A principios de junio último se registró la muerte masiva de peces en el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, y la discusión en torno al caso se centra en determinar si se debió al mal uso o excesiva aplicación de plaguicidas por parte de productores de palma africana.
El Ministerio Público investiga las causas del daño ambiental que afecta, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a 14 mil 800 personas, quienes padecen por falta de agua y porque no pueden pescar, pues se calcula que se perdieron 40 toneladas métricas de peces.
Vecinos informaron que la empresa Repsa, señalada como posible responsable de la contaminació del río, sigue operando, pese a que un juzgado ordenó que suspendiera actividades mientras se desarrolan las pesquisas.
También se destacó la negativa de la entidad de cumplir compromisos adquiridos con las comunidades, como construcción de centros educativos, reparación de carreteras y generación de fuentes de trabajo.
Sin registro
Apolinario Córdova, delegado del Ministerio de Ambiente, indicó que ninguna empresa de palma africana de Sayaxché está inscrita en la oficina regional de esa dependencia.
Agustín Tebalam, coordinador del Frente Petenero contra las Represas, indicó que hace 20 años se respiraba aire puro en los alrededores del río La Pasión, pero ahora no es posible, debido a los productos químicos que se usan en las plantaciones de palma.
Agregó que en la región operan las empresas Tikiindustria, Naisa, Unipalma, Repsa y Palmas de Ixcán, las cuales utilizan varias hectáreas en Sayaxché, El Chal, San Francisco, San Luis y La Libertad.
En Escuintla
Vecinos de Tiquisate y Nueva Concepción, Escuintla, critican el cultivo de palma africana, debido al desvío de los cauces de los ríos Madre Vieja y Coyolate hacia las plantaciones, lo que, según ellos, afecta a más de 20 mil personas.
De acuerdo con los afectados, las comunidades que se encuentran río abajo resultan perjudicadas porque los pozos se secan y no pueden mantener los cultivos familiares.
Líderes de ambos municipios califican la actividad como un abuso de los palmicultores, pues los dejan sin agua.
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