El 2015 quizá sea uno de los años más productivos en la lucha contra la corrupción en Guatemala, ya que el Ministerio Público y la CICIG también desmantelaron otras redes en las que están implicados colaboradores de Pérez Molina, entre ellos Juan de Dios Rodríguez (exsecretario privado) y Gustavo Martínez (exsecretario general de la Presidencia y pareja sentimental de su hija, Lissteh).
El Organismo Judicial también sufrió una sacudida pública en las que están implicadas las juezas Carol Patricia Flores y Jisele Reynoso, por dudas en cuanto al origen y monto de su patrimonio; o el magistrado Erick Santiago de León y los jueces José Luis Patán y Martha Sierra de Stalling, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
En el Congreso, uno de los afectados es el empresario y expresidente del Parlamento Pedro Muadi, acusado en junio de crear una estructura de plazas fantasmas durante su mandato al frente de la entidad, en 2013, con la complicidad de dos personas de su confianza.
El exdiputado, acusado de los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, está en prisión preventiva.
La arremetida popular en contra de la corrupción, encabezada por grupos sin bandera política y sin violencia, iba en contra del Ejecutivo de Pérez Molina y de los “políticos tradicionales”.
La fiscalía y la comisión desbarataron 21 estructuras del crimen organizado este año y hoy más de 600 personas están ligadas a los procesos tanto en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el sector privado.
“Fue una participación ciudadana como nunca se había visto”, dice Adriana Beltrán, de WOLA, organización de investigación sobre derechos humanos en las Américas con sede en Washington.
“La protesta fue el motor que condujo a las renuncias de Pérez Molina y Baldetti, al pedir la fiscalización y rendición de cuentas de las autoridades y poner fin de la impunidad y la corrupción”.
En el 2016 muchos de estos casos llegaran a juico y la atención del público se centrará en las condenas con la esperanza de que sea un escarmiento para los funcionarios públicos corruptos.
Los guatemaltecos también estarán atentos para ver si el presidente electo, Jimmy Morales, que se sumó a la ola del rechazo contra la corrupción y llegó a la presidencia como un político nuevo, toma buenas decisiones y cumple sus promesas de limpiar el gobierno.