Hilda Pineda, quien dirige la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) acudió a la Torre de Tribunales acompañada de los querellantes en un caso contra seis expatrulleros civiles.
La solicitud fue presentada en Gestión Penal de la Torre de Tribunales. Los delitos que habría incurrido la juzgadora son prevaricato y denegación de justicia.
“La Fiscalía hizo un requerimiento para que se realicen diligencias de antejuicio en contra de la jueza Martha Claudette Domínguez Guerrero ya que considera que dentro de una resolución que dictó el 21 de junio pasado donde decretó el obreseimiento a favor de tres acusados y la clausura provisional de tres acusados ordenando la inmediata libertad. Puede existir prevaricato y denegación de justicia ya que consideramos que fundamentó su resolución en hechos falsos”, se refirió Pineda.
La fiscal añadió que la jueza “favoreció a los acusados” y perjudicó a las víctimas. “Damos una calificación provisional de prevaricato y denegación de justicia”, señaló.
El caso
Según la Fiscalía, el 21 de junio de este año, la jueza de Mayor Riesgo A vulneró a las mujeres achi’ luego de dejar en libertad a seis patrulleros de autodefensa civil acusados de violencia sexual.
Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados y ordenó su liberación, asimismo, desestimó de manera provisional los cargos contra otros tres acusados dándole hasta el 5 de agosto al MP para presentar más evidencia contra ellos.
Los expatrulleros beneficiados son:
Clausura provisional
- Bernardo Ruiz Aquino
- Bembenuto Ruiz Aquino
- Damián Cuxum Alvarado
Sobreseimiento
- Pedro Sánchez Cortez
- Simeón Enríquez Gómez
- Félix Tum Ramírez
Fiscalía de Derechos Humanos, que dirige Hilda Pineda, interpone en Gestión Penal solicitud de retiro de inmunidad a la jueza de alto impacto, Claudette Domínguez.
Loa hechos se centran a una resolución que benefició exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil. pic.twitter.com/Hn1YJ9YqWt— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 11, 2019
Las querellantes, mujeres achi’, compartieron un comunicado en el que explicaron que la jueza “faltó a la verdad al afirmar que no fue aportado ningún medio de convicción que acreditara que las seis personas eran patrulleros cuando ocurrieron los hechos”.
La investigación cuenta con el testimonio de ocho mujeres que identificaron a los expatrulleros así como el relato de testigos y documentos del caso.
A esta solicitud se le unirán varias organizaciones de Derechos Humanos que están en desacuerdo con las resoluciones de la jueza Domínguez en otros casos como el Creompaz y el caso por genocidio, en el cual está acusado el general retirado Luis Enrique Mendoza García, suegro del diputado y excandidato a la presidencia, Estuardo Galdámez.
