La orden del juez federal Emmet Sullivan debía entrar en vigor este jueves.
Pero la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia suspendió la orden de Sullivan, la cual hubiera requerido que el Gobierno federal procesara a todas las familias migrantes con hijos conforme a las leyes de inmigración, lo que les permite buscar asilo u otras formas de protección humanitaria.
El Gobierno de Biden ha defendido la política del Título 42, argumentando que su aplicación es necesaria para evitar brotes de covid-19 dentro de las instalaciones de detención migratoria.
En su fallo reciente, emitido en respuesta a una demanda de inmigrantes y defensores de los inmigrantes, Sullivan consideró que, teniendo en cuenta, “la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio de la covid-19, durante el trámite en la frontera, no pueda mitigarse de manera significativa”.
La aplicación de esta regulación, muy criticada por grupos de activistas y de defensa de los derechos civiles, es una de las pocas del Gobierno Trump que siguen vigentes ya con Biden en la Casa Blanca.
En los primeros 11 meses del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha efectuado 1.541.651 detenciones de migrantes en la frontera sur, de los cuales 937.628 fueron expulsados bajo el Título 42.
