentales que beneficien directamente al pueblo guatemalteco.
- Utilizar la autoridad provista en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y la Corrupción de Magnitsky para responsabilizar a los funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco a través de sanciones de viaje y financieras.
- Apoyar de manera firme y pública a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en todo el país en su ejercicio de los derechos fundamentales.
La carta finaliza pidiendo que EE. UU. “aplique los mismos estándares” en la relación con Guatemala, que ha tomado con Venezuela y Nicaragua, “por el bien del pueblo guatemalteco y los intereses de los Estados Unidos”.
La respuesta del Ejecutivo
Ante la solicitud de los congresistas, el gobierno guatemalteco respondió que “respetamos las opiniones y posiciones políticas de los representantes electos de otros países; sin embargo, es una cuestión de opiniones. Este gobierno ha respetado y protegido la independencia de poderes, el estado de Derecho y las libertades civiles y ciudadanas”.
La respuesta, ofrecida a través del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, señala que “los esfuerzos y logros históricos del gobierno de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, así como un sano balance comercial muestra que Guatemala es un país aliado y buen socio de EE. UU., por lo que esperamos que no se den tales condenas al Estado guatemalteco”.
¿Qué es la Ley Magnitsky?
La Ley Magnitsky es una norma de EE. UU. que tiene carácter global y establece que las personas que sean sancionadas con ella tendrán restricciones en ese país, como el retiro de la visa y la prohibición de ingresar a ese territorio.
Además, la persona sancionada será incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. En esta lista ya figuran personas señaladas como narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.
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Diputado sancionado y otras peticiones
En diciembre del 2017, el entonces diputado Julio Juárez fue sancionado con la Ley Magnitsky. El político fue incluido por su vinculación a violaciones de derechos humanos.
Juárez es señalado de ser el autor intelectual en el crimen cometido en contra de los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar, hecho ocurrido en marzo del 2015 en Suchitepéquez.
El crimen, según la Fiscalía, fue ordenado debido a diferencias entre Juárez, entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y Sapón López.
El ataque armado en contra del comunicador ocurrió en el parque central de Mazatenango y las balas alcanzaron a Salazar, quien también murió.
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Además, en agosto del año pasado los congresistas Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen enviaron una carta a Trump para pedirle que el Departamento de Estado de EE. UU. evaluara incluir en la lista a los guatemaltecos Gustavo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal, así como al mexicano Ángel González.
En los anexos de la carta, se explica que Alejos Cámbara “es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala. En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos”.
Sobre Mendizábal se indica que: “es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo (…) En 2015, el Ministerio Público implico a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como “la Línea”. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea”.
En cuanto al mexicano Ángel González, la carta menciona que “es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Sociedad Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina (…). En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la “Cooptación del Estado”.
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